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Historia del Derecho
EL DERECHO EN LA HISTORIA DE MÉXICO, SIGLO XX
(primera parte)
Abel García Guízar
(licenciado en derecho, UAZ; maestría en historia, Universidad de Barcelona, España; maestro de la facultad de Derecho UAZ)
Introducción
Una de las constantes obsesivas en la historia de México, desde su independencia política respecto de España, ha sido la creación y consolidación de un estado nacional moderno. Y si durante todo el siglo XIX y parte del actual esto se convirtió en una obsesión es porque aquí también, como en los actos fallidos de las personas, las pretensiones nunca encontraron una realización satisfactoria, o la encontraron pero no del todo.
En nuestro país, esta insatisfacción resultó obligada porque en la medida en que aquellos objetivos estaban estrechamente ligados al desarrollo de su correspondiente estructura económica y social, su consecución se vio obstruida, una y otra vez, por la persistencia de factores precapitalistas internos primero, y de un capitalismo atrasado y lleno de servidumbre respecto de los países más desarrollados después.
Hasta antes de la etapa conocida como "el Porfiriato" nuestro país contuvo una gran diversidad de estructuras tradicionales muy petrificadas en lo esencial, no obstante la intensa movilidad de los grupos políticos, religiosos y militares por el poder, los esfuerzos secularizados de Gómez Farías y la generación de la Reforma, y los loables esfuerzos modernizantes iniciados durante el periodo de la República Restaurada. Y si bien algunos indicios menos arcaicos se producían aquí y allá, alrededor de un número siempre reducido de pequeñas empresas manufactureras (regionalmente muy localizadas desde la colonia) y seiscientos kilómetros de ferrocarril inaugurados en 1872, ellos estuvieron bien lejos de definirlos, en tanto que la formación social, con otros parámetros que no fueran, por cierto, aquellos de las sociedades tradicionales, agrarias en este caso.(1)
Ya durante el largo régimen encabezado por el general Porfirio Díaz se propicia, con el concurso del capital extranjero, sobre todo norteamericano, el primer gran impulso a la industrialización del país en toda su historia, a la par que su inserción orgánica al mercado mundial en términos modernos. Pero tampoco este gran esfuerzo fue bastante para colocarnos a la altura siquiera de las naciones medianamente desarrolladas; la parte más grande de la estructura económica, y por eso mismo una parte esencial de ésta permaneció hundida en sus seculares modalidades de la producción para el autoconsumo. Me estoy refiriendo, desde luego, a las formas de posesión agraria y explotación agrícola donde el latifundio improductivo, al lado de un mercado nacional insuficiente y un caciquismo político rupestre, funcionaron como eficientes rémoras a la consolidación del Estado democrático burgués en México.
Sin embargo, a estas alturas del siglo XX sería absurdo negar las confirmaciones de la historia posterior al porfiriato, en el sentido de que éste diseñó y echó a andar un proyecto de crecimiento económico de impronta tan profunda que, aunque en lo retórico vituperado por los regímenes pretendidamente revolucionarios y nacionalistas que le siguieron, constituye aún hoy (y sobre todo hoy que un fantasma neoliberal recorre el mundo con el moribundo paternalismo social a rastras) la continuidad estructural de tránsito obligado para el capitalismo dependiente en nuestra tierra.
Pero con todo y que con la consecución, al fin, de la tan ansiada paz de la república (si bien al siempre elevado costo de la libertad ciudadana y la reducción de la soberanía nacional) el porfiriato supuso un gran avance hacia los objetivos indicados, que involucraron asimismo la modernización de los aparatos administrativo, fiscal y financiero,(2) al comenzar el nuevo siglo la dictadura empezó a mostrar los primeros signos de su decadencia, a la par que el viejo caudillo entraba en el crepúsculo de su, de cualquier forma, prolífica vitalidad.
Dos pretextos casi míticos habían servido a Díaz para justificar su estilo gubernativo en aras de un crecimiento económico discriminatorio. El primero, de orden interno, se refiere a cuán doctrinariamente hermosa, técnicamente perfecta y ortodoxamente liberal era la entonces vigente Constitución federal de 1857, pero, al mismo tiempo, cuánto candor exultaría el gobernante aquel que intentara acatarla en todos sus términos en un país todavía a salto de mata como el nuestro. Y como Díaz era muchas cosas pero nunca un candoroso, decidió sustituirla, sin rubor ni remordimiento jurídicos, por su simplísimo pragmatismo personal (por ejemplo: "ese gallo quiere máiz", para acallar a la oposición, o "mátalos en caliente", cuando aquella no se callaba con ningún tipo de "máiz").
El segundo pretexto, éste de orden externo pero también para producir un efecto hacia adentro, se refería a lo muy indefensos que estábamos los pobres mexicanos frente al insaciable aparato digestivo que teníamos al norte por vecino, a quien por razón de nuestra propia sobrevivencia deberíamos mantener más o menos complacido para evitar que se acumulara y volcara sobre nosotros esa furia apocalíptica de que palmarias muestras nos había dado a lo largo del siglo XIX. Así esquivaríamos el ser devorados de una sola tarascada.
Por lo demás, la apariencia granítica del régimen se había fundamentado en un tozudo sistema de groseros privilegios oportunamente acreditados con las curiosas teorías de sus "científicos". Sólo que tan sectarios privilegios y teóricos tan exquisitos no cabían más en las nuevas concepciones políticas, ideológicas y sociales de la centuria recién desempacada, ni mucho menos en la capacidad de resignación de un pueblo con más de treinta años continuos de tiranía ilustrada sobre sus espaldas.
Una nueva etapa se avizoraba como lejano trueno en el horizonte. Y nosotros ahora nos proponemos ir hacia ese trueno y las décadas que le siguieron, seleccionando, como nuestro hilo conductor, algunas consideraciones jurídicas, históricamente contextualizadas, relativas a los eventos sociales que se desataron a partir de que aquel trueno, en efecto, se convirtió en tormenta.
1. Revolución (documentos y leyes preconstitucionales)
Desde finales del siglo pasado, Wistano Luis Orozco y Andrés Molina Enríquez, en dos textos clásicos de la historiografía de la revolución («Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos» y «Los grandes problemas nacionales», respectivamente) enjuiciaron por primera vez de manera sistemática y global a la dictadura, tanto desde sus aspectos jurídicos como técnicos y políticos, demostrando no sólo lo absurdo de la estructura de propiedad agraria (latifundista, desnacionalizadora y por demás lesiva contra las otras formas de tenencia: comunidad, rancheros, pequeños propietarios y terrenos nacionales) sino lo inadecuado de sus regímenes de explotación (improductividad, ociosidad, conformismo y consumo infecundo de sus titulares, alta conflictividad social, etc.).
Se trataba de enjuiciamientos de carácter teórico pero, paralelamente, una gran parte de los intelectuales, de manera significativa los autores de la prensa marginal como el «Diario del hogar», «El Ahuizote», «El hijo del Ahuizote», etc., eligieron la trinchera de la crítica cotidiana al comportamiento político-administrativo del dictador y sus ministros, los jueces y los gobernadores, los jefes políticos y toda suerte de caciques que plagaron el horizonte de la arbitrariedad convertida en elemento institucional del despotismo paternalista porfiriano. Justamente es durante esos años y estas luchas cuando comienza el prestigio casi mítico de hombres como Filomeno Mata y Ricardo Flores Magón por su temeridad oposicionista contra la tiranía. Y en tanto que ésta, como signo inequívoco de esclerosis, se obsesionaba cada día con dejar atado y bien atado su régimen de privilegios, también el abanico de las oposiciones se fue desplegando hasta abarcar a la pequeña burguesía e, incluso, a un amplio sector de la burguesía nacionalista, más o menos marginada de los círculos exclusivos del gran poder y del gran dinero.
Ahora bien, por el lado de la gran masa de campesinos despojados, o que jamás habían tenido tierra, si algo no les faltó fueron explosiones de violenta inconformidad, si bien manifestada en movimientos localistas y sin programa, prácticamente a lo largo de los once mil días de dictadura. Y tampoco la situación de los asalariados de la ciudad era como para estar optimistas. Desde luego que estaba prohibida la lucha y organización sindicales, al igual que toda la lucha reivindicadora, desmontándose de inmediato en cada intento que en tal sentido realizaron algunos militares y anarcosindicalistas, tal y como sucedió al Círculo de Obreros de México, o a los 250 movimientos huelguísticos que a pesar de todo se realizaron en la última década del siglo pasado.
