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Sociopolítica
LA REBELIÓN CRISTERA Y LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO-NACIÓN
Eligio Meza Padilla
Docente-investigador de la maestría
en ciencia política de la UAZ
Hemos postulado que el Estado-Nación en México se inicia a fines de la década de los cincuentas y principios de los sesentas del siglo pasado, cuando el capitalismo mundial iniciaba la transición del capitalismo de libre competencia al monopolio, hecho que constituyó un obstáculo para que al interior del país surgieran condiciones para la creación de conocimientos y tecnología propios, abriéndose un periodo similar al que Marx denominó "subsunción real del proceso laboral por el capital" en México. Este hecho constituye en ese momento un problema para el propio desarrollo del capital en México, en donde aún prevalece la producción agropecuaria que encuentra al exterior del país sus mejores condiciones en la división internacional del trabajo. La necesidad del capital naciente de contar con su propio Estado, tuvo que chocar con los lastres de la descomposición del Estado español; desde los inicios del Estado-Nación se produce, entonces, un enfrentamiento con la hegemonía religiosa; se inicia un largo conflicto entre el Estado-Nación y la Iglesia que culmina con el surgimiento y la derrota de la rebelión cristera.
El poder de la Iglesia era un verdadero obstáculo para la constitución del Estado-Nación, porque era la única organización de carácter nacional arraigada en el pueblo mexicano por relaciones económicas, ideológicas y con un fuerte ascendiente moral sobre las diferentes clases y sectores sociales; como organización nacional, lejos de debilitarse después de la descomposición del Estado español, fue la única que se institucionalizó en seminarios, cofradías, organizaciones de religiosos y religiosas que ejercían una influencia en la conciencia social e individual de los mexicanos, mayor aún que su fuerza económica. Esta posición la consolidaba concibiéndose a sí misma como la representante de un poder sobrenatural y eterno ante el cual se debían subordinar todos los poderes temporales en donde, por supuesto, se incluía el Estado.(1)
Por otra parte, el Estado-Nación no concebía la realización de sus tareas históricas si no se entendía a sí mismo como Estado soberano que no admite la competencia de otro poder, así apareciera cumpliendo una misión sobrenatural y eterna. Estamos pues ante un problema que asumía múltiples formas: entre lo temporal y lo eterno, entre lo natural y lo sobrenatural, entre la conciencia social e individual, entre la "libertad de conciencia" y soberanía, entre lo religioso y lo civil, entre lo confesional y lo laico, entre liberales y conservadores, en fin, entre la Iglesia y el Estado; era la expresión política de fuerzas económicas que entraban en conflicto: una porque caducaba y lucharía por sobrevivir y otra que iniciaba su dominio; para una y para otra el poder era una necesidad. El Estado-Nación en el trascurso de su historia encontraría condiciones para que la Iglesia apareciera subordinada, negociadora o desafiante, según las condiciones concretas de su relación con el Estado en cada momento de su desarrollo.
El conflicto se inicia ante la opinión pública nacional e internacional con la promulgación de las leyes de Reforma, prevaleciendo en este momento histórico la voluntad del Estado, aunque estaría lejos el momento en que esta contradicción Estado-Iglesia se superara al culminar la formación del Estado-
Nación, manteniendo relaciones independientes el uno de la otra, al mismo tiempo que existiera la Iglesia como institución que atendiera los problemas religiosos como de su exclusiva competencia.
En el periodo porfirista del Estado mexicano,(2) la Iglesia no entra en conflicto con él a pesar de la ideología liberal con que el Estado se justificaba; esto debido a que el régimen de Porfirio Díaz inauguró una separación entre lo formal y lo real de la legalidad del Estado, con motivo de la tolerancia hacia la Iglesia. Esta separación en el Estado mexicano consiste en que promulga y publica leyes sobre problemas cardinales del país para darle continuidad a su carácter liberal, pero que quedan en la pura formalidad y en la práctica aparece tolerante y condescendiente. La herencia política de Juárez en relación con la Iglesia, fue lo suficientemente grande para Porfirio Díaz, que no pudo ignorarla ni liquidarla y sólo pudo continuar en leyes que en la práctica quedaron sin vigencia, debido en primer lugar a la relación que ese régimen mantuvo con las fuerzas económico-sociales sobre las cuales se erigía y consolidaba el poder material y político de la Iglesia.
Al sostenerse el Estado mexicano en este periodo sobre fuerzas afines y en ocasiones las mismas a aquéllas en las que se sustentaba la Iglesia, lograba un acuerdo tácito y en ocasiones explícito en lo sustancial; por eso la discrepancia entre concepción religiosa y concepción liberal sólo podía ser secundaria. Ésa es parte importante de la explicación de por qué el régimen de Porfirio Díaz fue bastante tolerante con la Iglesia y por qué ésta no desafió al Estado en este periodo histórico. Por el hecho de estar vinculados ambos a las mismas fuerzas económico-sociales o a fuerzas afines, desaparece el fundamento material del antagonismo ideológico; la Iglesia, lejos de desafiar al Estado y teniendo en cuenta el espíritu latente de las leyes juaristas, creó condiciones subjetivas con la difusión de su doctrina para que la dominación porfirista se hiciera posible.
Ese acuerdo tácito entre Iglesia y Estado seguramente fue un factor importante para que en la lucha contra el régimen porfirista, los revolucionarios recurrieran al jacobinismo, al anarquismo y al nacionalismo como concepciones que le daban fuerza de convicción a las masas en lucha.
Durante todo el periodo revolucionario la Iglesia mantuvo una discreta posición en relación con el Estado, cuyo futuro era incierto; en el periodo revolucionario el Estado tomaba medidas locales que delimitaban las funciones de la Iglesia inspirado en las leyes de Reforma. La Iglesia, por su parte, promovió la organización de diferentes formas y para diferentes sectores, destacándose la Asociación Católica de la Juventud Mexicana.
