Revista 11-12, Junio-Diciembre 1992

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Economía internacional
EL LIBRECAMBIO Y LA GESTIÓN ESTATAL DE
LA CRISIS EN LOS ESTADOS UNIDOS
(1ª parte)

Víctor Manuel Figueroa Sepúlveda
Realizó sus estudios de licenciatura en el Instituto
de Sociología de la Universidad de Concepción, Chile;
sus estudios de postgrado los llevó a cabo en
el North East London Polytechnic, en colaboración
con la Universidad de Sussex, Inglaterra;
obtuvo el grado de doctor en filosofía (PhD);
se desempeña actualmente como cordinador de la
maestría en ciencia política de la facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas

Parte I: La dinámica interna

El librecambio aparece, hoy por hoy, como el factor de primer orden en la política del gobierno estadunidense, en lo concerniente a las relaciones de ese país con América latina. El contenido de esta política se ha venido clarificando paulatinamente. A partir de diversos foros se está irradiando luz sobre sus verdaderos alcances. Pero los motivos que han elevado al librecambio al pedestal en que se encuentra, están todavía esperando ser liberados de una cierta oscuridad que les rodea. En el presente trabajo intentaremos clarificarlos.

La hipótesis que buscamos desarrollar sostiene que el librecambio es, al mismo tiempo, un elemento de la gestión estatal de la crisis de la propia economía estadunidense y un arma en las actuales luchas por una posición destacada dentro del sistema de hegemonía compartida que caracteriza las relaciones entre las naciones más desarrolladas en estos momentos. La consistencia de esta proposición sólo puede quedar establecida a partir del análisis de la política estadunidense para el manejo de la crisis y sus resultados prácticos. Por eso el presente trabajo será en gran medida un intento por dilucidar la gestión estatal de la economía durante las dos últimas décadas.

Para el cumplimiento de esta tarea nos apoyaremos en el instrumental teórico del marxismo. Lo producido sobre funcionalidad estatal nos prestará grandes servicios. Con todo, este instrumental es todavía insuficiente, y ha sido necesario un intento por complementarlo. Destacamos en este sentido, el concepto de la "gestión estatal del desarrollo", que se refiere a la actividad del Estado encaminada a estimular el avance de las fuerzas productivas, y que nos será de gran utilidad en las reflexiones que siguen.

a) El desarrollo como gestión estatal

El Estado burgués, como cualquier otro, es una entidad enraizada en determinadas condiciones sociales, las cuales determinan tanto el contenido como el ámbito de su actividad. Precisamente por ello la acción estatal se extiende a las más diversas esferas de la vida en la sociedad. El Estado debe, desde luego, garantizar la reproducción de las relaciones sociales sobre cuya base se organiza la sociedad, pero no puede lograr esto si al mismo tiempo no respalda e impulsa el desarrollo de dichas relaciones. Al hacer lo último, contribuye a la creación de los presupuestos objetivos y subjetivos para la construcción de una sociedad superior, o sea, para su propia negación, pero, como se ha demostrado y se insistirá en este texto, no puede hacer otra cosa.

En nuestro caso, las relaciones sociales de producción cuya reproducción y desarrollo del Estado burgués debe garantizar en primer lugar, son aquellas que el trabajador establece con los medios de producción, o sea, el divorcio entre uno y otros. Esta separación aleja a los productores directos del control sobre los medios de trabajo, depositándolo en un funcionario del capital, el cual deviene de este modo en la personificación del capital. Por mucho tiempo se ha confundido a este funcionario con el capitalista privado, el cual, en realidad, es apenas una modalidad de la figura bifacética del capitalista. Nunca será suficiente insistir en la enorme importancia que la comprensión de esta relación tiene para la lucha de clases, pero ello cae muy fuera de los fines del presente escrito.(1)

El Estado capitalista es una organización que surge de y para la separación entre productor y medios, es la organización de los representantes del capital en clase dominante. Por eso, el desenvolvimiento de la relación básica (a cuya gestación el Estado concurrió de manera crucial, en la forma del absolutismo) ya supone la presencia del Estado.(2) Mantener el divorcio equivale al sostenimiento de todas las relaciones económicas de la sociedad. Pero para ello es preciso que la contradicción social implicada, el conflicto entre clases antagónicas, sea reprimido o neutralizado. Mantener la unidad en la separación es la síntesis contradictoria de la funcionalidad del Estado capitalista. Su acción política más relevante aparecerá siempre referida, al fin de cuentas, a un orden social erigido sobre ciertas relaciones de producción.

La atomización del capital en múltiples unidades con sus correspondientes representantes y la consiguiente estructuración de intereses particulares compitiendo entre sí, ha puesto obstáculos a la mejor comprensión del Estado en su relación con la economía. Más todavía, esta particularización de los intereses del capital ha presentado a la multiplicidad de capitales, a la explotación privada del trabajo asalariado, como la forma esencial del capital. Es decir, ha contribuido a la distorsión del contenido de la relación misma de capital, y ha ofrecido una óptica en la cual el Estado aparece separado de los intereses individuales de los capitalistas. Esto es correcto, y debe ser así, pero sólo en cuanto los intereses particulares de los capitalistas entran en conflicto con los intereses generales de clase que el Estado expresa. Estos últimos son el terreno en el cual se despliegan los intereses individuales, su base de apoyo, y ello es lo que explica su primacía y la consiguiente subordinación de los capitalistas privados a su organización colectiva como clase dominante.

Sea cual sea el caso, y aun cuando predomine la propiedad privada, los capitalistas tienen necesidades económicas comunes que, por lo mismo, deben ser satisfechas por su organización colectiva. Estas necesidades, desde que existen, ya suponen una actividad económica del Estado que es inherente al funcionamiento de la sociedad, así como una férrea dependencia de los capitalistas privados respecto de la misma. Piénsese, por ejemplo, en lo que sería del funcionamiento económico sin una gestión estatal del dinero (tipos de cambio, tasas de interés, reservas, etcétera).

La producción, para operar, requiere que ciertas condiciones generales sean provistas. Se trata de tareas que no son llevadas a cabo por los capitalistas privados en virtud de distintas causas (la magnitud de la inversión, el alto nivel de los riesgos implicados, el carácter de servicio público de los trabajos, la seguridad nacional, etcétera), cuyo peso puede variar según el momento y el lugar. Para crear y recrear estas condiciones el Estado recurre a la formación de un fondo social de valor, principalmente mediante los impuestos.