Si la clase obrera distaba mucho de ser la mayoría de la fuerza de trabajo, distaba más de ser la mejor organizada y dispuesta para la lucha, considerada en su conjunto, lo cual hacía inviable que una dirección con ideología proletaria se pusiera a la cabeza del descontento casi unánime para conducir el inminente estallido social. Queda claro, entonces, por qué el único sector capaz de levantar una dirección nacional lo fueron los intelectuales clasemedieros y pequeños burgueses, o incluso algunos miembros nacionalistas convencidos liberales de la burguesía más que bien acomodada, a la queperteneció sin duda el mismo Madero, los que sin buscar el rompimiento con el capital extranjero (y, por ende, tampoco con la dependencia) pretendían que los inversionistas de fuera se sujetaran a la legislación nacional en igualdad de condiciones, es decir, en calidad de socios no privilegiados respecto de los asuntos del país. Por ello, no obstante que revueltas y rebeliones no faltaron, la primera oposición políticamente organizada nació en forma de clubes liberales bajo la inspiración del ingeniero minero potosino Camilo Arriaga, miembro de una pudiente familia con inquietudes sociales desde el siglo pasado en que el diputado al Congreso Constituyente de 1856-1857, don Ponciano Arriaga (tío abuelo de Camilo) se significó entonces como el único legislador partidario de un agrarismo radical.
Camilo fundó en su estado natal y bajo el nombre de su ilustre ascendiente, el club liberal pionero del país, célula organizada con vistas a formar un partido político. Y dado que estos clubes proliferaron en todo el territorio, al poco tiempo se dio un paso concreto hacia la estructura partidaria con la "Invitación al Partido Liberal" del 30 de agosto de 1900.
El primer congreso del PLM dio inicio el 5 de febrero de 1901, y desde el principio se enunciaron ya dos sectores que con el tiempo llegarían a convertirse casi en antagónicos. Entre tanto, los militantes radicales del PLM serían inspiradores directos o indirectos de los más sonados movimientos huelguísticos de los primeros seis años de este siglo, algunos de los cuales obran entre los más brutalmente reprimidos por las corporaciones armadas porfiristas, o por mercenarios extranjeros con la culpable disimulación del régimen, como durante la huelga de mineros de Cananea, Sonora, en 1906.
A la larga, como ya se dijo, fueron tan irreconciliables las corrientes en el seno del PLM que una de ellas, la encabezada por Camilo Arriaga, uno de los fundadores, se sintió obligada a escindirse. Era ésta la verdadera vertiente liberal al estilo decimonónico; más ceñida a los tradicionales postulados democrático- burgueses de nuestra época reformista, tales como las libertades de expresión y de conciencia, por la efectiva separación de la iglesia y el estado, contra los privilegios y las corrupciones administrativa y jurisdiccional, contra la reelección, por la libertad de tránsito, de trabajo, el respeto a la Constitución y el juicio de amparo, etc., pero no se sentía exageradamente comprometida con otros problemas más profundos del pueblo, como sí le preocuparían a la corriente que permaneció en el partido y que siguió llamándose liberal sin serlo en sentido estricto.
Las limitaciones que le imponía su propia concepción teórica empujó al magonismo a alejarse de las masas miserables, analfabetas, "embrutecidas" e incapaces de liberarse a sí mismas, según el punto de vista ácrata, del estado de abyección a que las condenaba la servidumbre económica y cultural, por lo que no merecía la pena prepararlas para una revolución que de todas maneras nunca iban a asumir. Lo que habría qué hacer era redimirlas incluso a pesar de ellas, pero ¿quiénes harían entrar a semejante masa amorfa en el "reino de la libertad"? Sólo los hombres más libres, limpios y decididos eran capaces de construir ese hermoso mundo, esa "Ciudad del Placer y la Armonía" con la que todos los revolucionarios románticos de la tierra sueñan.
La tarea, por supuesto, no estaba al alcance de unos cuantos iluminados, y su rechazo al pueblo socialmente concreto con sus vicios y virtudes, pero con el único que se puede hacer política de masas, convirtió a los magonistas en presa fácil de la represión y, finalmente, en la primer gran derrota de las corrientes ideológicas revolucionarias, de suerte que su debilidad palmaria tornó inviable no sólo su bella utopía, sino hasta sus más modestos planteamientos de 1906, cuando publicaron el "Programa del Partido Liberal".
Paradójicamente ésta, la versión mexicana más acabada del anarquismo internacional, fue, en su tiempo, la única interpretación que entendió y planteó de manera más clara las necesidades históricas del pueblo mexicano, llegando a proponer, en la última etapa de su evolución ideológica desde las páginas clandestinas de «Regeneración», su periódico de "combate", la socialización de todos los medios de producción, la destrucción absoluta del latifundio y de las clases explotadoras e, incluso, en plena asunción del anarquismo, la destrucción de toda forma de Estado y de poder.
A. Programa del Partido Liberal
La persecución obligó a la junta organizadora del PLM a trasladarse a los EUA (San Antonio, Texas) desde donde vuelven a editar «Regeneración» para enviarlo a México, y luego, por idénticos motivos, tuvieron que emigrar hasta San Luis, Missouri, a principios de 1905. Por eso el programa del PLM de julio de 1906 está signado en aquella ciudad. En él se plantean por primera vez las reivindicaciones obreras que en su momento impactarían en el quehacer del Constituyente de 1916-1917 para encontrarles su espacio preciso en la carta magna que nos rige, tales como salario mínimo, jornada máxima, pensiones, jubilaciones, protección para mujeres y menores que trabajan, derecho de huelga, reparto de utilidades, vacaciones, descanso semanal, etc. Otras reivindicaciones propuestas en el programa serían las agrarias (fraccionamiento de latifundios y haciendas, reparto de tierras, devolución de propiedades comunales, supresión de deudas y tiendas de raya, creación de un banco agrícola, etc.), las referentes a la educación laica, gratuita, obligatoria y prohibitiva en su impartición por el clero; supresión del servicio militar obligatorio, reducción del periodo presidencial y sin reelección, supresión de algunos impuestos, reformas familiar y judicial, respeto a las garantías individuales y otras más.
Ricardo Flores Magón, el dirigente del sector radical del PLM, vivió gran parte de su vida en las cárceles mexicanas y de los EUA, muriendo estrangulado y sin ver nunca más su tierra patria, pero personalmente invicto, en la cárcel de Leavenworth, EUA, el 21 de noviembre de 1922.
B. Madero y el Plan de San Luis
El maderismo no sólo abrevó en las herencias liberal, magonista y la del propio Madero por lo que hace a sus años de "precursor" (a partir de 1910 sería también sujeto directo de la revolución) sino que asimismo se nutrió de las fracturas que se produjeron en las mismas filas del régimen, como fue el caso del llamado reyismo; movimiento encabezado por don Bernardo Reyes, el militar de máximo nivel jerárquico después de don Porfirio, ministro de guerra, gobernador y "patriarca" de Nuevo León, adornos todos ellos que no fueron suficientes a la hora de los grandes deslindes políticos.
Después de la famosa entrevista Díaz-Creelman (1908) en la que el viejo dictador manifestó su disposición a dejar el poder, puesto que el pueblo de México ya estaba, según eso, maduro para la democracia, por lo que hacía un llamado a todas las personas de buena fe para que se constituyeran en partidos con vistas a la inminente lucha democrática, etc., el general Reyes le tomó la palabra al viejo zorro y se puso a organizar a sus partidarios para el reemplazo del dictador, llegada la hora, pero dentro de los grandes cauces del modelo porfirista. De suerte que cuando el caudillo dio marcha atrás en sus promesas y don Bernardo no se atrevió a dar el paso que lo colocara a la cabeza de la oposición, muchos de sus partidarios, desencantados de él, esperaron la ocasión para escindirse, la cual se les presentaría cuando Madero nucleó alrededor de sí a un amplio abanico de fuerzas sociales afectadas, quienes más quienes menos, por el cada vez más hermético régimen.(3)
Madero publicó en 1908 un libro que produjo revuelo político en todo el país, porque fue como una bomba de terroristas lanzada por el pequeño opositor al rostro solemne del poder. Este libro («La sucesión presidencial en 1910») fue casi el punto de no retorno que ubicó a Madero en la franca oposición. Y ese "casi" implica que realizó serios intentos por entenderse con Díaz hasta el último momento, no obstante lo cual éste nunca olvidaría los duros juicios de pretorianismo, déspota y poco inteligente para rescatar su imagen ante la historia que le lanzó Madero.
