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Problemas contemporáneos
SIDA Y OTROS ALREDEDORES MARGINALES
Eduardo Larrañaga Salazar
(licenciado en Derecho por la UNAM;
doctorado en Derecho en la Universidad de Barcelona, España;
docente investigador de la UAM, unidad Azcapotzalco)
Un espacio de seis por cuatro. Una letrina y un lavabo, forrados de concreto, en una esquina. Un olor picante a desodorante y suciedad. No hay luz artificial; tan sólo la de los pasillos circundantes, que se filtra por unas ventanas cubiertas con mallas metálicas. El techo tiene una altura de más de tres metros. A pesar de ello, algunos visitantes se las ingenian para escribir su nombre como recuerdo, utilizando el humo de periódicos encendidos. Para comunicarse al exterior existe una mirilla lo suficientemente ancha para tener que ver con los ojos pegados a la puerta. De vez en cuando hay que sacar la nariz para respirar un poco de aire. A los pocos minutos uno entiende por qué hay que desprenderse de agujetas y cinturones. Los menos fuertes, en la soledad de una celda vacía, pueden llegar al ahorcamiento. La desesperación, después de todo, se convierte en ahogo.
Es el peor de los castigos. Es una sensación tal de abandono que la próxima vez aceptaremos el arreglo del policía. O bien pagaremos la excesiva multa del juez que no juzga sino califica. Con una lección es suficiente. Cuando nos hartamos de las continuas burlas de los judiciales nos decimos, paradójicamente, afortunados: es una suerte social que estemos lejos de estos circuitos legales para infortunados; la prostituta, el homosexual, el limpiaparabrisas, el chavo banda, el desempleado, el indigente. Tenemos buena estrella; estamos aquí por el solo azar de una mala jugada. Para los malhadados es su destino. Están encerrados en un perímetro de la legalidad perfectamente hermanado con su condición de vida. Para una vida precaria, una normatividad igualmente precaria y atroz. Y más atroz a partir del 11 de julio de 1985. En esa fecha entró en vigor el nuevo Reglamento de la Ley sobre Justicia en materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno del Distrito Federal. Todo mundo se opuso a este absurdo normativo. Sin embargo, el Estado no hizo caso. Aún hoy se sigue aplicando.
Seis chavos, como a las cinco de la tarde, fueron presentados por la policía ante el juez calificador. Limpiar parabrisas altera el orden público. Y el Reglamento de Policía castiga la mendicidad. "Mendicidad que no se justifica porque la Secretaría de Educación Pública y el Departamento del Distrito Federal se han preocupado por que hagan algo útil con la venta de libros", decía el policía. Los encerraron tres horas.
A las prostitutas que no aportan la cooperación mensual que les permite ejercitar su profesión, se les escarmienta también con el encierro. El noble reglamento las sanciona con el pago de 15 a 30 días de salario mínimo o con arresto de 24 a 36 horas inconmutables. Altera el orden público y, en consecuencia, se castigará a quien invite, permita o ejerza la prostitución o el comercio carnal. Como todos la permitimos, veinte millones de defeños estamos expuestos a un arresto.
También se castiga a quien use prendas u objetos que por su naturaleza denoten peligrosidad y atenten contra la seguridad pública. Quizás por esta disposición es que se llenan las cárceles delegacionales de "travestis". Sobre todo los viernes y sábados. Nos relata un policía: "a un 'travesti' recién operado le bajaron un billete de 50,000 pesos que había guardado en su nuevo sexo". La intromisión del poder en el cuerpo no es una metáfora. La microfísica del poder es real y deleznable.