El objeto de esta funcionalidad estatal es en parte de carácter objetivo (redes de comunicación, obras hidráulicas, puertos, etcétera). La inversión orientada a estas condiciones constituye lo que Theret y Wievorka han llamado "avances de capital constante".(3) En parte se trata de condiciones subjetivas como la calificación y la reproducción de la fuerza de trabajo. Los gastos encaminados a la educación, la salud, la vivienda, etcétera, entran en este rubro, y deben ser considerados como capital variable social. Se trata de valor que no sólo es creado por el obrero, sino que además es parte de sus ingresos (en la forma del llamado "salario social").

Estas esferas de inversión pueden ser, y de hecho son, objeto de explotación privada, pero sólo en tanto generan beneficio particular. Los capitalistas individuales no reparan en las necesidades de sus congéneres, a menos de que éstas sean motivo de ganancia. Pero tratándose de necesidades comunes, los capitalistas velarán porque su satisfacción se acerque lo más posible al precio de costo.

Las necesidades comunes de los capitalistas no se agotan con la reproducción de las condiciones objetivas y subjetivas de producción; por el contrario, se refieren también a su desarrollo. Detrás de esta proposición subyace la noción crucial de que el desarrollo de las fuerzas productivas no es una mera obra privada. Podríamos respaldar esta última proposición diciendo que la competencia entre naciones obliga a una acción estatal en este plano. Pero ello sería tanto como aceptar la idea de que el motor del desarrollo se encuentra en la competencia, una idea contra la cual hemos argumentado con todo detalle en otro lugar.(4) Por lo demás, la colaboración entre las naciones y no la competencia entre las mismas, es lo que está desplegando los efectos más positivos para el desarrollo de las fuerzas productivas en la actualidad.

Las causas que involucran al Estado en el desarrollo de las fuerzas productivas están inscritas en la naturaleza misma de este desarrollo. Así, en efecto, se pone de manifiesto al acercarnos a la ciencia, que es bajo la gran industria el fundamento de ese movimiento que llamamos desarrollo, la más crucial de todas las fuerzas productivas.(5)

Las aplicaciones productivas del conocimiento requieren, desde luego, que éste haya sido primero creado, o sea, exigen un estado determinado en la evolución de la ciencia básica. Dicho de otro modo, el desarrollo material descansa en un cierto desarrollo de la ciencia básica. Ésta, que vino a ser reconocida como un momento crucial del desarrollo sólo a fines del siglo pasado,(6) es un proceso unitario y acumulativo de conocimientos. El avance en una rama condiciona la evolución en las demás. Por eso, el desarrollo de la ciencia es una empresa compleja y global. Debe existir un permanente intercambio entre sus diferentes momentos y esferas, libre de las interferencias que es de imaginarse que existirían en condiciones de la explotación privada de sus distintas ramas y de la consiguiente competencia. El Estado está llamado a garantizar ese flujo. Pero, por otro lado, la investigación básica no se lleva bien con el apetito de ganancia. Como ha sostenido A. King, hay una "imposibilidad de conocer de antemano en dónde se podrá aplicar un descubrimiento científico; y a la inversa, en qué terreno científico, que no sea el directamente pertinente, deberá buscar nuevas posibilidades una industria partidaria de las inovaciones".(7)

Lo anterior ha conducido al reconocimiento de una íntima relación entre la actividad del Estado y el avance del conocimiento. S. Edwards ha formulado esta relación del siguiente modo: "El gobierno tiene un papel importante en la investigación científica y en otros terrenos de las actividades creadoras. Por ejemplo, en los EUA existe una considerable infraestructura de IyD. Los resultados de la investigación básica tienen características de "bien público" (otra falla del mercado), ya que benefician a muchos miembros de la sociedad..."(8)

Los avances científicos pueden ser desagregados en diferentes aplicaciones productivas. Es en este terreno donde la explotación privada del trabajo científico se ha concentrado. Aquí ya se han superado las incertidumbres de la investigación básica, y la ganancia extraordinaria que se proyecta a partir de la investigación tecnológica aparece como una posibilidad mucho más cercana. Pero no se trata de que la industria privada de invenciones o los departamentos de investigación y desarrollo de las empresas, en una palabra, el trabajo general privado se abstenga de toda investigación básica. Tampoco, de que el Estado no penetre en la esfera de la investigación aplicada. Pero sí podemos desde ya establecer esta tendencia: la investigación básica, cualquiera sea la forma de la relación de capital que predomine (estatal o privada) será llevada a cabo con cargo al presupuesto del Estado y se presenta como una tarea crucial del mismo.

La gestión estatal del desarrollo, la cual no ha sido objeto de la atención que merece por parte del análisis marxista (a diferencia de las funciones relativas a la reproducción de las fuerzas productivas que han sido extensamente discutidas), es, pues, inherente al proceso por el cual el progreso toma lugar. Si esto es válido en relación con la ciencia, no lo es menos en relación con otras fuerzas de la producción, p. ej., la fuerza de trabajo. El Estado sólo puede cumplir cabalmente con la tarea de calificar a la gran masa de los trabajadores si lo hace con arreglo a las cambiantes necesidades de los procesos de trabajo. En especial, esta calificación debe mejorar masivamente tras cada nueva revolución tecnológica. Una vez más, las propias industrias privadas jugarán un rol en esta tarea, mediante la práctica que proporciona un nuevo empuje a las habilidades ya adquiridas. Pero la preparación básica, aquella que pone efectivamente a disposición de la industria trabajadores aptos, con conocimientos suficientes para que la práctica pueda sin grandes dificultades modelar sus talentos, tiende a ser proporcionada por el Estado. Por otro lado, si la investigación básica tiende a concentrarse en manos del Estado, es de esperar que la formación de cuadros para el trabajo científico a ella vinculada tenderá a presentarse como obra de las instituciones públicas de educación.