Madero también era un burgués, pero no vinculado al grupo "científico" ni al capital exterior, y si las contradicciones entre los sectores de la burguesía llegaron a volverse antagónicas, sobre todo a partir del último fraude electoral de Díaz, fue porque éste nunca consideró un posible entendimiento como condición necesaria para la sobrevivencia del régimen. Pero se antojaba del todo fantasioso que Madero, con la única fuerza de sus partidarios naturales, pudiera derrotar a quienes seguían detentando todos y cada uno de los órganos e instrumentos del poder. De forma que el Plan "de San Luis" (redactado en San Antonio,
Texas, al salir Madero de la cárcel a que lo redujo Díaz durante las últimas jornadas de campaña y de las de elección) tuvo también objetivos más allá de una cierta y honesta vocación democrática.
Si el primer gran problema nacional era el agrario, entonces el punto tres del plan sirvió asimismo como un puente táctico a través del cual transitarían las grandes masas de peones, campesinos sin tierra y campesinos despojados de ella, para dotar del contingente armado que enfrentaría al poder del dictador porque, como es sabido, el punto tercero del plan, en su párrafo tercero, promete revisar todos los fallos emitidos tanto por la secretaría de Fomento como por los tribunales de la República, cuyo verdadero fin fue el despojo agrario de campesinos y comunidades, para restituir dichas tierras a sus legítimos propietarios, pagándoles además, quienes las hayan detentado de manera tan ilegal, una justa indemnización.
Después de la dimisión de Díaz bajo la presión de las fuerzas villistas y orozquistas, y mediante los Tratados de Ciudad Juárez, Madero llegaría al poder en unas elecciones inusualmente limpias y con un consenso casi unánime. Entonces ¿por qué quince meses después se queda casi solo frente a los dramáticos acontecimientos de la Decena Trágica?
Lo más lejano a "la política" es la buena fe, y Madero era, esencialmente, un hombre de buena fe; además, creía satisfechos los objetivos del movimiento por él encabezado con la simple consagración de los principios de la no reelección y el respeto puntual a la voluntad ciudadana expresada en el sufragio, sin querer creer en la evidencia de que lo que para él era la esencia de la revolución, para el pueblo que lo acompañó, sin dejar de ser importante, se convertía más bien en un añadido que no estaba mal, pero después de resolver problemas mucho más acuciantes de su vida cotidiana.
Pero en su caída tampoco estuvieron ausentes los graves errores que algunos de sus amigos le reclamaban. Ya desde los mismos Tratados de Ciudad Juárez se violaron algunas promesas del Plan de San Luis, que ofrecía procesar al dictador y a sus principales colaboradores, a quienes, en cambio, se ofreció un cómodo exilio parisino, que ellos aceptaron después de imponer al presunto triunfador a un porfirista, Francisco León de la Barra, como presidente interino, y los absurdos compromisos de que no se desmontarían las estructuras militar y administrativa del régimen supuestamente derrotado, con la obligación adicional de asumirlas, Madero, como su ejército regular y su aparato gubernativo. Y acto seguido fuerza Madero el licenciamiento de las fuerzas irregulares que lo habían llevado al triunfo. Y si a todo ello le agregamos la recién ganada enemistad del zapatismo por el flagrante incumplimiento de sus compromisos agrarios asumidos en el punto tercero del plan, y la mezquina infidelidad del orozquismo, se comprenderá por qué a la hora en que Huerta, Mondragón y Félix Díaz consumaron el golpe de estado en su contra, no se produjo ningún levantamiento popular en defensa de su investidura, no obstante la indignación que en efecto produjo su posterior asesinato.
Pero las reivindicaciones agraristas contenidas en el punto tres de su plan sirvieron de antecedente al asumir, años después, la necesidad de consagrar en un apartado (el de las garantías sociales) y en un artículo (el 27 constitucional) el grave problema agrario del país, más allá de tecnicismos de pureza jurídica.
C. Los EUA y la Decena Trágica
Entre tanto, ¿cuál fue el papel que jugó el gobierno de los Estados Unidos en los acontecimientos que desembocaron en la llamada usurpación huertista? Es verdad que ante los ojos de la administración Taft, don Porfirio se trasformó en una herramienta deteriorada del todo en el breve lapso de sus insospechados postreros días, por lo que hubo de aceptar y hasta con cierta diplomática simpatía, la opción de recambio en la persona de un hacendado liberal como Madero. Pero esta opción, a su vez, pronto empezó a dar muestras de que, en tratándose de la prepotencia con que los intereses extranjeros se habían manejado en el país durante la dictadura, era ya imposible suponer que operaría una simple y llana restauración.
Una muestra de lo anterior se produjo el 3 de junio de 1912, cuando el gobierno maderista emitió el primer decreto de nuestra historia para fijar gravámenes fiscales a la industria petrolera. Desde luego que el insignificante impuesto de veinte centavos de dólar por tonelada de crudo a que ascendía la carga tributaria no significaba un sacrificio digno de tomarse en cuenta para las poderosas compañías extranjeras que explotaban y disponían de casi el 100% del estratégico energético, pero fue asumido por éstas como una ofensa intolerable hacia la tradicional impunidad que disfrutaron con Díaz.
A partir de aquel momento, Henry Lane Wilson, embajador norteamericano en nuestro país y partidario de una restauración en la persona de Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, asumiría las funciones de coordinador eficiente entre aquellos que ocho meses después consumarían el golpe de estado y el asesinato de los gobernantes constitucionales de México. Wilson fue asistido muy de cerca por Hintze, jefe diplomático alemán y más partidario de Huerta, aunque sus congéneres de Inglaterra y España tampoco se ciñeron a las añejas reglas del protocolo y el derecho internacional al "sugerir" (el representante español a Madero) a nombre del comité diplomático pero a instancias de Wilson, su renuncia inmediata al poder el 15 de febrero de 1913.
Como se sabe, fue en la embajada norteamericana donde se reunían los conjurados para preparar el golpe donde se pactó el reparto del poder y las reglas a las cuales se atendrían tanto Huerta como los amotinados de la Ciudadela (Mondragón y Félix Díaz) antes incluso que a Madero y Pino Suárez les fuera arrancada su renuncia. Y cuando años después, según la costumbre, se levantó en Washington el secreto diplomático sobre los documentos que daban razón al vergonzante episodio, la correspondencia de Wilson con el presidente Taft y el secretario de estado Knox abunda en un primitivismo tan cavernario (como el telegrama aquel donde se vanagloriaba de haber "derrocado" a Madero) que sólo se comprende ateniéndose a la frase célebre que décadas después pronunciara John Foster Dulles: "Los Estados Unidos no tienen amigos, sólo intereses".
D. El Plan de Guadalupe y el Constitucionalismo
La sustentación jurídica previa que fundamenta el levantamiento de don Venustiano Carranza en contra del gobierno surgido del golpe de estado contra Madero, la encontramos en la propia legitimidad que sostenía el Varón de Cuatro Ciénegas en tanto que gobernador constitucional del estado de Coahuila a la hora en que Huerta asalta el poder central.
Carranza, como todo gobernante al asumir su cargo, había jurado acatar las constituciones federal y de su estado, así como los regímenes jurídicos de ellas derivados, y como, en su opinión, estos regímenes habían sido rotos por un usurpador y sus cómplices, la rebelión como mecanismo de reencuentro con los cauces legales estaba más que plenamente justificada, no obstante que la pureza de la técnica jurídica estuviera indicando, como en muchos otros ejemplos de divorcio entre la ética cívica y la forma, que habían sido externamente observados los mandamientos constitucionales.(4)
Carranza, como político formado durante el porfirismo, y hacendado liberal también, igual que Madero, no era un devoto partidario de las reformas sociales, y cuando estuvo dispuesto a hacerlas constar entre sus propósitos específicos, fue más bien ante la perspectiva de golpear a sus enemigos políticos, de preferencia con las propias armas de éstos para arrancarles sus banderas (léase por ejemplo Villa y Zapata) e inclinar en cierto sentido la correlación de fuerzas. Desde luego debía entenderse que todo lo que se pudiera avanzar por ese camino se admitiría como concesiones hechas desde los órganos del poder y nunca como la reivindicación de un derecho ejercido por los propios afectados. Fue por ello (y por la razón táctica, según Carranza, de presentar el más amplio espectro de fuerzas opositoras a la usurpación) por lo que en el Plan de Guadalupe (26 de marzo de 1913) se opone sistemáticamente a las opiniones de quienes con él lo signaron y no aparece ningún ofrecimiento de reformas, limitándose a pugnar por el reencauzamiento jurídico del poder, para lo cual se procede a desconocer a Victoriano Huerta, al igual que a los órganos del poder federal y de los estados que lo habían reconocido como gobierno legítimo; se crea el Ejército Constitucionalista, designando al mismo Carranza como su Primer Jefe y encargado interino del poder ejecutivo federal a la hora de tomar la ciudad de México, con los propósitos de echar a andar de nueva cuenta la maquinaria del estado y llamar a elecciones generales. De igual manera otorgaba facultades al Primer Jefe para, en el trascurso de la guerra, designar gobernadores en los estados que hubieran reconocido al usurpador y para dictar las medidas de emergencia que fuesen pertinentes mediante una junta de jefes revolucionarios al término de la lucha. Así nació el Constitucionalismo.