Al realizarse el Congreso Constituyente de 1916-1917 se aprobaron disposiciones que reivindicaban más claramente que con Porfirio Díaz el carácter soberano del Estado-Nación y la imposibilidad de compartir el poder en cualesquiera de sus expresiones con la Iglesia. El Episcopado mexicano, apoyado por Benedicto XV criticó y rechazó severamente el espíritu y la letra de la Constitución, en particular los artículo 3º, 5º, 24, 27 y 130 por considerarlos adversos a la libertad religiosa.
Estaban puestas las bases económico-sociales, jurídicas y legales para que el Estado-Nación iniciara el proceso de consolidación en las condiciones del subdesarrollo; pero también se habían creado las condiciones para que la Iglesia iniciara un periodo en que se comportaría beligerante con respecto al Estado, concibiéndose a sí misma como luchadora por la libertad religiosa; el conflicto con el Estado se anunciaba por las medidas que empezaba a tomar la Iglesia, cerrando templos en algunas partes de la república, promoviendo la abstención de compras, de espectáculos y otras medidas de esta índole con el objetivo de que se derogaran o reformaran las leyes que garantizaban la institucionalización de los resultados de la revolución mexicana, en especial las que reducían la influencia y dominio de la Iglesia. Posteriormente con Calles, el Estado respondía con leyes adicionales en donde delimitaban las funciones de la Iglesia y en particular de sus sacerdotes y penalizaba sus desacatos; la Iglesia, a través de sus organizaciones, llamaba al bloqueo "económico y social" que consistía en huelga de pagos (...) y retirada de los depósitos de los bancos para crear una crisis financiera".(3)
"El gobierno del presidente Plutarco Elías Calles decidió hacer cumplir la Constitución y en 1925 estimuló un movimiento cismático que se proponía crear la Iglesia Nacional Mexicana. En enero de 1926 el arzobispo de México, José Mora y del Río expidió una Carta Pastoral contra la ley de Calles, suspendiendo los servicios religiosos de los sacerdotes; los templos abiertos serían controlados por juntas de vecinos. El gobierno, a su vez, dispuso que los ayuntamientos controlaran los recintos eclesiásticos y así decidió considerar su empleo para otros usos, así como clausurar los edificios anexos. El obispo de Huejutla, José de Jesús Manríquez y Zárate, lanzó en marzo de 1926 una pastoral contra la injusta agresión del gobierno a la Iglesia y contra las leyes vigentes, y lo mismo hizo Leopoldo Lara y Flores, obispo de Tacámbaro."(4)
Como puede observarse, para nadie resultaba extraño que en esas condiciones de conflicto virulento, entre un Estado-Nación que luchaba por consolidarse y una Iglesia desafiante y pertinaz, que se negaba a sucumbir como institución competitiva con el Estado brotara la rebelión armada inspirada por la Iglesia como una prolongación de su conflicto con el Estado. Este problema fue el último que tuvo el Estado-Nación con la Iglesia en su largo periodo de formación desde las década 1850-1860 hasta el gobierno de Plutarco Elías Calles. Las revueltas cristeras de la rebelión anterior que se presentaron con Lázaro Cárdenas son aún lastres, por lo que en el contexto en que la estamos analizando, la concebimos como un solo movimiento.
Nos importa mucho explicarnos las condiciones económicas existentes cuando se produce la rebelión cristera, porque es en esencia un conflicto no sólo ideológico, sino una pugna entre fuerzas sociales y políticas reales que aparece como conflicto religioso. Esperamos entender qué hizo o dejó de hacer el Estado para que brotara la rebelión cristera y quiénes se beneficiaban con ella; demostrar que el Estado tenía que imponer su hegemonía a la Iglesia porque respondía a necesidades históricas y la anulaba, a la vez, como instrumento de lucha antiestatal, creando la necesidad de enfrentarlo con organización y métodos políticos.
a) Condiciones económico-sociales de la rebelión cristera
Hemos asumido la idea de que en el cambio producido por la revolución mexicana, el nuevo régimen que tiende a establecerse con formas consensuales de dominación, es la expresión política de una fracción burguesa que tiende a producir para un mercado interno. Esta tendencia de producir "hacia adentro" no se manifestaría inmediatamente después de concluida la revolución mexicana, sino especialmente en el periodo gobernado por Lázaro Cárdenas.
En las primeras décadas posteriores a la revolución mexicana, el desarrollo industrial continuaba casi igual al que prevaleció en el periodo porfirista; esto se debe, según nuestro entender a una razón fundamental: continuaba y continuaría el capital subsumiendo al trabajo de manera real con tecnología extranjera, porque no se produjo ni se produciría posteriormente un taller de producción tecnológica que fuera pensado con el desarrollo científico propio; esto no se podía hacer y desde la posición de la industria de entonces no se necesitaba, porque la tecnología que se aplicaba en México ya había sido pensada y elaborada en las metrópolis. Otra razón importante consiste en que el Estado tendría que jugar un papel muy importante en la promoción del crecimiento de las fuerzas productivas que habían quedado bastante destruidas por la revolución recién trascurrida y estaba reconstruyendo el nuevo régimen, que implicaba recurrir a nuevas formas consensuales de dominación y que se harían evidentes hasta el régimen de Lázaro Cárdenas.
Hasta 1925-1929 la industria comprendía 16 ramas, entre las que destacaban "la industria petrolera, la eléctrica, la de hilados y tejidos de algodón, tabaco, cerveza, molinos de trigo",(5) la industria del cemento y la del calzado. Otras que se instalaron en los años veinte son: "La Consolidada, metalúrgica; cigarros El Águila; una fábrica de montaje de automóviles, la primera fábrica de ladrillo refractario, General Electric, D. M. Nacional",(6) pero de todas ellas, solamente la última era de capital nacional.