En fin, lo expuesto debiera ser suficiente para dejar establecida la proposición de que el desarrollo económico reclama la acción del Estado y no puede tener lugar sin ella. No significa esto que el Estado no pueda abstenerse de llevar a cabo tal o cual acción de desarrollo, pero en tal caso podemos esperar que éste será irremediablemente dañado. Mucho menos podría sostenerse que basta con que el Estado actúe para garantizar un saludable devenir del capital. La gestión estatal está plena de desaciertos. Estos errores, a su vez, apoyan la tesis de que la acción estatal es inecesaria, pero no la demuestran. Con toda certeza, la sociedad del capital ganará más mientras busque eludirlos mediante la abstención a actuar. En realidad, lo extraño sería que todo acto estatal fuera perfectamente funcional a las necesidades de la producción y del desarrollo.

b) Estado y crisis

Como se sabe, el movimiento del capital procede mediante la alternancia de periodos de prosperidad y de crisis. Estas últimas se desencadenan a raíz de la caída cíclica de la tasa de ganancia (la cual, dicho sea de paso, no debe confundirse con la tendencia de la tasa de ganancia a caer).(10) Esta caída, a su vez, tiene lugar cuando el fortalecimiento del movimiento obrero que acompaña al periodo de prosperidad, provoca los siguientes efectos: a) permite a los trabajadores una mayor capacidad para la defensa y el incremento de los salarios reales; b) hace posible un relajamiento de la intensidad del trabajo, y c) provoca una reducción del ritmo de la inovación tecnológica, en especial mediante la defensa exitosa del pleno empleo. El impacto combinado de estos factores debe traducirse cuando menos en una reducción del crecimiento del plusvalor y en una caída de la tasa de ganancia. En realidad, dicho efecto combinado no es necesario para que se produzca este proceso. Bastaría, p. e., que los salarios reales suban mientras la productividad y la intensidad permanecen constantes para que el plusvalor caiga. O bien, que la intensidad del trabajo disminuya, mientras la productividad y los salarios reales permanecen constantes, etcétera. Lo que importa señalar es que si este impacto combinado, o cualquier otra posibilidad que afecte negativamente a la tasa de ganancia son posibles, ello se debe a la posición ganada por la clase obrera frente al capital en el curso del periodo de crecimiento. Así las cosas, la crisis debe estallar más temprano o más tarde.

La crisis, puesto de otro modo, es el resultado del cuadro de clases que se configuró durante el periodo de expansión. Su superación, por consiguiente, reclama una redefinición de la correlación de las fuerzas sociales existentes. Para el capital, ello significa lanzarse a la desarticulación de la fuerza del movimiento obrero, en la perspectiva de debilitar su capacidad de demanda, reconstruir la disciplina laboral resquebrajada, liberarse de los obstáculos a la inovación tecnológica, y de ese modo contribuir a la recuperación de la tasa de ganancia.

Este proceso, en gran medida, podría tomar lugar si se abre espacio a un juego más libre de las "fuerzas del mercado". Hasta cierto punto, la propia crisis desencadena los elementos que conducen a su superación. En efecto, con la caída de la tasa de ganancia se produce una disminución de la inversión y las quiebras de empresas crecen. Por tanto, el desempleo crece. La demanda de bienes salarios cae, lo cual induce a una reducción en la producción de estos bienes. De aquí se sigue un doble resultado: el desempleo en esta rama crece y su demanda de bienes del departamento I baja, afectando la producción y el empleo en esta última. Etcétera. La expansión del ejército de reserva y la consiguiente agudización de la competencia entre los trabajadores tienen también un impacto inmediato doble: facilita la reducción de los salarios reales y el esforzamiento de la disciplina laboral que lleva a una intensificación del trabajo. El plusvalor, por lo tanto, crece, iniciándose así la recuperación de la tasa de ganancia. La consiguiente reactivación de las inversiones debieran reforzar este proceso.

Esta recuperación, sin embargo, tiene límites, los cuales emanan del viejo modo técnico de producir y que se reflejan en los obstáculos a la elevación de la productividad del trabajo y de los niveles de explotación. Por lo mismo, la inversión sobre los mismos medios de producción resulta poco atractiva. De ahí que la crisis habrá de reforzar la tendencia a la inovación generalizada del modelo técnico. El proceso de cambio no tardará en iniciarse en algún punto del sistema, y en algún país dentro del mismo. Los demás deberán sumarse a este proceso o de otro modo la competencia se encargará de penalizar la incapacidad para concurrir a este llamado de la acumulación. El Estado deberá acudir en primer lugar al cumplimiento de su propia responsabilidad en este plano. Este es un aspecto de la respuesta estatal a la crisis, uno donde el Estado realiza su más consistente y positiva contribución al crecimiento del capital.

Pero ello no agota la acción necesaria del Estado, ni mucho menos. Se podrá apreciar que al final del proceso delineado más arriba ya se habrá modificado la correlación de clases. Pero su punto de partida y aun su desenvolvimiento difícilmente habrán de desplegar la espontaneidad que está implicada en la exposición anterior. El movimiento obrero y los capitalistas se resisten a las quiebras. La fuerza de aquél puede llegar a ser un motivo para serias perturbaciones sociales frente a la expansión del desempleo o la caída de los salarios. Tiende a prolongar la negociación entre clases, cuando lo que en realidad se requiere es la ruptura de todo pacto social orientado a compatibilizar intereses. Se requiere, por consiguiente, una nueva gestión estatal. El contenido fundamental de la misma, en esta fase de la crisis, está definido por dos grandes tareas íntimamente ligadas: a) la aceleración del proceso de destrucción de capitales, y b) la desarticulación de la fuerza del movimiento obrero. En este empeño, la ideología del liberalismo económico estaba destinada a prestar grandes servicios al Estado. La primera tarea, en efecto, requiere, en lo fundamental, el retiro de todo apoyo estatal al funcionamiento de las empresas ineficientes y la apertura comercial que conduzca a su renovación mediante la competencia; la segunda, por su parte, exige reducir al mínimo los derechos sindicales, ya sea que tuvieran respaldo en la ley o en la costumbre, así como una política que apunte a la reducción de los salarios, no sólo a través de una disminución de los gastos destinados a la reproducción de la fuerza de trabajo, sino también apoyando los esfuerzos de las empresas en ese sentido. El objetivo fundamental de este proceso será -insistamos en ello- trasferir ingresos del trabajo hacia el capital, en la perspectiva de respaldar la tasa de ganancia, y ello implica reducir tanto los salarios como los recursos y la actividad del Estado.