Con el levantamiento constitucionalista se inicia la segunda etapa armada de la revolución; la etapa más violenta, a la vez que la de mayor amplitud geográfica y en la que irrumpe, con sus limitaciones y virtudes, la muchedumbre de marginados como sujeto actuante y estelar de la gran historia. A diferencia de la más bien floja enjundia que caracterizó al maderismo en los primeros días de su llamamiento armado, ahora, de la noche a la mañana, los campesinos, un número granado de líderes naturales más o menos jóvenes y más o menos progresistas y algunos viejos políticos como Carranza y don Abraham González, levantaron ejércitos irregulares a lo largo y ancho del país y, distribuidos en divisiones bajo la primera jefatura de don Venustiano,(5) cubrieron casi toda la geografía para realizar la autocrítica del maderismo, como le llama Arnaldo Córdova, a la más feroz crítica de sus enemigos con las armas en la mano y hasta su total aniquilamiento. Sin embargo, la disímbola procedencia de los jefes militares constitucionalistas produciría graves discrepancias que pusieron en jaque en más de una ocasión la endeble unidad del movimiento, unidad que al poco tiempo de su constitución empezó a prefigurar la tremenda lucha de facciones que se inauguraría recién consumada la derrota del huertismo.
En efecto, en unos casos por entender de manera frontalmente distinta el mundo y en otros por rivalidades de poder, a mediano plazo resultarían incompatibles al autoritarismo intolerante de Carranza, las aspiraciones entre agraristas y militares de Francisco Villa, los modelos de capitalismo agrícola de los hombres de Sonora (con Obregón a la cabeza) y la fidelidad comunero-pueblerina de Zapata, quien sin oponerse al Constitucionalismo nunca fue constitucionalista, de la misma manera en que apoyó a Madero durante la insurrección contra Díaz. La primera de estas pugnas se dio entre el ala popular de la revolución (encabezadas por Zapata y Villa) y su ala conservadora, por así decirlo, cuyos dirigentes más connotados lo eran Carranza y Obregón, pero sustantivándose sobre todo en las tensiones personales Carranza-Villa que acabarían con la poderosa División del Norte en 1915, lo cual no significó otra cosa que el inicio de un largo y sangriento proceso de eliminación de unos caudillos por otros, todos ellos procreados por la misma revolución en cuyos no siempre honorables cauces difícilmente podían caber los unos y los otros.
E. Zapata y el Plan de Ayala
Un nuevo sujeto político determinante en el siglo XX lo han sido las masas (populares y de la llamada clase media). Las muchedumbres mexicanas irrumpieron en la revolución de manera incontenible con sus trebejos y descendencia a cuestas, dando al traste no sólo con el concepto clásico de ejércitos regulares sino con el estilo exclusivamente machista de la guerra. El maderismo y el carrancismo les significaron un escenario a nivel nacional en el cual se adaptaron de manera por demás creativa para la sobrevivencia. Y ciertamente su fuerza telúrica fue inducida con mayor o menor facilidad hacia intereses que en última instancia no eran los suyos históricamente considerados; también es verdad que el poder que generaron en sus beligerantes desplazamientos fue capaz de arrastrar "un poco más allá" el carro de las reformas de lo que buenamente hubieran preferido los dirigentes pequeño-burgueses. Su propia necesidad de mantener aquel poder en calidad de disponible obligó a estos dirigentes a reconocérseles un buen número de exigencias. Fue por ello que en la legislación, incluida la de emergencia, es decir la preconstitucional, elaborada durante la guerra, se van plasmando algunas conquistas que constituirían el equipaje social de la revolución.
Pero no todos los dirigentes revolucionarios fueron pequeño-burgueses como Obregón y burgueses como Madero y Carranza. Los hubo también que surgieron desde las profundas fuentes de la tradición y el sufrimiento de los pueblos. Zapata fue unos de ellos y, sin lugar a dudas, uno de los hombres más limpios e incorruptibles de este siglo.
La región donde se encuentra uno de los estados pequeños del país, Morelos, es una de las que por más tiempo han logrado mantener, no sin grandes sacrificios, sus ancestrales costumbres, tanto por lo que hace a sus formas de propiedad agraria, como a su convivencia cultural y solidaridad social. Ya desde el juarismo, y a lo largo de toda la dictadura de Díaz, tuvieron que soportar casi indefensos las más despiadadas campañas de despojos y agresión de toda su historia, más despiadadas incluso que durante la dominación española, cuyos administradores les reconocieron por lo menos un estatuto jurídico especial y les erigieron un tribunal para que ventilaran sus asuntos, estatuto e instancia que les serían arrancados después de la independencia (aunque esto ya se había decidido desde las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII) y explícitamente denegados en las leyes de Reforma. De suerte que ya desde finales del siglo XIX la casi totalidad de las tierras de los pueblos de Morelos habían pasado a manos de prominentes porfiristas que con el apoyo militar y financiero del régimen establecieron ahí la más moderna industria azucarera del país. Morelos fue, por ello, una de las zonas del país donde las contradicciones sociales y políticas resultaron más violentas (dada la extrema polaridad de los modos de producción en pugna) y donde, desde muy pronto, brotó una resistencia armada por la reivindicación de las propiedades y la cultura comuneras. Estos fueron los nutrientes profundos del zapatismo y de Zapata.(6)
Como se sabe, los zapatistas iban realizando su reforma agraria sobre la marcha muchas veces zozobrante de los acontecimientos. Es decir que ejecutaban, a su saber y entender, sus conceptos de justicia social como producto de su propio esfuerzo armado e independiente, lo que los haría chocar tanto con los porfiristas como, en su momento, con Madero y Carranza, ya porque los derechos comunales no podían caber en el régimen de privilegios de los primeros, ya porque el segundo no estuvo dispuesto a realizar las reformas prometidas o bien porque sólo estuvo dispuesto a prometerlas siempre que con ello obtuviera alguna ventaja política concreta, pues, por añadidura, tratábase de potestades que nomás competían, en su opinión, a la alta investidura del poder, que por entonces él encarnaba, y no a tal o cual facción por muy revolucionaria que ésta fuera.(7)
Frustrada la expectativa de que Madero legalizara la reforma agraria que por vías de hecho los zapatistas ejecutaban, estos desconocen en aquél su dirigencia revolucionaria y levantan su propio programa reivindicador, el "Plan de Ayala", cuyo principal objetivo era el de cumplir sin intermediarios los ofrecimientos hechos al pueblo de México en el punto tercero del plan maderista, si bien es verdad que por esas fechas se empiezan a preocupar, apenas, por el problema del poder político nacional, lo que, sin embargo, no los condujo a preocuparse por extender su movimiento armado al resto del territorio. Lo más probable es que de haber intentado esto último tampoco lo hubieran conseguido, pero el caso es que ni siquiera lo intentaron, por lo cual el punto segundo del plan no produjo ninguna consecuencia más allá de constar como un enunciado que, acaso, en otra ocasión tomarían en cuenta. Pero en la medida en que no eran los puntos de orden administrativo los atosigantes en su horizonte cotidiano, centraron su preocupación en aquellos que, como el sexto y el séptimo, ordenaban la ejecución de la reforma agraria tomando la tierra de las haciendas "previa indemnización" de la tercera parte de su valor, pero sólo a aquellos hacendados que no se opusieran a la revolución del sur. Esta figura de la previa indemnización ya consagrada en la Constitución de 1857 era, en el contexto zapatista, más una táctica que una declaración de principios, pues era claro que todos los hacendados se opondrían, tal como sucedió, tanto al punto seis (la devolución de sus tierras a comunidades e individuos despojados de ellas y cuyos títulos así lo demostraran) como al punto siete, que funciona ya como una propuesta a todos los campesinos del país para repartir la tierra de las haciendas a quienes "no son más dueños que del terreno que pisan". Es en este punto donde todavía (noviembre de 1911) los zapatistas aceptan la figura de la indemnización pero ya para 1914 desecharon del todo esta posibilidad en respuesta al recrudecimiento de la represión huertista.(8)
Ahora bien, existen suficientes consideraciones teóricas para sostener que el zapatismo no fue una revolución, aunque sí un movimiento revolucionario que trataba de recuperar una antigua tradición comunera que en el contexto de la dictadura se convirtió en una alternativa de liberación o, como lo escribe John Womack, se trataba de unos campesinos que fueron capaces de hacer una revolución "para no cambiar", es decir, para recuperar su viejo paraíso perdido y comunal. Pero lo eficiente de su movimiento consiste en que, bajo su influjo, tanto los constitucionalistas como los constituyentes de 1916-1917, se vieron constreñidos a reconocerle un espacio muy principal a sus demandas en nuestra legislación
social
F. Algunas leyes preconstitucionales de observancia local
En realidad los pocos decretos que Madero tuvo ocasión de emitir durante su breve y atosigado mandato (Ley sobre escuelas rudimentarias, creación de la Escuela Libre de Derecho, etc.), carecieron de trascendencia en proporción a los verdaderos grandes problemas que no quiso, y a veces incluso no lo dejaron enfrentar. Por lo que hace a la explosiva cuestión agraria, rechazó implícitamente las sugestivas conclusiones a que llegó la Comisión Agraria Ejecutiva (designada por él mismo para estudiar tan complicado asunto y proponer medidas con miras a solucionarlo) cuyos integrantes, en su dictamen de mediados de 1912, le recomendaban modificar la legislación entonces vigente para "reconstruir los ejidos de los pueblos... bajo la forma de propiedad comunal". Madero, sin embargo, siguió sosteniendo la inafectabilidad de las grandes haciendas y la urgencia del apoyo financiero para que remontara su añeja infecundidad, en los mismos momentos en que ya el zapatismo ("este amorfo socialismo agrario" salido de las "rudas inteligencias de los campesinos de Morelos", según lo expresara Madero en su primer informe de gobierno) estaba optando por la simple y llana confiscación.