En el periodo de Obregón y Calles se instaló la red telefónica; en 1925 se creó el Banco de México, en 1926 el Banco Agrícola, y en la educación se iniciaron las escuelas industriales y agrícolas. En 1925 apenas había 695 kilómetros de carreteras y para 1930 serían 1,426.(7)
Este escaso desarrollo industrial nos permite comprender que la fuerza social y política de la clase obrera estuviera prácticamente en un segundo lugar. Su debilidad política, en cambio, no tenía como principal causa su relación numérica, sino fundamentalmente la posición que guardaba con respecto al Estado. En el mismo régimen de Carranza y recién caída la dictadura de Porfirio Díaz, se decretó la pena de muerte contra los trabajadores electricistas que pretendieron hacer huelga o se solidarizaran con los que la promovían.
Podríamos afirmar que el nuevo régimen requería de direcciones oportunistas en la clase obrera para poner en funcionamiento mecanismos democráticos que propiciaran formas consensuales de dominación. Desde los inicios del régimen surgido de la revolución mexicana, los primeros dirigentes obreros de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) cumplieron esa función; a pesar de las influencias anarquistas y posteriormente comunistas, la dirigencia de esa organización "pacta una relación de entendimiento"(8) durante los gobiernos de Obregón y Calles.
Esta relación de "entendimiento" entre las dirigencias sindicales y el estado en ocasiones haría aparecer a éste como un Estado de los trabajadores; a su vez, los trabajadores harían su experiencia "de gobernar" que se trasmitiría a ellos mediante la organización. Esta relación y otras con el campesinado, permitiría al Estado desarrollar una ideología cargada de nacionalismo, pero la debilidad industrial seguiría siendo un permanente obstáculo para que asumiera una posición antimperialista.
En la medida en que la clase obrera consolidaba esta posición, socavaba su capacidad de lucha y el número de huelgas tendería a disminuir considerablemente, de 310 que hubo en 1921, hasta 7 en 1928.(9) Las consecuencias serían que las movilizaciones obreras posteriores serían, principalmente, en torno a los objetivos estatales y una pérdida considerable de su nivel de vida hasta la década de los treinta.
Durante el periodo de la rebelión armada cristera, la debilidad de la clase obrera era considerable y apenas lograba hacer algún contrapeso a los intentos hegemónicos de la Iglesia en su conflicto con el Estado, a costa de su propia independencia.
En la década los veinte había subsunción real del trabajo por el capital con tecnología extranjera en el sector exportador, eso daba lugar a una industria subdesarrollada y a una clase obrera social y políticamente débil, agravada por la sujeción a los objetivos políticos del nuevo régimen en formación. Esto propiciaba que el conflicto económico y social que aún predominaba se localizara en el campo, en donde se disputaban la hegemonía la Iglesia y el Estado. Veremos ahora cuál era la relación de los campesinos y los terratenientes con una y con otra para acercarnos a una mayor comprensión del conflicto Iglesia y Estado expresado en la rebelión cristera.
Después de terminada la lucha armada... se mantenía el criterio de producir materias primas y se veía obligado el nuevo régimen a apoyarse en la minería y la agricultura principalmente; este apoyo implicaba mantener casi intacta la estructura agraria en donde seguía destacando la hacienda como principal forma de tenencia de la tierra; o lo que es lo mismo, el nuevo régimen se veía obligado a apoyarse en los terratenientes, lo que coincidía plenamente con el pasado porfirista de algunos de los "nuevos" dirigentes. Sin embargo, la lucha armada había destruido parte importante de las fuerzas productivas en el campo y éste no lograría recuperar su capacidad productiva ni en los finales de la década de los veinte, cuando la economía agropecuaria "se encontraba a más de un 7% por debajo de los años diez"(10) y el 85% de las tierras no ejidales se encontraban en manos de los terratenientes que representaban 104 millones de hectáreas cuya propiedad era compartida por los extranjeros.
Esto se convierte en un verdadero problema porque la producción agropecuaria seguía ocupando el 70% de la población económicamente activa y el reparto agrario se había hecho muy lentamente hasta que en 1926 se repartieron 3.5 millones de hectáreas, sin que se viera en Obregón y Calles la voluntad de acabar con el latifundio.(11) Por otra parte, la participación de las masas campesinas en la lucha armada, había dejado un movimiento campesino con núcleos armados que establecían con frecuencia vínculos con líderes y militares agraristas; de la misma manera, muchos generales establecieron vínculos con los viejos hacendados, como lo demostraron las rebeliones militares de 1923, 1927 y 1929. La participación de las masas del campo en la lucha armada les otorgaba el legítimo derecho a satisfacer sus demandas de tierras; éstas chocaban con la necesidad de mantener las haciendas en función de producir para las exportaciones y se le presentaba un problema social al régimen que apenas se estaba formando.