Esta última gestión se refiere así a la dimensión destructiva de la crisis. De otra parte, como hemos ya sugerido, la crisis incluye un momento constructivo, al cual ella misma contribuye y con el cual anuncia su propia superación. Pero también hemos visto que la acción espontánea de la economía en condiciones de crisis es insuficiente para garantizar la realización de esta dimensión constructiva. La recuperación económica reclama una acción de parte del Estado relativa en lo fundamental a su gestión de desarrollo de las fuerzas productivas. Y aquí, el liberalismo económico, que había sido de gran utilidad para la obra de destrucción, es incompatible con la práctica estatal que se requiere. La revolución tecnológica implica poner al día condiciones objetivas y subjetivas del trabajo general, y, por tanto, una actividad muy dinámica por parte del Estado en ese sentido. Se trata de dar un nuevo impulso tanto al trabajo científico estatal como al privado y ello ya significa ejercer la más profunda de las "intervenciones económicas". Por eso, el liberalismo económico que rechaza esta acción estatal no puede sino conducir a la prolongación del estancamiento y a la reconstitución de las condiciones de crisis. Veremos más adelante que esto es válido para distintas esferas del proceso económico.

En suma, la crisis condiciona por entero la funcionalidad estatal. No elimina la necesidad de la misma, y, demanda, por el contrario, una táctica flexible, donde se combina la retirada en un campo con el avance en otro, los ataques contra ciertos puntos con la defensa de otros, etcétera. Una práctica unilateral no parece responder adecuadamente a las necesidades de la crisis de la economía burguesa. Son estas las cuestiones que abordaremos a continuación a la luz de la manera como la gestión estatal estadunidense ha abordado la crisis en ese país y del proceso que ha desencadenado.

c) La gestión estatal de la fuerza de trabajo

La tasa de ganancia de las sociedades no financieras en EUA había caído a un 8.3%, durante el periodo 1961-1965, a un 7.7% durante 1966-1970. En 1970 llegó a un nivel de 5.3%, el más bajo de muchos años, confirmando la tendencia a la caída.(11) Tras ello, se desataría la crisis. Y si hemos de introducir mayor precisión diríamos que ello ocurrió en 1967. Pero el fin de la prosperidad de posguerra, lejos de afectar sólo a los EUA, se extendería por todos los países desarrollados y, con ello, por todo el planeta. En los países capitalistas más importantes, el ritmo de crecimiento se desaceleró en forma drástica, como lo informan los siguientes datos:

El ritmo de crecimiento no sólo disminuyó; con excepción de Japón, la evolución del PIB ha procedido de manera sumamente inestable. Así lo ponen de manifiesto las tasas anuales.

EUA presenta las mayores oscilaciones. Aunque Alemania Federal no lo hace nada mal en este plano, su mediocre evolución fue suficiente para consolidar su hegemonía en Europa.

El proceso que habría de culminar con la disolución del "viejo trato" y el desmantelamiento del "Estado de bienestar" no se hizo esperar. El conflicto, al menos en un primer periodo, debía pasar a ocupar el lugar de la colaboración. Y el único resultado aceptable para la sociedad burguesa debía ser la derrota del movimiento obrero. Según I. Wallerstein, "1968-1974 señala el resurgimiento del lenguaje de ala derecha y de ala izquierda en la vida de Estados Unidos. En las universidades, en las fundaciones, en la prensa, volvieron a oírse voces de izquierda y de derecha y, por primera vez en 25 años, fueron consideradas en cierto sentido legítimas o plausibles, aunque no dejaran de ser las de una minoría. Esto representaba un gran peligro para la simple reproducción del sistema, tal y como había estado funcionando. Y para impedir que la situación siguiera deteriorándose las élites políticas norteamericanas acabaron por unirse y quitar a Nixon de su puesto".(12) Así se reflejaba en el plano de la lucha ideológica y política la confrontación de clases que se desencadenó con la crisis.

La grave recesión de 1974-1975 vendría a jugar un importante rol antiobrero. En particular, puso en evidencia que la economía sufría serias dificultades y respaldó el discurso orientado a justificar los "sacrificios", la "austeridad" y la expansión de un cierto antisindicalismo entre las más diversas capas sociales. Al mismo tiempo, la organización obrera parecía carecer completamente de iniciativa. La ausencia de un programa para enfrentar la crisis, su compromiso con la crítica de todo izquierdismo, su resistencia a despojarse de la disposición a la negociación forjada durante décadas, etcétera; todo ello fue empujándolo a una actitud puramente defensiva. D. Moberg, quien goza de mucho mayor autoridad que nosotros sobre estos temas, en un texto que citaremos en toda su amplitud por la sensibilidad que muestra, resume la situación a que fue empujado el movimiento obrero estadunidense, en los siguientes términos: "La clase obrera ha estado a la defensiva durante la mayor parte de los años setenta. Actualmente, a principios de los ochenta, es apenas capaz de mantener siquiera una defensa aceptable. Los patrones en casi todos los sectores están exigiendo que los sindicatos acepten menos paga, menos protección del costo-de-la-vida, reducción de los beneficios y una drástica revisión del limitado control sobre las condiciones del trabajo por los trabajadores (...). Las amenazas de cierre de plantas y adquisición de productos acabados o partes del extranjero se han vuelto lugar común. La política oficial refuerza ahora más que nunca el poder privado de las corporaciones contra sus obreros. De este modo, el tradicional contrato colectivo no puede lograrse para los sindicatos sin una respuesta política más efectiva".(13)

Las relaciones entre el movimiento sindical y el Partido Demócrata entraron en dificultades a partir de la política antiobrera del Estado. La derrota de Carter se debe en parte a ello. Pero la llegada de Reagan no haría otra cosa que empeorar aun más la situación del sindicalismo. La drástica derrota sufrida por la organización de los ordenadores aéreos vendría a despejar cualquier duda que pudiera haber existido en relación con la actitud del nuevo gobierno hacia los trabajadores. Desde entonces, la organización laboral no ha hecho más que deteriorarse. En 1970 los trabajadores sindicalizados constituían el 26% de la población económicamente activa; para 1990 ese porcentaje había caído al 16%.(14)

Se calcula que los cierres de empresas provocaron la pérdida de 2.5 millones de empleos anuales durante los setenta.(15) La inversión no logró compensar esta pérdida y el desempleo empezó a crecer. En diciembre de 1982 llegó a alcanzar la tasa de 10.7% para luego descender a niveles que fluctuaron alrededor del 6%. En 1990 se inició una nueva recesión prolongada y, como era de esperar, el ejército de reserva se amplió. En marzo de 1991 alcanzó a un total de 8.5 millones de trabajadores, esto es, el 6.8%. Hacia julio, la tasa de desempleo se había elevado al 7%. En suma, el movimiento obrero aparecía subjetiva y objetivamente debilitado.