Los anteriores propósitos y prejuicios maderistas se retratan de cuerpo entero en el decreto del 18 de noviembre de 1911, mediante el cual se crea una "caja de préstamos para las obras de irrigación y fomento de la agricultura", cuya palmaria pretensión fue la de modernizar la estructura agrícola para tornarla eficiente y ampliar las superficies en producción (lo que equivalía un poco a querer reproducir la llamada "vía junquer" en la agricultura capitalista, intento ya fracasado con don Porfirio) para no verse obligado, ya siquiera, a proponer la "compra" de su propiedad a los latifundistas, fraccionarlas y venderlas en pequeñas propiedades, como de alguna manera lo prevé el decreto de marras.
Más acatamiento observaron, y mayor impronta dejarían para los posteriores trabajos del Constituyente, algunos decretos que, no obstante su ámbito local, emitieron varios jefes constitucionalistas por delegación expresa de don Venustiano, quienes se hicieron provisionalmente responsables del gobierno civil y/o militar en algunos estados entre 1914 y 1916. Se trata, sobre todo, de inequívocos antecedentes del artículo 123 de la actual Constitución. Algunos de estos decretos, como sucedió en Tabasco (Luis F. Domínguez y el general Ramírez Garrido) tipificaron e impusieron, desde ya, las categorías de salario mínimo y jornada máxima, disponiendo al mismo tiempo la cancelación de las deudas de obreros y peones.
Otros, como sucedió en Jalisco (Manuel M. Diéguez, 2-IX-1914, y Manuel Aguirre Berlanga, 7-X-1914 y 20-XII-1915) reglamentaron el descanso semanal, las vacaciones y las relaciones entre obreros y empresarios. E igual aconteció en Veracruz sobre los mismos tópicos anteriores (Cándido Aguilar, 19-X-1915) y sobre asociaciones profesionales (Agustín Millán, 6-X-1915).(9)
Especial mención merecen "las cinco hermanas" (igual número de famosas leyes reglamentarias de las materias laboral, de hacienda, de catastro, agraria y del municipio libre) que trasformaron el horizonte judicial en el estado de Yucatán durante el tiempo en que el general sinaloense Salvador Alvarado se hizo cargo del gobierno de la entidad. En este periodo, y al mismo tiempo que promovía la erección de cooperativas henequeneras. Alvarado creó, además, las Juntas de Conciliación y un Tribunal de Arbitraje para conflictos individuales y colectivos, como órganos fundacionales de la moderna jurisdicción laboral.(10)
Sendos órganos laborales como los anteriores se crearon asimismo en Veracruz (1914), Jalisco (1915) y Coahuila (1916).
G. Villismo y Ley General Agraria de Francisco Villa
El sur comunero y milenario y el norte latifundista y "occidental" eran, y hasta cierto punto siguen siendo, dos mundos completamente distintos. En el norte del país, ni siquiera mesoamericano, los conquistadores no habían encontrado obstáculos, salvo los de índole natural, en su afán desmedido por acumular tierras, puesto que desde siempre tratábase de parajes y llanuras deshabitados. Las escasas tribus nómadas que cruzaban el paisaje norteño pocas veces les disputaron la posesión de tal o cual territorio,(11) pues, a decir verdad, los términos de propiedad, límites, coto y similares, no demostraban conceptos muy específicos, y mucho menos permanentes, para aquellos naturales sólo esporádicamente agricultores.
El sur nació colectivo hasta en la estructura mental de sus habitantes. El norte, con apenas medio milenio, nació ególatra y latifundista y, siglos después, se convirtió en la región interminable sobre la que se llegarían a fundar las haciendas más grandes de la tierra.
El eje, pues, de la lucha social en el norte no lo constituyó la restitución de la propiedad comunal que jamás existiera, sino la destrucción de la gran hacienda latifundista para fraccionarla en pequeñas propiedades agrarias y repartirlas entre gentes que no podían reivindicar ningún derecho previo, puesto que jamás habían sido propietarios. Fue esto lo que nutrió la raíz de la lucha y el fenómeno villista; una raíz, como se ve, menos profunda y más "moderna" que aquella que sostenía al Ejercito Libertador del Sur.
Villa es el caso típico de un hombre puesto fuera de la ley por los dueños del poder y de la tierra, el cual entrelaza su historia y hazañas de "amigo del pueblo" a la historia total de su país, en los momentos en que ese país atraviesa por un periodo de revolución. El maderismo le brinda la oportunidad de sumergirse, como en un río de aguas bautismales, para redimir su historia personal de perseguido y emerger trasformado cualitativamente en otro hombre, es decir: de varón a salto de mata en jefe armado de una revolución nacional desde sus primeros pasos. Pero, a diferencia de Zapata, nunca llegó a contar con un programa y objetivos más o menos estables y orgánicos a su movimiento. Posiblemente no creyó necesario contar con tal programa, suponiendo que bastaba la enorme fuerza militar que sin duda llegó a reunir para que lo demás se pudiera dar como por añadidura. Gran parte de su comportamiento estaba determinado más que por grandes y claros principios de reivindicación social (los que sin embargo fue procesando en su trato con otros revolucionarios e intelectuales que se le fueron incorporando) por motivaciones muchas veces emocionales. Por ello, a diferencia también de Zapata, cuando Madero no respondió a las perspectivas de los campesinos mexicanos, Villa no se creyó obligado a rebelarse mediante su propia alternativa de revolución.(12)
Las grandes demandas del villismo (fraccionamiento y reparto de la gran hacienda, autonomía municipal, colonias agrícolas militares, etc.) se encuentran dispersas en declaraciones, versiones taquigráficas de pláticas, manifiestos, proclamas, el periódico oficial de Chihuahua y en «Vida nueva», órgano de prensa de la División del Norte. Y aunque no se puede hablar de un pensamiento muy sistemático, las aspiraciones contenidas en él, en cambio, hunden sus raíces hasta mediados del siglo XVIII, cuando la corona española promovió la fundación de colonias militares en el norte del virreinato con hombres dispuestos a establecer allá sus dominios y defenderlos con sus propios medios de los residuos de bandas nómadas que asolaban aquellas latitudes, el corolario de lo cual fue el otorgamiento de derechos políticos especiales en los que la autosuficiencia económica y una virtual independencia de sus municipios respecto de los gobiernos central y provinciales constituían su más orgulloso estatuto. El porfiriato les significó el despojo de aquellas tierras tan difícilmente retenidas y la liquidación de su preciada autonomía. Por eso las banderas villistas fueron también, esencialmente, las de otros caudillos norteños que, como Obregón, llegaron a ser, sin embargo, enemigos acérrimos del famoso Centauro del Norte.