En 1917 se habían sentado las bases legales para construir nuevas formas de dominación; pero la estructura del nuevo régimen aún no construía relaciones estables, las instituciones no delimitaban aún las funciones y hasta la obligación de la Constitución era puesta en duda por quieres representaban esas instituciones estatales.(12)
Los poderes del Estado tenían una relativa independencia entre sí, más real que después de los años cuarenta, porque el presidencialismo estaba en su fase embrionaria de caudillismo. Los ministros tenían que recurrir a toda suerte de artimañas para lograr el consenso a sus iniciativas propias que aún tomaban y el poder legislativo se componía de agrupamientos que se daban en torno a caudillos; las alianzas de estos agrupamientos eran perentorias, se intentaban incluso alianzas entre obreros y estudiantes inspirados en la revolución rusa.(13)
El nuevo régimen necesitaba además promover la unidad y la institucionalización del ejército comandado aún por los caudillos surgidos de la lucha armada, tenía que tomar medidas que superaran los poderes locales que en varios estados eran detentados por generales de los que, unos simpatizaban con el movimiento agrario (Veracruz) y otros se aliaban o se hacían ellos mismo terratenientes y se apoyaban en la Iglesia (San Luis Potosí).(14) Este era, en parte, el conjunto de contradicciones internas y externas en que se encontraba el Estado mexicano cuando lo desafió la Iglesia. Se vio obligado a definir un rumbo resolviendo parcialmente esas contradicciones sociales que lo conducían a la creación y consolidación de instituciones que le garantizaran un mayor consenso en la dominación; para ello, necesitaba apoyarse en las masas y esto implicaba ceder a sus demandas de tierra en el caso de los trabajadores rurales como única garantía de poder subordinarlas. Esta relación de subordinación se estableció después de un largo y contradictorio proceso de afectación de tierras. En ocasiones se repartía lentamente por cantidades pequeñas y en parcelas hasta de una hectárea, luego se declaraba terminada la reforma agraria, después se abrían plazos perentorios, para luego volver a repartir. En ocasiones se afectaba a propietarios con poca capacidad de defensa agravando los conflictos en el campo, porque los campesinos no siempre tenían claro cuáles tierras eran legalmente afectables y cuáles no.
En este proceso las masas campesinas aún conservaban su independencia, y su dispersión política y regional daba lugar a la existencia de una gran cantidad de partidos que poco a poco establecerían vínculos oficiales; la conciencia de sus intereses inmediatos tendía a unificarlos en una sola organización y se formó la Liga de Comunidades Agrarias en 1926, que unificaba a las ligas agrarias regionales, constándose entre las primeras las de Jalisco y Zacatecas.(15)
La organización de los trabajadores rurales tenía como objetivo principal el reparto agrario, que en ocasiones lo hicieron por cuenta propia y al gobierno sólo le quedaba la legalización. El nuevo régimen toleraba y posteriormente repartía las tierras porque necesitaba apoyarse en las masas rurales para socavar poderes regionales de los generales y de la propia Iglesia y aun pensando en ocasiones que ese reparto sería una transición a otro régimen de tenencia de la tierra. El nuevo régimen de gobierno tenía más en mente la centralización del poder que las necesidades sociales; las rebeliones militares regionales defendían esos poderes regionales apoyándose en el descontento de las masas por la insatisfacción de sus expectativas y en la propia Iglesia que sentía minada la fuerza económica que le daba fundamento material a su influencia religiosa en la conciencia social.
Esta relación de la Iglesia con los militares y el descontento social hicieron al Estado tomar medias que satisfacían en parte las expectativas de las masas y restaron poder e influencia a los militares y a la Iglesia.
b) Estado e Iglesia
En la década de los veinte y en particular en el periodo de la rebelión cristera, el Estado mexicano estaba en un proceso de restructuración de sus vínculos con las masas y de ajustes en la organización interna.
Había logrado la supeditación de la clase obrera a sus objetivos de dominación, a pesar de los intentos de algunas fracciones anarquistas para mantenerla independiente del Estado y con objetivos propios. Empero, el problema mayor continuaba en el campo; el Estado en sus intentos por centralizar el poder y supeditar el movimiento de masas, hacía concesiones a sus demandas, y a las fracciones más radicales del movimiento las reprimía; este último hecho repercutía en su fortalecimiento frente a las masas y en su debilitamiento respecto a la Iglesia.
Este proceso de consolidación del Estado-Nación, protagonizado principalmente por militares, era visto desde la posición de sus adversarios deformado por las perspectivas que les sugería su concepción cristiana: "El bien ha de hacerlo el Estado por deber cristiano y no por camaradería".(16) En este proceso de consolidación se da una lucha soterrada entre los poderes formales que integran el Estado; el poder ejecutivo inicia la subordinación del poder legislativo y refuerza la vigencia y el control de sus propios ministros; expropia tierras, le pone límites a la acción de la Iglesia, dedica un mayor presupuesto a los militares que se consideraba un sector de primer orden, y establece un discreto pero efectivo control de la prensa.
Esta serie de medidas que el Estado se veía forzado a tomar para consolidarse como Estado-Nación, eran vistas por sus contrarios como la causa de todos los males.(17)
El fortalecimiento estatal en todas sus funciones impacta directamente a la Iglesia cuando pone en vigencia los artículos constitucionales que se refieren a la educación, a la propiedad de las tierras y a la práctica del ministerio, sustrae de su influencia las instituciones educativas, delimita sus funciones espirituales y le prohibe el ejercicio del culto en lugares públicos. Como es sabido, la Iglesia había sido propietaria durante el porfiriato de empresas, haciendas y ranchos. El valor de sus bienes ascendía, en la época de Porfirio Díaz, a 800 millones de pesos. De los bienes que Lino Medina(18) cita, podemos incluir La Esperanza, S. A., en Aguascalientes; la Compañía Inmobiliaria Michoacana, la Compañía Compradora y Explotadora de Bienes Raíces de Oaxaca; La Piedad en Puebla y muchas más. Su influencia en la educación era enorme así como en la conciencia social en general, misma que fortalecía con prácticas religiosas masivas y públicas. Esto nos da una idea de la fuerza social y política que tenía la Iglesia, por qué les tenía que preocupar profundamente la vigencia de los artículos constitucionales y cómo era, objetivamente, un obstáculo para la consolidación del Estado de México.