La nueva situación debía reflejarse en el nivel de los salarios. Ello puede apreciarse aun en el caso del salario manufacturero, esto es, del sector donde el trabajo presenta los mejores niveles de organización:

La tendencia a la caída del salario real se afianzó durante los últimos años de la década. El inicio de los noventa no presenta cambios en este sentido. Hacia agosto de 1991, mientras los precios al consumidor habían crecido a una tasa anual de 3.8%, los salarios habían crecido sólo 3.3%.(16) De no haber mediado la disponibilidad de una amplia gama de productos extranjeros, abaratados por un dólar fuerte, la reducción del salario real probablemente hubiera sido mayor. Si a lo anterior agregamos el restablecimiento de la disciplina laboral, que debía resultar de la extensión del desempleo y el debilitamiento de la organización obrera; por tanto, a mayor intensidad del trabajo que es de esperarse en estas condiciones, podemos razonablemente dar por sentado que el valor de la fuerza de trabajo ha caído de manera significativa.

También el capital variable social, esto es, aquella masa de recursos destinados a la reproducción de la fuerza de trabajo ha disminuido. En lo que se refiere al gasto en seguridad social, P. G. Peterson ha demostrado que la reducción ha estado encaminada a afectar precisamente a los más pobres.(17) El empequeñecimiento del gasto no es menos importante en educación, y según el Banco Mundial, dicha inversión en los países industriales, tomados como conjunto, cayó de un 6% del PIB en 1975 a un 5.5% en 1985.(18) No tenemos a mano datos desagregados que nos permitan evaluar la responsabilidad de cada país en esta reducción, pero sabemos que en EUA la ayuda a las escuelas se redujo en un 14%, entre 1979 y 1986. Más adelante veremos que esta reducción del salario real no sólo ha afectado a la reproducción de la fuerza de trabajo sino también a su desarrollo.

Como era de esperarse, la distribución del ingreso se modificó en favor de los sectores sociales más poderosos. El 1% más rico de la población controlaba en 1976 el 19.2% de la riqueza nacional; en 1987, llegaba a controlar el 34.3%. En el otro extremo, en 1981 el número de trabajadores que ganaba un salario mínimo de 3.35 dls. por hora sumaban 5.1 millones; para 1987 habían aumentado a 7.8 millones.(19) En resumen, tanto el Estado como la economía, reforzándose mutuamente, lograron, pues, llevar a cabo la obra que les correspondía en el contexto de la crisis. Pero esto es válido sólo en relación con la dimensión destructiva de su función durante la crisis. Queda todavía por ver si respecto del momento constructivo de la misma el Estado y el movimiento económico espontáneo han dado cuenta de la misma eficiencia.

El liberalismo económico vino a conquistar completamente su dominio de la política estadunidense en la década de los ochenta. Para entonces, en lo fundamental, el movimiento obrero estaba ya derrotado y la política de Reagan no buscaría otra cosa que profundizar esa derrota y consolidarla. El objetivo de despojar a la compra-venta de la fuerza de trabajo de toda interferencia proveniente de factores ajenos al mercado, como los sindicatos, era, a su vez, apenas un medio para lograr la caída de los salarios, y acelerar la trasferencia de recursos hacia los capitalistas. Reagan y Bush han reforzado estas tendencias. Al mismo tiempo, el liberalismo monetarista de la política oficial en ese país, no ha adherido a postulado alguno que pudiera llevar a una "libre competencia entre capitales". Por el contrario, aceptan la presencia de los monopolios como ligada a la libertad y al desarrollo de los individuos. De ahí que R. Villarreal lo haya calificado como "monetarismo bastardo", ya que rechaza la tesis friedmaniana de que los monopolios resultan de la acción del Estado.(20) Este calificativo, sin embargo, no parece muy certero. Friedman podrá ser más coherente, pero los teóricos del monetarismo de Reagan-Bush caminan más con la vida, puesto que los monopolios forman parte esencial de la estructura económica capitalista en la actualidad. Las incongruencias del monetarismo puesto en práctica, no hacen otra cosa que poner en evidencia la poco discreta naturaleza de clase de esa teoría. De su contenido en la práctica surge una sola divisa: cerrar paso a los obreros para abrir un amplio cauce a los monopolios.

d) La gestión estatal del dinero

La inflación es el resultado de la disponibilidad de una masa excesiva de dinero. Por tanto, para contener aquélla es necesario controlar esta última. Reducir la inflación requiere restringir la oferta monetaria. Este credo estatal, junto con la desregulación financiera, culminaron en un significativo incremento de la tasa de interés. La tasa real, que había sido negativa en 1980 (-0.12), subió al 5.51 al año siguiente, luego, entre 1982 y 1984, se mantuvo alrededor de 5.70. En 1985, en que tuvo lugar una revisión de la estrategia en vigencia, se redujo a 4.34 y, en adelante, osciló del siguiente modo: 1986, 4.82; 1987, 2.85; 1988, 3.47; 1989, 4.21 y 1990, 2.49.(21)

Una fuente de gasto ocioso es la excesiva actividad estatal. Ahí encuentran su origen presiones inflacionarias muy fuertes. Más aún, con arreglo a los postulados monetaristas, el exceso de actividad estatal se presenta como una de las causas del estancamiento económico general. De ahí se deriva la necesidad de restringir su actividad, así como de proceder al empequeñecimiento de sus ingresos. La legislación fiscal de 1981 redujo la carga tributaria en 23%.