Pero aquello que sí nos muestra la materialización de un ideario agrarista más o menos orgánico, lo encontramos en la Ley General Agraria que Villa, en su calidad de general en jefe de operaciones de un Ejército Convencionista muy hostigado, expide desde la ciudad de León, Guanajuato, el 24 de mayo de 1915. Y es muy posible que Villa se ilusionara con la idea de rehacer su ya declinante fuerza política y militar con esta ley en vísperas de las severas y a la postre definitivas derrotas que le propinarían las huestes de Obregón. Recuérdese que este tipo de "milagros" ya le habían ocurrido al mismísimo Carranza a principio de aquel año de 1915. No hay duda que durante los últimos meses de 1914 los hombres fuertes del país lo eran Villa y Zapata. Concluida la Soberana Convención Revolucionaria realizada en Aguascalientes, ésta dispuso trasladar a la ciudad de México el gobierno nacional de ella surgido (denominado convencionista y encabezado por Eulalio Gutiérrez) por lo que Carranza se vio en el caso de buscarle refugio al suyo (que se siguió llamando constitucionalista) en la ciudad-aduana de Veracruz (como muy estratégicamente lo había hecho Juárez en el siglo pasado) desde donde lanzó las adiciones al Plan de Guadalupe (12 de diciembre de 1914) y la Ley del 6 de Enero de 1915 que tantos dividendos redituaron a su causa, para que literalmente se levantara de la lona a derrotar la temible División del Norte.(13) Pero con todo y que el decreto villista no produjo una recomposición de las fuerzas militares como era creíble esperaba Villa, merece la pena considerar sus principales postulados, ante todo porque a uno le queda la impresión de que se trata de un documento inusitadamente menos radical de los que cabría esperar de uno de los "campeones" del agrarismo mexicano.
En efecto, esta ley no fija límites a la pequeña propiedad, sino que, conforme a su artículo 1º, se deja a los gobiernos de los estados la facultad de establecerlos en sus respectivos territorios, ambigüedad que de manera invariable (incluso cuando es menos imprecisa, como en la legislación actual) abre jugosas brechas a los abusos y a la corrupción administrativos, además de que el artículo 18 permite al gobierno federal autorizar la propiedad sobre fracciones mayores a aquella para empresas agrícolas que tengan por objeto "el desarrollo de una región". Ahora bien, los criterios para calcular la pequeña propiedad, según el artículo 2º (cantidad de agua para riego, superficie del estado, densidad de población, calidad de la tierra, etc.), no resuelven los riesgos que supone la vaguedad de los artículos 1º y 18, por lo que tampoco existe una certeza jurídica plena sobre lo que se denomina "excedentes", los que, rebasados los límites de la pequeña propiedad, se deberán declarar de utilidad pública para su correspondiente fraccionamiento, como lo dispone el artículo 3º, mismo que establece la obligación de los gobiernos estatales de indemnizar a los latifundistas por la expropiación de sus excedencias. Y si bien aquí se dice "mediante indemnización" (lo que supone que dicho pago se podría efectuar antes, durante o después de la expropiación), más adelante, en el artículo 11, queda claro que en ningún caso se decretará la posesión, ni se procederá a la ocupación de las tierras "sin que antes se hubiera pagado la indemnización correspondiente", lo que da a ésta el carácter efectivo de "previa indemnización". Y por lo que hace al problema de las tierras de los pueblos indígenas, Villa propone una solución que hubiera provocado un choque frontal con los zapatistas, pues, según el artículo 4º, igual se expropiarían los terrenos circundantes a dichos pueblos (sin importar, puesto que no lo explícita, que previamente hubieren pertenecido o no a esos pueblos) los cuales se repartirían en "pequeños lotes" (la fracción V del artículo 12 establece que estos lotes, precisamente estos, no excederían de 25 hectáreas) ente los habitantes de los mismos pueblos que estuvieran en "aptitud" de adquirirlos. ¿Y qué implica la palabra "aptitud"? Entendemos que este concepto no sólo supone edad suficiente para ser titular de un derecho agrario o capacidad por falta de propiedad , sino también tener el dinero suficiente para ello, pues, conforme al artículo 12, todas las tierras expropiadas se fraccionarían en lotes y la enajenación que de ellos se hiciere sería "siempre a título oneroso", y el "precio de costo" que se fijare estaría gravado además por los gastos de apeo, deslinde y fraccionamiento, así como un 10% más para crear el crédito agrícola nacional.
El caso es que con la hipotética aplicación de esta ley de nueva cuenta quedarían en desventaja los indígenas del país, a quienes, aparte de que se negaba su costumbre secular de poseer comunalmente las tierras, se les dificultaba, en los hechos, la posibilidad de adquirirlas al tener que pagar un precio y los gastos adicionales estipulados. Además, a ellos sí se les fijaba una cantidad máxima de posesión mientras a los presuntos pequeños propietarios no se les fijaba ni la mínima.
Por otro lado ¿no había sido acaso el gran error de los juaristas el poner en venta una gran cantidad de bienes raíces que nunca pudieron adquirir aquellos para quienes, en teoría, estaba dirigida la reforma en materia agraria (los campesinos sin tierra por carecer de todo capital, con lo que a la larga sólo se produjo una remonopolización agraria?(14)
H. Ley agraria y programa de reformas de
la Soberana Convención Revolucionaria
Las grandes batallas villistas, como las de Torreón y Zacatecas, acabaron de hacer polvo la columna vertebral de los ejércitos huertistas, derrotados los cuales emergieron con toda su fuerza las contradicciones que, cada vez con menores sonrojos, venían latiendo desde tiempo atrás entre el Centauro del Norte y el Varón de Cuatro Ciénegas. Este logró postergar el arribo de Villa a la capital confiscándole el combustible para sus trenes, medida que permitió a Obregón tomar él primero aquella ciudad, corazón y cerebro del poder en México, a nombre del ala conservadora del Constitucionalismo que don Venustiano encabezaba.
En supuesto acatamiento del punto 6 del Plan de Guadalupe ("consolidar la paz") Carranza convocó, desde la capital, a una junta de jefes revolucionarios con mando de fuerzas para dar los primeros pasos en el reencauzamiento de la vida nacional, pero excluyendo de ella a villistas y zapatistas. Se trataba de una descortesía rayana en el típico madruguete a la que, unos por estar convencidos de lo incorrecto de la medida y otros seguramente por temor a las represalias de Villa, cuestionaron ante el Primer Jefe como no enteramente legítima, por lo que éste tiene que acceder y convoca para los mismos efectos en una "ciudad neutral" a la cual el mismo Carranza no asistió para no legitimar con sus investiduras de Primer Jefe y presidente interino los acuerdos de ahí emanados y, en su caso, quedar en libertad para desconocerlos, pues su agudo olfato le indicaba que de aquella "neutralidad" no podía salir nada bueno para su jefatura.
En Aguascalientes, ciudad designada para efectuar la convención entre septiembre y octubre de 1914, confluyó el mayor número de corrientes político-militares que hayan participado jamás en una misma revolución, aunque ésta con múltiples derivaciones, para polemizar, con azoro campesino, sobre las grandes cuestiones nacionales. En ella nadie tomó la palabra a nombre de otros marginados, pues cada cual tenía suficientes motivos para hablar de los problemas del país ejemplificando con su propia experiencia personal y desde la asombrosa novedad de quienes nunca soñaron con llegar a sentir en sus manos la densidad de los destinos de su patria. Y aquella que fue tal vez la deliberación más representativa de toda nuestra historia, generó, con una lógica escueta de tan legítima, las respuestas más simples, y dignas de mejor suerte, para las dificultades más complejas del país.
De entrada, como temía Carranza, la convención se declaró a sí misma soberana, es decir, se revistió del más alto nivel de legitimidad por sobre todas las autoridades e instancias existentes al momento en el país, y fueron dos los conspicuos frutos arrojados por sus no siempre ortodoxos debates. El primero de ellos (Ley Agraria de la Soberana Convención Revolucionaria) implica el pleno reconocimiento que concedían los convencionistas al problema de la tierra, por lo que les mereció la elaboración y aprobación de un decreto de la más alta jerarquía sobre el asunto, cosa que no hicieron con las demás cuestiones, que quedaron englobadas en un documento general (Programa de reformas político-sociales de la Soberana Convención Revolucionaria) y que constituye el segundo de sus frutos importantes.