El impacto del fortalecimiento estatal provoca una crisis dentro de la Iglesia que por momentos parece trasladarse también al interior del Estado mismo. Esta crisis se inicia con la expulsión del delegado apostólico monseñor Ernesto Fillipi, quien había dirigido el acto de coronación de Cristo como rey de México en Guanajuato y "se creyeron que en su calidad de visitantes no están comprendidos en las restricciones establecidas en el país celebrando actos de culto público en ejercicio del ministerio, y tuvo que serles aplicado el artículo 33 de la Constitución".(19) Después de este incidente, la Iglesia inicia por medio de su representante un intercambio epistolar en donde le promete al gobierno que "el próximo delegado apostólico sería un elemento de seguridad y de buen orden" y que contribuiría tanto al bienestar religioso como al bienestar del Estado".(20) Por su parte, el presidente Álvaro Obregón presenta el problema como si fuera entre el Partido Liberal y la Iglesia, sugiriendo que aquél en su evolución ha adoptado un programa de trasformaciones sociales que no deberían encontrar oposición de la Iglesia por su contenido espiritual esencialmente cristiano, a favor de las clases oprimidas que por décadas les negaron las clases dirigentes por dedicarse a incrementar sus fortunas materiales.
En estos momentos en que se iniciaba, a nivel diplomático el conflicto Iglesia-Estado, se produjo la rebelión contra el gobierno de Adolfo de la Huerta; ésta abrió una coyuntura para que la Iglesia demostrara, como lo afirmaba, que tenía disposición a colaborar con el Estado, pero decidió tomar posición en contra. Esto llevó a Calles, primero como presidente, respaldado por una organización estatal consolidada, a endurecer su línea anticlerical y en 1925 promovió un movimiento cismático dentro de la Iglesia. Parecía que el problema de la larga formación estatal en México pronto se resolvería. Algunos años después se haría explícita la idea de que la Iglesia era para el Estado un enemigo que en 1857 y 1865 no se pudo derrotar para afianzar su propia soberanía.(21)
Como respuesta al anticlericalismo de Calles, la Iglesia refuerza su organización y en el mismo año que aquél promueve la formación de la Iglesia Nacional Mexicana, ésta fortalece su organización y trata de ampliar sus vínculos con las masas creyentes, forma la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa que se proponía explícitamente contrarrestar el fortalecimiento del poder estatal, cuestionando directamente los artículos constitucionales que la limitaban; todo parecía indicar que a cada golpe que el Estado le asestaba, ésta se fortalecía, disciplinaba su organización y perfilaba una línea dura ante los acosos del Estado; en 1926 la Iglesia declaraba que "la protesta que los prelados mexicanos formulamos contra la Constitución de 1917, se mantiene firme (...). El Episcopado, Clero y Católicos (sic), no reconocemos y combatiremos los artículos 3º, 5º, 27 y 130 de la Constitución vigente. Este criterio no podemos, por ningún motivo, variarlo sin hacer traición a nuestra fe y a nuestra religión".(22)
Lo anterior fue la respuesta del Episcopado después de la expulsión de otro delegado apostólico, Jorge Caruana, quien tomó la iniciativa de formar un Comité Episcopal antes de abandonar el país a quienes quedaría encomendada la dirección de todas las diócesis del país.(23) El Episcopado ordena en julio de 1926 el cierre de todos los templos como una actitud de protesta contra lo que calificaban de radicalismo anticlerical de Calles; quince días después se realiza el primer levantamiento armado (15 de agosto de 1926) en Valparaíso, Zacatecas, por los creyentes radicalizados por la Iglesia y toman por asalto el palacio municipal. En enero de 1927 la rebelión cristera se generaliza en diecinueve estados de la república, incluyendo el Distrito Federal. A mediados de 1926 la Liga recurre al Episcopado para asesorarse sobre la licitud del movimiento armado y reciben la aprobación unánime de aquél, argumentándoles que: "Era lícito levantarse en armas contra el gobierno injusto, una vez agotados los medios pacíficos encaminados a cambiar las políticas del Estado".(24)
Todos estos acuerdos que se hacían valer para los rebeldes armados y para quienes aceptaban al Episcopado como autoridad, ocultaban las diferencias internas que desde un principio se habían producido: la mayoría del Episcopado era partidaria de una solución mediante la medición de fuerzas; una minoría compuesta por los obispos Pascual Díaz y Barreto y Leopoldo Ruiz y Flores eran partidarios de un arreglo pacífico. De momento se impulsó la línea que postulaba la confrontación directa, pero con el tiempo revolucionaría y se impondría la que al principio era minoritaria, por la debilidad misma en que ya se encontraba la Iglesia ante la consolidación del Estado-
Nación.
Estas discrepancias internas sólo se pudieron evidenciar cuando el propio Pascual Díaz fue expulsado y declaró en La Habana y posteriormente en Nueva York, que "el clero mexicano no estaba participando en actividades revolucionarias en México".(25) Pero entre los obispos que asesoraban en Roma sobre la solución del conflicto se encontraba José María González, quien les envió una pastoral a sus feligreses en febrero de 1927 en donde afirmaba que ellos no habían provocado el movimiento armado, "pero una vez que, agotados los medios pacíficos, este movimiento existe, a nuestros hijos católicos que andan levantados en armas por la defensa de sus derechos sociales y religiosos, después de haberlo pensado largamente ante Dios, y de haber consultado a los teólogos más sabios de la ciudad de Roma, debemos decirles: estad tranquilos en vuestras conciencias y recibid nuestras bendiciones...".(26)
En junio del año en que el obispo bendecía a los cristeros se empezó a promover la reelección de Álvaro Obregón y los opositores realizaron una convención antirreleccionista encabezada por los generales Francisco R. Serrano y Arnulfo Gómez; en ella se rindió homenaje a los cristeros muertos en batalla, se pronunciaron contra la "influencia extranjera entre los obreros" y contra el "nacionalismo odioso" y reivindicaban la conveniencia del capital extranjero.(27) Cuatro meses después de la convención continuaron levantamientos en México, Torreón y Veracruz, derrotados por los ejércitos del gobierno, mismos que dieciocho meses después se rebelarían junto con los gobernadores de Sonora, Durango y Chihuahua.