Estas faltas serán juzgadas y reprimidas por unos nuevos educadores incontrovertibles: el policía, el juez calificador y el médico, la cota menos prestigiosa y confiable de los gobernantes. La interpretación del reglamento queda al libre arbitrio de las autoridades preventivas, quienes carecen del más mínimo criterio de lo que es justo, equitativo, legal, decente o moral. ¿Y quién lo tiene? Paradójicamente, el reglamento viola los derechos humanos fundamentales de la Constitución, siendo que su tutela fue lo que motivó su creación. El mayor riesgo para la libertad ciudadana reside en la legalización de las incursiones policiacas ("razzias") por cualquier motivo. Ahora cualquier hecho o conducta servirá de excusa para ser aprehendido. Las prostitutas y los homosexuales, sobre todo, corren el mayor peligro.
A partir de que la nosología clasificó al SIDA como una enfermedad de alto riesgo, este padecimiento adquirió resonancias a nivel político. A través de las enfermedades sexuales se conecta de manera directa o indirecta la asepsia médica con el control político de ciertos grupos marginales: los homosexuales en este caso. El derecho a la diferencia, la legítima manifestación de una opción sexual distinta, el modo de vida, de ser, seguirá en el "closet". Si no se quiere ir a la cárcel, los homosexuales y las prostitutas deberán permanecer en sus enclaves tolerados. O, en definitiva, ocultarse. Por eso Oscar Wilde decía: "revelar el arte y ocultar al artista es la finalidad del arte". Revelar un orden y ocultar las verdaderas aspiraciones del hombre sería la finalidad del derecho.
La justicia administrativa, quizás más que la penal, está dispuesta para censurar cualquier manifestación sincera, auténtica, pero peligrosa para los afanes normalizadores del Estado. Es una justicia que fortalece el "Estado de no Derecho" que padecemos: sanciona conductas antijurídicas sin necesidad de pensar en si son culposas o dolosas; en esta justicia no existe el principio de inocencia; aquí no se juzga, sencillamente se califica; se da una subrogación de la autoridad jurisdiccional en función de la administrativa; el monto de las sanciones no tiene relación con la trascendencia social de los supuestos ilegalismos: orinar en la calle ocasiona una multa de 80,000 pesos; las prostitutas y los homosexuales tienen que pagar 240,000 si no quieren permanecer 36 horas arrestados. Es materialmente imposible el derecho a la defensa, ya que los detenidos quedan generalmente incomunicados.
No cabe duda que vivimos un ejercicio desnaturalizado del derecho. Lo normativo se convierte en normalizador. El juez calificador y el policía formulan veredictos terapéuticos, morales o religiosos, cuya naturaleza difiere de los propiamente jurídicos, que deben ver por lo social. Un ejemplo: como el matrimonio es sinónimo de procreación, la posibilidad legal del matrimonio entre personas del mismo sexo se cierra para siempre. Y si bien no es explícita esta limitante en México, tal tradición judeo-cristiana puede ser útil como fundamento ideológico para defender el matrimonio tradicional y excluir cualquier otra alternativa. Cuando el Código Civil sanciona como causales de divorcio a "los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos" (artículo 270) o que "los cónyuges podrán desempeñas cualquier actividad excepto las que dañan la moral de la familia o la estructura de ésta" (artículo 169), se abren infinitas probabilidades para limitar el derecho de libertad sexual, que implícitamente está protegida por los artículos 1º y 14 constitucionales. En fin, la pudibundez de la norma civil atenta contra la libre elección de sexo, ya que la connotación amoral de esta sexualidad no hegemónica puede derivar en causal de divorcio.
El síndrome del SIDA ha provocado mayores represiones en contra de los otros grupos. La inventiva del Estado puede llegar al siguiente absurdo: las prostitutas o los homosexuales que hagan obvia su manera legítima de ser por cualquier forma -el vestido, los ademanes o la palabra- se verán excluidos de los establecimientos públicos (como baños, deportivos o gimnasios) que reglamentariamente están facultados para impedir el acceso a personas con enfermedades infecciosas. Evidentemente, los homosexuales serán expulsados sin necesidad de examen médico.
Nadie mejor que Wilde para hablar de este derecho: "es horrible para mí que la ley decida que soy indigno de vivir con mis hijos".
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