Después de hacer un reconocimientos expreso al Plan de Ayala zapatista desde su primer considerando,(15) la ley ordena (artículo 1º) la restitución de tierras a comunidades e individuos, y, como estableciera el Plan de Ayala, trasladaba a los terratenientes (artículo 2º) la carga de la prueba en contra de la anterior disposición, pudiendo los pueblos de indios (artículo 3º) poseer y administrar sus tierras en la forma que ellos juzgaren conveniente.
El artículo 4º ordenaba que para crear la pequeña propiedad se expropiarían "todas las tierras del país", salvo las de comunidades, rancherías y predios que no excedieran el límite fijado por esta misma ley en su artículo 5º.(16)
El artículo 10 establece la simple confiscación de los predios rústicos en poder de los "enemigos de la revolución", mismos que en el artículo 6º caracteriza en siete incisos. Ahora bien, las tierras expropiadas lo serían "mediante debida indemnización" (artículo 7º) pagada con el 20% (artículo 27) de las fincas urbanas, obras materiales, fábricas y equipos de los enemigos de la revolución, pues con este fin, y por mandato del artículo 22, también serían confiscados. Igualmente quedan permitidas las colonias agrícolas "cualquiera que sea la naturaleza de éstas" (artículo 17) y las cooperativas (artículo 28) mientras que el 32 declara la propiedad de la nación sobre todas las aguas del país. Y sin acuñar expresamente el nombre de pequeña propiedad ganadera, guayulera o henequenera, la ley alude de forma inequívoca a ellas en las últimas seis clasificaciones del artículo 5º.(17)
Por otro lado, tanto las tierras confiscadas como las expropiadas se fraccionarían en lotes con una extensión suficiente a satisfacer las necesidades de una familia, lotes que serían "repartidos" (nunca vendidos) a los mexicanos que lo solicitasen, "dándose preferencia, en todo caso, a los campesinos".
Las condiciones de Zapata, como se ve, fueron atendidas, y la futura Constitución ganaría otro afluente.
Por otro lado, como ya quedó dicho, el segundo documento básico para justipreciar las dimensiones de la Convención de Aguascalientes, lo es el Programa de reformas..., en el que se plasman los resultados del debate sobre a) cuestión agraria (ya precisada en la ley que acabamos de comentar); b) cuestión obrera (leyes sobre accidentes de trabajo, pensiones de retiro, seguridad, higiene, reglamentación de la jornada laboral, derecho de huelga y boicotaje, reconocimiento de corporaciones obreras, pago en efectivo, supresión de tiendas de raya, etc.); c) reformas sociales (protección de los hijos naturales, emancipación de la mujer, divorcio, etc.); d) reformas administrativas (escuelas rudimentarias y normales, emancipación de la Universidad Nacional, justicia expedita y eficaz, prohibición de monopolios, apoyo a minería, petróleo, ferrocarriles y sometimiento de las compañías extranjeras que los explotan a las determinaciones de la legislación nacional, apoyo y estímulos a la pequeña empresa nacionalista, reformacatastral, etc.); e) reformas políticas (independencia municipal, gobierno parlamentario, supresión del senado, las jefaturas políticas y la vicepresidencia de la república, voto directo, reorganización del poder judicial, reforma electoral y otras).
Merece la pena insistir en que la Convención diseñó un esquema de democracia popular intolerable a todas luces para el Primer Jefe y sus consejeros, puesto que tenía por base y garantes tanto a la independencia municipal aludida como a los propios ciudadanos armados en su convivencia cotidiana, con el propósito de que vigilaran y sancionaran de manera expedita la menor desviación de sus representantes en el ejercicio de sus encomiendas. Todo ello coronado con un sistema parlamentario de gobierno en el que los principales puestos de la administración pública estuvieran bajo la responsabilidad indirecta de los representantes del pueblo. Para el presidencialismo de don Venustiano este modelo era una aberración jurídica en un país con una mayoría de habitantes políticamente minusválidos, y como, por lo demás, se negó a acudir a la Convención, ésta lo declaró en rebeldía despojándole de sus dos importantes investiduras y, acto seguido, designa a Villa comandante en jefe de operaciones para el resguardo militar del nuevo gobierno que, encabezado por Eulalio Gutiérrez, se denominaría convencionista, y ordena el traslado de éste a la capital.
Como varias veces había sucedido ya durante el juarismo, México volvió a contar con dos presidentes, dos gabinetes y dos legitimidades en disputa. Y como la naturaleza del poder -y sin tragedia- estriba en su imposibilidad para aceptar más de un inquilino que lo habite, casi como una reacción fisiológica hacia la recuperación de su identidad unívoca, el poder torna excluyentes este tipo de diarquías (gobierno constitucionalista versus gobierno convencionista) hasta el exterminio de uno de ellos. Así, mientras las convencionistas, no obstante la defección del obregonismo que se reagrupa con Carranza, toma por fin la capital, pero sin atinar con el ejercicio pertinente de su cuota de poder, los constitucionalistas refugian su legitimidad en Veracruz, desde donde comienza su recuperación política y militar mediante las adiciones al Plan de Guadalupe y, sobre todo, la aplicación ipso facto de la Ley del 6 de Enero de 1915.
I. Decreto agrario del 6 de Enero
Si algo tenía don Venustiano, aparte de una concepción autoritaria de las investiduras y la dignidad del poder, es que era un viejo zorro de la política. No sólo lo demostró en 1913 (con la fundación del Constitucionalismo) y en 1914 (confiscándole el carbón a Villa, o no asistiendo a la Convención de Aguascalientes); quedó también de manifiesto en las dos grandes líneas estratégicas utilizadas durante las etapas de la guerra que le tocaron conducir: contra Huerta y contra Villa-Zapata.
En el primer caso fue más que suficiente la definición precisa de una lucha por la legalidad (Plan de Guadalupe) y en el segundo la variación consistió en entablar una lucha ideológica, paralela a la militar, para despojar de sus banderas a los adalides del reparto agrario (adiciones al Plan de Guadalupe) dando curso, con inusitado vigor, a aquello de lo cual él, Carranza, seguía siendo su más tenaz oponente: las reformas sociales. Y que sólo se trataba de un cambio coyuntural de actitud para no ser desplazado de la dirigencia quedó aclarado en agosto de 1916 (derrotado Villa, desarmado Zapata) con aquel ingrato decreto que condenaba a muerte no sólo a los electricistas de la capital que se pusieron en huelga para que se les pagara en metálico no devaluable, sino a quienes los apoyaran mediante cualquier forma de acción y omisión. A la segunda de las grandes líneas estratégicas corresponde la emisión de la llamada Ley del 6 de Enero.
Este decreto está subtitulado de la siguiente sugestiva manera: "Que declara nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, otorgados en contravención a lo dispuesto en la ley del 25 de junio de 1856".
La táctica es muy clara: se trata de desplazar a Zapata despojándolo de su legitimidad desde la raíz misma de su lucha comunera mediante la restitución inmediata de las "tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades" (fracción I del artítulo 1º) declarando nulas todas las "enajenaciones, concesiones, composiciones o ventas" de ellas (fracciones I y II del mismo artículo) desde diciembre de 1876, en contravención a la ya vieja Ley Lerdo (1856) que sólo ordenaba el fraccionamiento de las tierras comunales y la adjudicación particular entre los mismos vecinos, según el sexto considerando.
Pero, para igual hacer con Villa (al mismo tiempo que "no se trata de revivir las antiguas comunidades... [pues] es de advertir que la propiedad de las tierras no pertenecerá al común del pueblo, sino que ha de quedar dividida en el pleno dominio", según el noveno considerando) también se abre una vía general de dotación para todos los pueblos que carecieren de ejidos, los que "podrán obtener que se les dote del terreno suficiente [...] conforme a las necesidades de su población" (artículo 3º) mediante las expropiaciones de predios por cuenta del gobierno nacional.
Pero al margen de su instrumentación política, la importancia de esta ley no puede ser soslayada. Y precisamente porque la propusieron y ejecutaron en el trascurso de la lucha los a la postre triunfadores carrancistas, sucedió que fuera asumida en su totalidad por el último Constituyente en el artículo 27 de la carta magna.