En 1928 los cristeros aún sentían el ascenso de su movimiento, la línea dura se radicalizaba, la organización militar se unificaba y nombraron al militar de carrera Enrique Gorostieta primer jefe del Ejército Nacional Liberador; sus objetivos programáticos eran restablecer la Constitución de 1957 sin Leyes de Reforma, proteger las propiedades rurales, distribución de las tierras sólo si era necesario para el bien común y mediante indemnización.(28)
Mientras esto sucedía en México, grupos de mexicanos en Estados Unidos promovían entre los católicos y los obispos apoyo económico y reconocimiento a favor de los cristeros; los obispos por su parte mandaban comisiones tanto a Estados Unidos como a Roma para gestionar apoyo, a veces negociaciones y con frecuencia consulta. Fue en este terreno en donde la minoría del Episcopado constituida por los obispos Díaz y Ruiz empezaba a tener éxito. Con frecuencia el obispo Díaz les proponía a los representantes de la Liga dentro y fuera del país "que esa organización se alejara de la lucha armada y en lugar de esto se acercara al apostolado de los laicos";(29) concebía desde 1926 la idea de que se formara un partido político con funciones diferentes a las de la Liga.
Lo que les pedía el obispo Díaz, para entonces secretario del Comité Episcopal, era que "se alejaran de sus puestos y permitieran el cambio de nombre de la organización".(30) Estas posiciones promovían la confusión y creaban conflictos dentro del Episcopado cuyas partes alternaban sus visitas al Vaticano; en estas circunstancias, las negociaciones del gobierno de México con la Iglesia, a través de la jerarquía eclesiástica de Estados Unidos, del propio embajador norteamericano o directamente, empezaban a rendir frutos. Varios días después de una entrevista con Calles y Burke, representante del Episcopado norteamericano, el gobierno mexicano declaraba que "respetaba las creencias religiosas y que era 'absolutamente falso' que quisiera 'arrancar' las creencias de los corazones de los mexicanos".(31) Por su parte, el obispo Díaz aprovechaba la coyuntura y afirmaba que se podía llegar a un acuerdo entre la Iglesia y el Estado.
c) Declive del Movimiento Cristero
Cuatro meses después de la entrevista de Burke con Calles fue asesinado el general Álvaro Obregón, ya para entonces presidente electo de México.
A nuestra manera de entender, éste es el momento que marca la culminación de la rebelión cristera e inicia su descenso, la descomposición de su línea y entra en el rumbo de la derrota; es un momento histórico que da lugar a opiniones polémicas sobre la gravedad de los problemas que se le presentarán al Estado-Nación en la última fase de su formación. Mientras que para unos si bien fue un conflicto cruento que a nadie benefició, no desestabilizó el funcionamiento estatal de aquel momento;(32) otros, con el tiempo, lograron ver que fue un momento crítico, que puso en entredicho la continuidad del desarrollo estatal.(33) En cambio, se ha generalizado una coincidencia en cuanto a que Álvaro Obregón fue el último de los caudillos y Calles el estadista con quien el Estado, a pesar de los titubeos en su relación con los campesinos, logra una consolidación como Estado-Nación que es la superación misma del caudillismo; que crea instituciones estatales que encauzan, unifican y centralizan las decisiones del Estado; que el estado mexicano entraba a una etapa de consolidación como Estado-Nación respondiendo a necesidades histórica y que por la misma razón la Iglesia entraba a una etapa decadente y necesaria. La conciencia religiosa estaba impedida, por su carácter mismo, para destacar y comprender esta necesidad; veía por el contrario los acontecimientos históricos como problemas casuales derivados de las decisiones personales de los protagonistas inmediatos del conflicto entre Estado e Iglesia. Al destacar la licitud e ilicitud de las diversas iniciativas, incluidas las del magnicidio, quedaba salvada de la culpa moral, pero no de la responsabilidad histórica ante el conflicto; aquella conciencia religiosa le impedía ver a la Iglesia sus propias limitaciones, destacadas ampliamente en confrontación con el Estado, fortalecido después de una revolución triunfante; ante ese Estado, la Iglesia era la que estaba destinada a cambiar y eso sería cuestión de tiempo.
Después de la muerte de Obregón, la búsqueda de la solución al conflicto entre Iglesia y Estado se desplegó entre formas simultáneas: la militar, la diplomática y la política. Las derrotas militares asestadas a la rebelión cristera armada y los fracasos políticos en contraponer programas al Estado, fueron condiciones para que prevaleciera la negociación y minara aún más la moral en lo militar y en lo político. Al morir Obregón fue nombrado Emilio Portes Gil presidente provisional por el Congreso de la Nación; en la campaña de 1929, para ver quién sucedería al presidente provisional, hubo nuevos levantamientos: en marzo en Veracruz, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango, Oaxaca y Sinaloa que se unificaban con un programa y el candidato Gilberto Valenzuela apoyados por los cristeros rebeldes. En su programa, denominado Plan de Hermosillo, predominaban las demandas de carácter religioso. José Vasconcelos, pese a su simpatía para con esas rebeliones, se mantuvo independiente de los cristeros con lo que la rebelión más se aislaba; fue derrotada militarmente por el general Andrew Almazán.
Por su parte, el avance de las negociaciones del obispo Leopoldo Ruiz y Flores lo colocaba en una posición preponderante dentro del Episcopado y aumentaba su capacidad de influir en el movimiento cristero en especial; entre los rebeldes armados se empezaban a dividir las opiniones respecto a una solución pacífica o a mantener la línea de confrontación armada con el Estado. En el contexto de esas divisiones "por traición de uno de sus hombres, fue muerto por soldados federales el jefe Gorostieta, que encabezaba la oposición radical a cualquier arreglo".(34) El sucesor, general Degollado y Guízar, era más proclive a la negociación. Calles, como secretario de Guerra y Marina, continuó combatiendo militarmente a los cristeros.