El aligeramiento de la carga tributaria debía elevar, además del rédito, las "ganancias después de los impuestos", y, en esa medida, estimular la inversión. A su vez, el aumento de las tasas de interés debía tener el efecto exactamente inverso: desalentar la orientación de los recursos hacia la producción. En la práctica, se impuso la fuerza de esta última tendencia, y los nuevos recursos en manos de los ciudadanos se endilgaron por derroteros distintos de los previstos, a saber, el consumo y la especulación financiera, principalmente.

Sobre la base de este nuevo consumo, se lograron avances en la producción, cuya importancia fue nada despreciable durante los primeros años. En 1983, el PIB creció 3.5%, para saltar a un notable 6.5% al año siguiente. Es de hacerse notar que estos éxitos se hayan logrado por medio de mecanismos más propios del keynesianismo que de la teoría de Say en la que Reagan fundamentaba su ofertismo. Pero el júbilo hubo de moderarse pronto, al tiempo que el crecimiento perdía fuerza. Durante el resto de la década la economía creció a tasas que fluctuaban alrededor del 2.7%. La presente década fue recibida con recesión. Hacia agosto de 1991, el PIB había mostrado una tasa negativa de -0.8 anual.

Para reducir el déficit presupuestario era, desde luego, necesario que la caída en el gasto público fuera mayor que la reducción de los ingresos estatales. En este plano, la política monetarista ni siquiera pudo mostrar un logro parcial. Diversos factores intervinieron en ello: a) La recesión de 1982, donde el PIB mostró un retroceso de -2.5, obligó a moderar las restricciones fiscales en la perspectiva de impedir la prolongación de ese estado de deterioro económico; b) las restricciones al gasto social han mostrado mucho más resistencias de las esperadas, y c) el gasto en defensa se disparó durante este periodo. Precisamente, a este último se atribuye la mayor parte del déficit (56%).(22) El déficit creció de 73,806 millones de dólares en 1980 a 212,266 en 1985.

Este desarrollo y la evolución de la inflación llaman la atención. El índice de precios al consumidor cayó de 13.5% en 1980 a 4.7% durante el periodo 1981-1987. De este modo el propio liberalismo monetarista echaba por tierra el postulado, tan recurrido en su discurso de unarelación necesaria entre el déficit presupuestario y la inflación.

Bajo el estímulo de las altas tasas de interés el dólar aumentó su valor en relación con las demás divisas clave. Según José Rangel, "así, de enero de 1980 a marzo de 1985 esta moneda ganó alrededor de 96% en relación con el marco alemán, 155% con el franco francés, 10% frente al yen japonés y 110% comparado con la libra esterlina".(23) Esta modificación en el tipo de cambio debía traer consigo cambios en las relaciones comerciales con el resto del mundo, y los trajo. Los productos estadunidenses, por un lado, se encarecieron y, como resultado, era natural que los demás países buscaran mercados alternativos para enfrentar esta situación. Al mismo tiempo, los productos extranjeros se abarataban internamente y las preferencias locales fueron empujadas en beneficio de los mismos. En otras palabras, la competitividad de los productos estadunidenses era drásticamente afectada. La balanza comercial no tardó en reflejar esta situación, como puede apreciarse en el siguiente cuadro (las cifras están apuntadas en miles de millones de dólares):

La pérdida de posiciones de la economía estadunidense en el mercado mundial afectó a las más diversas ramas productivas. Según 0. Cacho Ortiz, entre 1980 y 1986, la participación de ese país en las exportaciones de automóviles cayó de 12.7% a 11.9%; en telecomunicaciones, de 12.2% a 11.1%; en petroquímicos, de 16.6% a 14.8%; en plásticos, de 15.0% a 13.3%; en computadoras, de 47.1% a 30.9% y en semiconductores, de 22.5% a 18.3%.(24)

Correlativamente con los desequilibrios comerciales, la deuda externa se expandió. Creció de 129.7 miles de millones de dólares en 1980 a 393.4 miles de millones en 1989. Durante el mismo periodo, la deuda pública saltó de 908.5 miles de millones de dólares a 2,866.2 miles de millones.(25) Naturalmente, junto con el deterioro global de la economía estadunidense era de esperar que se profundizara su dependencia financiera, como efectivamente ha ocurrido.

En apariencia, la solución a los problemas desatados por la revaluación del dólar consistía simplemente en la devaluación del mismo. Además, la propia experiencia histórica de ese país indicaba que las devaluaciones normalmente actuaban como mecanismos eficaces contra el déficit. Así, con este objeto, EUA buscó negociar con Gran Bretaña, Japón, RFA y Francia, es decir, dentro del llamado Grupo de los Cinco (G-5), una reducción del tipo de cambio de su moneda. El resultado fue que el dólar reduciría su valor en alrededor del 35%, frente a las monedas de esos países. Y ¿tuvo el comercio con esos países la evolución que se esperaba a partir del nuevo tipo de cambio? La siguiente información puede servir de base para una respuesta (miles de dólares):

En cada caso, el déficit comercial estadunidense con el resto del G-5 creció en 1986 con respecto a 1984. En 1988, la magnitud del déficit se redujo, pero tanto en relación con los países particularmente considerados, exceptuando a Gran Bretaña, como respecto del conjunto, el saldo negativo fue mayor que en 1984. Las mismas oscilaciones son perceptibles en el comercio global de EUA. Todo lo cual indica que la devaluación no tuvo ningún impacto significativo en lo inmediato y que su efecto para el plazo mediato se redujo apenas a una moderación del ritmo de crecimiento del déficit.

¿No conduce todo esto a cuestionar la noción de que los movimientosen el tipo de cambio tienen impacto sobre el comercio internacional? El solo planteamiento de una pregunta semejante implica orientar la reflexión por senderos que nada fértil prometen. La relación entre ambos factores (el tipo de cambio y el comercio internacional) ha sido demostrada hasta el cansancio por la experiencia y no demanda mayor elaboración. Tampoco parece haber lugar para dudas de que la revaluación del dólar que tomó lugar a principios de los ochenta aparece como la causa principal del desencadenamiento de los desequilibrios comerciales en ese país. Subrayamos esta expresión, porque la evolución posterior a 1985, es decir, después de la reducción del tipo de cambio, en realidad sugiere que los desequilibrios fueron consolidados por factores distintos del tipo de cambio.

e) La gestión estatal de desarrollo
de las fuerzas productivas

Esta última proposición se hace evidente en tanto observamos la evolución de la productividad estadunidense. Los cálculos realizados por A. Maddison muestran el siguiente movimiento de esta variable clave dentro del G-5 (el primer periodo [1950-1973] ya incluye algunos años que en realidad corresponden a la fase de la crisis, pero la distorsión que ello pudiera haber provocado no puede haber sido importante, toda vez que deja fuera la grave recesión de 1974-1975 y los años de estancamiento incorporados son pocos):

Con la crisis, el crecimiento de la productividad perdió fuerza en todos los países avanzados, y el G-5 no podía ser la excepción. En términos relativos, la caída fue más drástica en EUA que en el resto de los países de este grupo. Es decir, la diferencia que ya existía en el ritmo de crecimiento se acrecentó durante el periodo 1973-1984.