Pero también por otras dos razones ha sido fundamental este decreto. La primera, porque en él se comienzan a definir algunas instancias jurisdiccionales que en materia agraria existen todavía, aunque con pertinentes y explicables modificaciones, a saber: una Comisión Nacional Agraria (fracción I del artítulo 4º), una Comisión Local Agraria (fracción II del artículo 4º) y los Comités Particulares Ejecutivos (fracción III del artículo 4º).
La otra razón es que en los subsiguientes artículos del decreto se describe ya una parte del procedimiento agrario que, con sus también explicables cambios, perdura en la legislación correspondiente.
Notas
1. Ello no obstante los permanentes esfuerzos de codificación en el último mandato de Juárez y el de Lerdo de Tejada para instrumentar las diferentes ramas del derecho de conformidad a nuestra muy celebrada, pero mucho más inobservada Constitución liberal: septiembre de 1867, Ley para reformar el Ejército Mexicano; diciembre de 1867, Ley orgánica de instrucción pública para el DF; mayo de 1868, Ley para "clasificar" las rentas; enero de 1869, Ley orgánica del Amparo; junio de 1869, introducción del "jurado popular" en el procedimiento penal; diciembre de 1869, introducción de la libertad bajo fianza; diciembre de 1870, Código Civil para el DF y el Territorio de la BC, que a partir del año siguiente rigió para todo el país en materia federal; agosto de 1872, Código de Procedimientos Civiles para el DF y el Territorio de la BC, etc.
2. Al tiempo que se fueron eliminando gran parte de los signos convencionales de intercambio (tlacos, vales) por monedas de cuño corriente, se eliminaron las alcabalas y se continuó racionalizando el sistema tributario. También se fundaron algunos grandes bancos, como el Nacional de México, Mercantil de Veracruz, Oriental de México, de Londres y México, etc.
3. Se fundaron, además, dos partidos (?) para el fin coyuntural de las elecciones de 1910: el Partido Antireeleccionista, que postuló a Madero y Vázquez Gómez como sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, y el Partido Nacional Democrático, de efímera existencia al igual que el primero.
4. Desde el punto de vista procedimental, se ha dicho, la investidura de Huerta había respetado cabalmente la formalidad jurídica del caso pues, conforme a la Constitución, Lascuráin era la persona indicada para hacerse cargo del poder a la renuncia de Madero, lo que en efecto hizo para, una hora después, renunciar a él y dar paso al Congreso para que nombrara a Huerta presidente.
5. Divisiones del Norte, Noroeste, Noreste, Centro, Sur y Oriente.
6. Aparte de las muchas y violentas revueltas coloniales de los indios por recuperar sus tierras, un incuestionable antecedente de las luchas zapatistas fue aquel decreto del 5 de diciembre de 1810 en el que don Miguel Hidalgo ordenaba, desde Guadalajara, en plena lucha independentista, recoger las tierras de indios de manos de quienes la arrendaban y volverlas a sus dueños originales en aquella provincia de la Nueva España.
7. Pocas veces la confrontación escrita con Carranza se expresó de forma tan severa como la que consta en aquella "carta abierta" del 17 de marzo de 1919 (es decir, unos días antes del asesinato de Zapata por un carrancista) en la que el caudillo del sur, "por primera y última vez", se dirigía al ya para entonces presidente constitucional aclarándole los hechos por los cuales éste era, en opinión de Zapata, un ambicioso, corrupto, traidor, déspota y dictatorial.
8. No sólo por el punto siete era el plan zapatista superior al maderista (éste no propuso ninguna vía específica para crear la pequeña propiedad); también por lo que hace a la restitución de tierras (punto seis). Mientras Madero prometía establecer tribunales donde los pueblos hicieran valer sus derechos al triunfo de la revolución, los zapatistas tomaban primero la tierra, y luego eran los hacendados quienes ocurrirían a los tribunales para defenderse.
9. Inscrita la misma táctica de legitimación carrancista, se desplegó similar actividad legislativa preconstitucional en Aguascalientes (Alberto Fuentes D.), San Luis Potosí (Eulalio Gutiérrez), Coahuila (Gustavo Espinoza Mireles) y otras regiones en disputa ideológica.
10. Seguro fue esta experiencia gubernativa la que lo animó a acuñar una curiosa concepción teórica de la que pareciera desprenderse el no menos curioso razonamiento de que si, en su opinión, bolchevismo es igual a radicalismo, de alguna manera también la Revolución Mexicana es bolchevique, puesto que sin duda alguna fue radical. O aquella otra rarísima teoría de que el "socialismo de Estado" se fundamenta en la "cooperación universal" y se llegará a él cuando "el capitalista" pueda dedicarse tranquilamente a sus negocios "sin las zozobras que hoy enturbian sus horas", según lo expuso en "Un mensaje a los pueblos de América" de 1919.
11. Excepción hecha, desde luego, de las cruentas guerras chichimecas, que sin ser generalizadas ni constantes, consumieron, sin embargo, la segunda mitad del siglo XVI.
12. Por una cuestión relativamente nimia Huerta encarceló a Villa y lo hizo condenar al paredón, pero con la complicidad de Madero se le ayuda a escapar hasta el norte del país. Por tanto, la furia contra Huerta no sólo fue un ajuste personal de cuentas; también la gran venganza por el asesinato de "don Panchito".
13. En las adiciones, Carranza hace buen uso del lenguaje populista, utilizando la necesidad de las reformas sociales por primera vez como eficiente florete en su ríspida esgrima contra "la reacción que renace encabezada por el general Villa". Así, al tiempo que estas adiciones (también conocidas como "Plan de Veracruz") son una explícita aceptación de rompimiento, declarado por Villa desde septiembre, y una franca declaración de guerra contra la División del Norte, a cuyo jefe acusa precisamente de lo que Carranza había sido el más convencido partidario (primero restablecer el orden constitucional y luego iniciar las reformas sociales) el Primer Jefe decreta la puesta en vigor, durante la "nueva etapa de la lucha contra la reacción", de todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, políticas y sociales del país y, días después, da el primer paso en ese sentido al decretar la llamada Ley Agraria del 6 de Enero.
14. Como se ve, las limitaciones de esta ley son imposibles de esconder aparte de que fue emitida cuando Villa había dejado pasar su oportunidad histórica de ejercer correctamente el gran poder que sin duda tuvo entre 1914 y 1915. Las curiosas tibiezas planteadas lo son tanto por el momento en que fueron propuestas, cuanto por venir de quien venían.
15. Los zapatistas concurrieron a la Convención por invitación expresa que a su nombre les fue a hacer hasta sus campamentos del sur una comisión encabezada por Felipe Ángeles. Antonio Díaz Soto y Gama, antiguo magonista, coordinó a los delegados de Zapata, quien puso como condición que la Convención de Aguascalientes asumiera como suyo el Plan de Ayala, cosa que se hizo en lo esencial.
16. Clima caliente, tierras de primera calidad y de riego, 100 hectáreas; clima caliente, tierras de primera calidad de temporal, 140 ha; clima caliente, tierras de segunda calidad y de riego 120 ha; clima caliente, tierras de segunda calidad y de temporal, 180 ha; clima templado, tierras de primera calidad y riego, 120 ha; clima templado, tierras de primera calidad y de temporal, 160 ha; clima templado, tierras pobres y de riego, 140 ha; clima templado, tierras pobres y de temporal, 200 ha; clima frío, tierras de primera calidad y riego, 140 ha; clima frío, tierras de primera calidad y de temporal, 180 ha; clima frío, tierras pobres y de riego, 180 ha; clima frío, tierras pobres y de temporal, 220 ha.
17. Terrenos de pastos ricos, 500 hectáreas; terrenos de pastos pobres, 1,000 ha; terrenos de guayule ricos, 300 ha; terrenos de guayule pobres, 500 ha; terrenos henequeneros, 300 ha; terrenos eriazos del norte de la república, Coahuila, Chihuahua, Durango, norte de Zacatecas y norte de San Luis Potosí, 1,500 ha. Este ejemplo de señalar límites máximos en una ley tan principal, sería luego copiado en la Constitución de 1917.
18. Al margen de que se compartan o no los objetivos de este despliegue contra Zapata y Villa, es pertinente reconocer que nadie hubo con mayor claridad y decisión que don Venustiano para defender la soberanía nacional, amenazada principalmente por Inglaterra y los Estados Unidos durante aquellos años críticos. A su firmeza, a sus claros principios y a su "latinoamericanismo" en ciernes para oponerlo al panamericanismo yanqui, es a lo que se ha dado en llamar "Doctrina Carranza"..
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