En el Vaticano estaban informados del curso que tomaban los acontecimientos y pensaban que las decisiones que había tomado la mayoría del Episcopado mexicano sólo habían contribuido a agudizar el conflicto; empezó a tomar el problema en sus manos poniéndole especial atención a las opiniones de los partidarios de la solución pacífica, a los obispos de Estados Unidos y a los indicadores de las negociaciones.
Al regreso de Roma del obispo Ruiz, quien había ido a recibir instrucciones, opinaba que las órdenes que traía eran de "utilizar su influencia con los obispos para que supuestamente no perturben los sentimientos de buena voluntad entre la Iglesia y el Estado de México y obedezcan las políticas del Vaticano".(35) Después de una segunda conferencia episcopal en San Antonio Texas, publicaron los obispos una carta pastoral en donde se veía el pleno dominio de la línea inicial de los obispos Díaz y Ruiz. Declaraban que "no extenderemos nuestras actividades más allá del campo de la religión y del trabajo social católico que pertenece a la Iglesia. No nos inmiscuimos en las políticas, ni intervendremos con la autoridad civil...". La fracción intransigente de católicos y cristeros rebeldes intentaron detener el acuerdo de solución "pacífica" y vieron al agregado militar norteamericano Dwight Morrow, pero él les informó "que el momento era" favorable para un ajuste. Al irse de México opinaba que "todo procedía tan bien como era de esperarse entre dirigentes de la Iglesia y del Estado".(36)
El 21 de junio de 1929 se llegó a un acuerdo en donde el Estado dictó amnistía general; no modificó en nada la Constitución ni las leyes de Calles y los templos se volvieron a abrir para continuar sus cultos con normalidad, todavía bajo el gobierno de Emilio Portes Gil.
Después de celebrado el acuerdo entre la Iglesia y el Estado continuaron grupos de cristeros con movimientos locales, aislados y sin dirección unificada, ni política ni militarmente. Si bien dictó amnistía el Estado en condiciones de descenso del movimiento, continuaron los aniquilamientos selectivos hasta dejarlo desmantelado. La Iglesia, por su parte, invitaba a los antiguos militantes cristeros a organizarse dentro de la Acción Católica Mexicana. Con el tiempo se presentarían nuevas oportunidades para que las ideas de los obispos Ruiz y Díaz respecto a la organización política empezaran a tener vigencia.
d) Rescoldos del fuego pasado
Al inicio del sexenio 1934-1940 del gobierno de Lázaro Cárdenas y estando Calles considerado aún como Jefe Máximo de la revolución, se plantearon reformas al artículo tercero de la Constitución en el sentido de que la educación se debería considerar socialista. Calles había declarado que la niñez le correspondía a la revolución y no pocos de los integrantes del gobierno consideraban que las trasformaciones que se estaban realizando implicaban la socialización de los medios de producción y que se hacían en un sentido proletario. Por ello, resultaba natural que en la educación se exigieran trasformaciones de fondo y los jóvenes estudiantes de entonces exigían en los programas, en torno a los cuales se organizaban, que en la universidad se incluyera la enseñanza del materialismo histórico y del materialismo dialéctico.(37)
No es de extrañar entonces que la Iglesia reaccionara violenta pero impotente. Uno de sus obispos se manifiesta por combatir en el terreno que sea necesario contra lo que consideraba una infamia del bolchevismo, de inspiración judeo-
masónica y ante la que el Delegado Apostólico destacaba el derecho que está por encima de toda Constitución, como es el derecho a la religión, a la educación, a la vida, a la propiedad privada, etc.
Los integrantes del Estado mexicano hacían notar que éste "no se encuentra ahora como a principios del siglo pasado, en condiciones de inferioridad frente al clero católico (...), está en su pleno derecho al exigir a la iglesia, sumisión integral a las leyes establecidas.(38) Mientras más se fortalecía al Estado mexicano menos sentía la obligación de los acuerdos suscritos con la Iglesia y que el obispo Leopoldo Ruiz y Flores, ahora delegado apostólico, atribuía a la falta de sinceridad.(39) No obstante lo anterior, este fue el obispo que, según nos parece, detectó mejor la necesidad de enfrentar al Estado con métodos políticos. Convocaba a todos los católicos a unirse y a organizarse para hacer valer sus derechos; les hacía ver que la organización debería ser obra de ellos en cuanto ciudadanos sin necesidad de esperar órdenes de la jerarquía de la Iglesia, al mismo tiempo que les prohibía asumir el socialismo como propio y pertenecer al partido oficial por haberse declarado socialista y ateo. Preveía una gran organización de todos los católicos "que hiciera sentir su poder en la gobernación del pueblo".(40) Si bien la experiencia de los cristeros no logró eliminar la temeridad de algunos obispos, el entonces delegado apostólico demostraba haber asimilado la experiencia cuando añadía: "contentémonos con aconsejarlo a los fieles y pedir a Dios que haya quien se ponga al frente de ese movimiento".(41) Veía con una lucidez poco común dentro del Episcopado de entonces la necesidad de una dirección que pudiera levantar la organización y mantenerla disciplinada; recomendaba que se buscara un jefe que "tuviera buen sentido de dejarse guiar en cuanto a principios por los cuales deben enseñarlos a defenderlos, quedando él y los suyos en plena libertad de todo lo que llaman política".(42) Cuando algunos le sugerían la necesidad de un levantamiento armado, opinaba que "una organización compacta, numerosa, disciplinada conseguiría mucho más"; en ocasiones había quienes se quejaban de falta de orientaciones precisas y él los remitía a los documentos doctrinarios del papa y los estimulaba a prescindir de la asesoría eclesiástica: "Que se organicen y que obedezcan disciplinadamente a los que se pongan al frente y ya verán cómo aprenden a trabajar sin tutela de la sotana".(43) En fin, fue un obispo que sugirió varias veces la formación de un partido político que no fuera rechazado por el "color" y no diera pretextos al gobierno para que continuara hostilizando a la Iglesia. Estas sugerencias iniciales que maduraban al principio del gobierno de Cárdenas, no tardarían en materializarse en la formación de un partido político en el mismo periodo.