Los últimos años de la década no parecen haber hecho otra cosa que confirmar esta tendencia. Según la evaluación de J. Rangel, "en los ochenta, Estados Unidos tuvo el menor crecimiento de la productividad del Grupo de los Siete, con un promedio de 1% al año, tasa 50% menor que la que obtuvieron sus competidores".(26) El autor se refiere aquí a la productividad manufacturera y de servicios, que son las esferas donde se están procesando las mayores trasformaciones tecnológicas. Es conveniente señalar que en cuanto a productividad agrícola, durante 1973-1980, la tasa anual de crecimiento estadunidense (2.5%) fue superior que la japonesa (2.1%), aunque menor que en el resto de los países, y que es en los otros sectores donde el rezago de EUA es más grave.

En suma, el comportamiento estadunidense en cuanto a productividad ha sido menos dinámico que en el resto de los países. Por ello, la economía de ese país estaba condenada a perder competitividad frente a las demás. Y es precisamente éste el factor que viene a consolidar la posición desventajosa de EUA frente a los demás países de mayor desarrollo, en lo relativo a las relaciones comerciales.

La política monetarista parece haber descansado en el supuesto de que la revaluación del dólar, y la pérdida de competitividad involucrada en esa medida, debía empujar a los capitales a la inovación tecnológica, a fin de responder con incrementos en la productividad a la necesidad de producir con precios más bajos para mantenerse en la competencia. Esta noción es, a lo menos, coherente con el postulado de un estado reducido, lo más alejado posible de los procesos económicos. Pero, según han demostrado los hechos, es igualmente falsa. Hemos sostenido, por nuestra parte, que el desarrollo no puede prescindir de una cierta gestión estatal que lo haga posible y que los capitalistas privados, después de la segunda revolución tecnológica, no pueden por sí mismos, al menos más allá de cierto punto, generar el progreso que caracteriza a la expansión del capital. En este contexto, la explicación del caso de EUA puede formularse diciendo que el Estado ha privilegiado los estímulos indirectos al desarrollo, como la revaluación del dólar, cuya ineficacia se ha puesto de manifiesto, mientras ha reducido su acción directa en beneficio del progreso. Dicho de otra manera, el Estado ha retrocedido en su gestión estatal del desarrollo.

A primera vista, esta hipótesis no aparece confirmada por hechos sobre los cuales los apologistas de la política aplicada en EUA no se cansan de llamar la atención. El Estado en ese país, dicen, destina una enorme masa de recursos, más que ningún otro, a la investigación y desarrollo. Y, en este punto, habrá que concederles la razón. Así lo dicta la información que presentamos en el siguiente cuadro:

Así, el gasto en investigación y desarrollo ciertamente no ha caído, pero ello no debe ocultar el hecho de que, en términos relativos, el Estado ya no sigue aportando lo mismo que antes. En efecto, en 1977 estos recursos se distribuían por su origen del siguiente modo: público: 50.6%; privado, 46.8 y diversos 3.6. En 1988, el panorama era ya el siguiente: público, 48.0%; privado, 47. 9 %; y diversos, 4.1%. La contribución del Estado, pues, se redujo, al tiempo que se revaloriza el rol de los capitales privados en cuanto a su contribución a la investigación.

Pero la nueva distribución en cuanto a su origen no es tan importante como la distribución con arreglo a su nuevo destino que las políticas del liberalismo monetarista han propiciado. En este terreno, los cambios que siguieron al arribo de Reagan a la presidencia no podía sino afectar de manera contundente al trabajo general orientado al desarrollo económico. Su significado queda expuesto en el cuadro de abajo.

El cuadro sugiere varias proposiciones, algunas de las cuales merecen ser destacadas. Primero: el gasto en investigación agrícola aumentó con la llegada de Reagan al gobierno. A ello debe vincularse el hecho de que sea en esta rama donde la economía estadunidense mostró los mejores niveles de productividad. Segundo: los recursos destinados a desarrollo industrial cayeron, en términos relativos, en 1982 a poco más de 1/4 respecto de 1976. La caída en la magnitud absoluta de estos gastos fue igualmente contundente, en 1982 se invirtió menos de la mitad de los dólares destinados en 1976 a investigación industrial. No debe sorprender entonces el anémico comportamiento de la productividad en EUA en esta área. Tercero: también los servicios perdieron posiciones. Lo cual no puede dejar de llamar la atención, dado que se trata de una de las ramas donde el impacto de la actual revolución tecnológica ha sido mayor. Cuarto: lo que ha sido restado al desarrollo económico directo, ha sido sumado a los gastos orientados al desarrollo militar.

La magnitud del gasto dedicado a investigación y desarrollo y la participación del Estado en el mismo, satisface muy poco la expectativa de un "gobierno limitado" (al decir de Milton Friedman). Globalmente, la inversión continuó aferrada a su proporción histórica dentro del PIB, y la reiterada del Estado no fue tan significativa como era de esperarse. Su orientación hacia el desarrollo militar, en cambio, es completamente congruente con los postulados del liberalismo económico, desde Smith. Esta doctrina nunca ha negado ser un firme soporte de los gastos destinados a la defensa externa e interna. Es de hacer notar que hay aquí contenida una implicancia interesante: el liberalismo tenderá a apreciar la lucha por la hegemonía a nivel internacional más como un asunto de fuerza que como una lucha económica. Los sucesos en torno a la Guerra del Golfo podrían, tal vez, proporcionar una gran cantidad de argumentos en este sentido.