Con la derrota de la rebelión cristera culmina la formación del Estado-Nación, consolidándose en las condiciones de subdesarrollo; se pone fin a la manipulación del movimiento campesino por un proyecto político conservador que en adelante ya no tendría perspectivas; se consolida definitivamente el monopolio de la propiedad territorial por parte del Estado y en lo sucesivo se manejará con un propósito único que se expresa en dos direcciones: favorecer e incrementar el flujo de capitales del sector agrario al sector industrial y financiero, y ejercer el control político sobre los campesinos.
Notas
1. Emilio Portes Gil, «La lucha entre el poder civil y el clero», México, 1934, p. 113 s. (Estudio histórico jurídico del señor licenciado don [...], procurador general de la república.)
2. Ibíd., p. 87 ss.
3. José Rogelio Alvarez (dir.), «Enciclopedia de México», t. VI, p. 90.
4. Ibíd., p. 90.
5. Lino Medina, «Oligarquía mexicana: crisis y revolución», México, 1972, p. 29-30.
6. Ibíd., p. 29-30.
7. Ibíd., p. 33-34.
8. Francisco José Paoli, «Estado y sociedad en México 1917-1984», México: Océano, 1985, p. 38.
9. Hans Jürgen Harrer, 1910-1917: «Raíces económicas de la revolución mexicana», Taller Abierto, 1983, p. 201.
10. Lino Medina, op. cit., p. 26 y 28.
11. Francisco González G. "Campesinos y Estado (1920-1934)", en «Teoría y política» nº 7-8, diciembre 1982, p. 121.
12. "...ni voy a hacer lo que en otros departamentos está haciendo el gobierno, o sea someterse a la ideología carrancista que formuló la ilegal Constitución del diecisiete; Constitución aprobada por un grupo de incondicionales de Carranza sin consulta con la inteligencia del país, ni con el pueblo". José Vasconcelos, «El desastre», México: Jus, 1979, 8ª ed., p. 42.
13. Ibíd., p. 41-42.
14. "Si el principal impedimento a la centralización y consolidación del Estado consistía en los poderes regionales, el principal obstáculo a la hegemonía era la Iglesia". Nora Hamilton, «México: los límites de la autonomía del Estado», México: Era, 1983, p. 81.
15. Francisco González G., op. cit., p. 119.
16. José Vasconcelos, op. cit., p. 43.
17. "Nada tenemos porque todo está a merced del atropello gubernamental disimulado con la legalidad de las confiscaciones. En los gobiernos ignaros y militaroides que con toda paciencia sufrimos está la causa primordial de todos nuestros males (...). El gobierno se trasformó en dictadura, degeneró tristemente, y llegó exigiendo adhesiones para la imposición electoral (...). A los pistoleros que más tarde se erigieron en diputados no se les habla, no se les persuade, se les dan órdenes. Y como sólo puede dar órdenes el tirano, ningún ministro que se respete aceptaría prostituir su empresa apoyándola en el mandato de un déspota ignaro". José Vasconcelos, ibíd., p. 39, 43 y 44.
18. Lino Medina, op. cit., p. 80.
19. Emilio Portes Gil, op. cit., p. 100.
20. Martín de la Rosa et al., «Religión y política en México», México: Siglo XXI, 1985, p. 29.
21. "Este es el formidable enemigo frente al cual se encontró la Constitución de 1857. Pero en 1914 se encontraba frente al mismo, y para demostrarlo ha sido preciso hacer nueva revista de toda su actitud pasada. En ella se demuestra que frente a la ley y frente a la autoridad civil es la misma actitud en tiempo de la Colonia, la misma en 1810, la misma en 1822, en 1823, en 1835, en 1936 y después de su largo periodo de recuperación vuelve exactamente a la misma actitud de 1913, 1914, 1917, 1926 y 1934". Emilio Portes Gil, op. cit., p. 98-99.
22. Ibíd., p. 106-107.
23. Ibíd., p. 29.
24. Ibíd., p. 32-33.
25. José Rogelio Alvarez (dir.), op cit., t. VI, p. 90.
26. Ibíd., p. 32-33.
27. Ibíd., p. 90.
28. Ibíd., p. 34.
29. Ibíd., p. 34.
30. Ibíd., p. 34.
31. Ibíd., p. 35.
32. "En 1926, tras abandonar los templos y cumplirse la amenaza del arzobispo Mora, provocó una rebelión armada que si no llegó a poner en peligro, ni con mucho, la estabilidad del gobierno, sí costó mucha sangre y grandes pérdidas sin provecho de nadie". Emilio Portes Gil, op. cit., p. 108.
33. "La crisis que se presenta con el asesinato del presidente electo Alvaro Obregón, último representante del caudillismo, que se había relegido en realidad violando uno de los principios de la lucha revolucionaria, plantea diversos retos a la continuidad del desarrollo estatal". Francisco José Paoli, op. cit., p. 35.
34. Ibíd., p. 91.
35. Ibíd., p. 34.
36. Ibíd., p. 39.
37. Cesar R. Hernández Enríquez, «Carlos Madrazo: biografía política», México: 1982, p. 28.
38. Emilio Portes Gil, op. cit., p. 115.
39. "Por desgracia la experiencia de cinco años ha venido a demostrar la falta de sinceridad por parte del gobierno en sus compromisos con la Iglesia". Ibíd., p. 121.
40. Ibíd., p. 122.
41. Ibíd., p. 123.
42. Ibíd., p. 128.
43. Ibíd., p. 129.
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