Pero la lucha por la hegemonía la están ganando otros, y el liberalismo monetarista no puede eludir su responsabilidad por ello. El resultado práctico es expresión directa de sus incongruencias teóricas y políticas. Por un lado, impulsa una gestión del dinero que demanda la más dinámica actividad estatal destinada a apoyar el desarrollo de las fuerzas productivas; por otra, no puede involucrarse en una actividad semejante porque postula un gobierno mínimo. Desde que las luchas actuales en el mercado mundial son principalmente de carácter económico, los EUA estaban, así, irremediablemente condenados a perder posiciones. A menos, desde luego, que sus principales competidores hubieran adoptado una actitud similar en relación con las tareas estatales vinculadas al desarrollo de las fuerzas productivas. Los distintos desarrollos de la productividad sugieren que no fue así. En realidad, en este terreno, el comportamiento de los grandes países capitalistas de Asia y Europa guarda poca relación con el que siguiera la potencia norteamericana. 

La información de la tabla de abajo, relativa al gasto en investigación y desarrollo lo confirma. (Los objetivos del gasto aparecerán aquí indicados con un número romano, siguiendo la correspondencia establecida en el cuadro anterior).

En general, todos los países están dedicando una mayor proporción de su gasto en IyD al impulso del desarrollo de las diferentes áreas de la economía que la invertida por los EUA. Su mayor eficiencia competitiva encuentra aquí, pues, una explicación fundamental. 
Algunas proposiciones de esta misma naturaleza podrían formularse en relación con ciertos desarrollos al interior de este grupo de cuatro países. Por ejemplo, aquellos con la evolución económica menos anémica, Alemania Federal y Japón, son al mismo tiempo los que más aparecen invirtiendo en desarrollo industrial. Pero hay en particular una relación sobre la cual nos interesa llamar la atención. Los países que mayor fuerza han desplegado en la lucha por la hegemonía económica mundial, esto es, Alemania Federal y Japón, son al mismo tiempo los que realizan el menor gasto en defensa.

Lo anterior no quiere decir que ya no existe una relación entre desarrollo militar y económico. Si sugiere que esa relación no es tan fuerte como se llegó a pensar y que, en cualquier caso se trataría de una que debe ser trabajada o sea, que no opera de manera espontánea. 
La experiencia de Japón pareciera reafirmar la idea de que un gran desarrollo económico no requiere de un avance militar fenomenal. Como quiera que sea, es evidente que en el caso de EUA una y otra cosa se han separado. Mientras el progreso en defensa es espectacular, la evolución económica es mediocre. No estamos describiendo aquí una situación que entendamos como definitiva; bien pudiera tratarse de un fenómeno puramente temporal en el desarrollo del capital estadunidense. Pero no por ello sus implicancias son menos importantes: de entre las dos armas más poderosas que las grandes potencias han usado históricamente para poner el mundo a sus pies, EUA aparece aferrándose desesperadamente a una ellas, la fuerza, mientras la otra, el desarrollo económico se le está escapando de las manos. Si el déficit en eficacia productiva será compensado o no con exacerbación del recurso al poder militar está aún por verse. Los EUA no se han derrumbado todavía al punto en que una evolución semejante constituya una posibilidad seria. Pero tampoco es una posibilidad descartable si se tiene en cuenta que, hoy por hoy, dicho derrumbe continúa en proceso.

Japón es el competidor de EUA que está presentando los avances más contundentes. El comportamiento del Estado en ese país es diferente, lo cual ha dotado al desarrollo económico, a lo menos, de dos características ausentes en el proceso estadunidense: a) una fuerte integración entre empresa y gobierno, y b) la planeación de los desarrollos futuros. Los sustanciales gastos en agricultura y energía informan de la preocupación de ese país respecto a déficits cruciales de su propia economía. Y los resultados no se están haciendo esperar. Japón está avanzando seriamente en el control de la producción de bienes que no posee, como el petróleo.(27) Al mismo tiempo, está dispuesto a mantener las posiciones ganadas en el mercado mundial. Su actual estrategia consiste no sólo en la creación de nuevos bienes y procesos sino también en la producción de sus remplazos.(28) Puede verse, pues, que la acción económica del Estado en ese país ha estado presidida por una clara visión de los intereses generales de la burguesía, así como por la determinación de asumirlos como tales. Desde luego, el gobierno japonés ha cometido errores. «Fortune» ha mostrado que está pendiente de ellos.(29) Pero no puede ser de otra manera cuando se trata de dar un impulso al desarrollo, esto es, incursionar en lo nuevo.

La política del liberalismo monetarista no ha afectado sólo al progreso de las fuerzas materiales, sino también a su reproducción. Los recursos destinados para capital constante social han mermado y, en consecuencia, esta condición general de la producción ha sido afectada, lo cual ha ocurrido de manera no poco significativa. P. G. Peterson ha hecho notar que "la inversión real neta en caminos, puentes, trasportes colectivos y otras obras públicas se han desplomado en un 75% durante las últimas décadas; gran parte de la infraestructura se está desgastando mucho más rápidamente de lo que es sustituida". Y concluye describiendo una situación que era de esperarse en el contexto de la actitud hacia el desarrollo que hemos descrito. "No tenemos una nueva generación de tecnología de infraestructura, desde trenes de alta velocidad hasta túneles subacuáticos porque hemos decidido no pagar por ella".(30)

La deficiente gestión estatal del desarrollo de las fuerzas productivas en Estados Unidos se ha hecho notar también en otras esferas. Es el caso de la producción de fuerza de trabajo. Ya hemos destacado el hecho de que el gobierno estadunidense ha reducido la ayuda a las escuelas,(31) y ahora sabemos que también disminuyó los recursos destinados a investigación en servicios educativos (recuérdese las cifras del cuadro correspondiente a estos gastos). El producto de esta política es de dominio público. «El Financiero», en México, lo ha expresado de este modo: "Ni qué decir de otros problemas crónicos que por ahora la administración Bush ha optado por evadir del todo, tal como el grave deterioro del sistema educativo del que están surgiendo generaciones de estadunidenses prácticamente analfabetos. El resultado es que cada vez más, la fuerza de trabajo estadunidense es incapaz de competir con la mano de obra mejor calificada y educada de los países europeos y Japón".(32)

(N. de la R. Las notas serán incluidas en la 2ª parte.)