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Análisis político
CARDENISMO Y NEOCARDENISMO
Ilán Semo
(egresado de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM;
estudios de posdoctorado en la Universidad de Chicago)
En el «Libro de las leyendas», fray Lope de Córdoba refiere que los reyes purépechas descendían a las tumbas de sus ancestros antes de tomar alguna decisión inopinada. Pasaban horas enteras mirando los restos de quienes habían sido sus padres, abuelos y patricios. Había ahí toda clase de muertos. Unos yacían desde tiempos antiguos, y eran la imagen misma de la sabia muerte. Calaveras. Otros habían ingresado recientemente, acaso sepultados por quienes ahora los frecuentaban. El espectáculo debe haber sido imaginable. No hay, en principio, presencia más estremecedora que la muerte cuando luce viva, y la laboriosa imaginación del abad supo entreverlo. Así, habla de "cuerpos semivivos" con enormes uñas crecidas, que habían surcado las túnicas roídas por el tiempo; pelo colgante ataviando cráneos entrecomidos; pectorales prendidos de pechos desvanecidos y otros horrores contables. Nada detenía a los purépechas de su peregrinación de ultratumbas. Acudir puntualmente a la cita con el pasado compensaba el horror. El ritual comenzaba hacia el atardecer, se prolongaba durante la noche y concluía horas antes del amanecer. Lope de Córdoba sugiere, sin dar mayores explicaciones, que "descendían a respirar el aire de sus orígenes". Otro fraile, Francisco de Santillana, probable inquisidor, sostiene que "iban en búsqueda de los poderes que los pobres muertos habían tenido a buen tener cuando vivos". Los acusa de "robalmas". Más generoso, el viajero Wilhelm von Stieglitz escribe que sólo querían participar, así fuese por un momento, de "la sabiduría eterna que acompaña a la eternidad". Debe suponerse que los tres tenían razón. No era ésta una devoción furtiva ni clandestina, sino que se practicaba a la luz pública. El pueblo esperaba pacientemente a sus gobernantes en las afueras de los sepulcros hasta que regresaban de sus visitaciones a la muerte. Una vez reunidos, aguardaban en silencio los primeros destellos del amanecer. Hasta aquí el «Libro de las leyendas».
En sus indagaciones sobre «Los héroes», Carlyle sugiere que un orden social se establece en torno a dos clases de símbolos: los mitos, que provienen de la historia, y las utopías, que proyectan el futuro. Piensa que los mitos sirven para identificar el origen, y las utopías, para congregar el destino. El corolario de esta distinción es una hipótesis: toda disputa por el poder se traduce en una disputa por los símbolos (del pasado y del futuro) que han soportado la legitimidad del tiempo. Donde una sociedad decide cambiar las reglas de su convivencia, comienza, casi religiosamente, por volver el rostro hacia el pasado -como si buscara, en las imágenes que algún día consagraron el sentido de su fundación, el hábito para emanciparse del abandono que está a punto de cometer-. Nietzsche, más romántico, cifra el mismo fenómeno en dos alegorías. Lo refiere a la inmunidad de la memoria: cuando los mitos petrificados en los muros del orden se tornan en llamados desde la historia, la memoria abre sus puertas, el pasado conspira en cada piedra de la ciudad. Hegel prefiere la metáfora de la vuelta de la historia, que quedó afamadamente desvirtuada en manos de Marx: si la historia se repite cuando menos dos veces, una vez lo hace bajo el mito de la esperanza, y otra, bajo la esperanza del mito. Primero en cuerpo y alma, y después en forma de espectro. Sombras elusivas, presencias neutrales, los mitos son el puente entre el pasado y el futuro, entre el presente y el sentimiento de certidumbre: la textura que une a la moral con la política, a la historia con el sentido común. Acaso de ahí el poder social de su consenso, la fuerza de su legitimidad. No sé si en ello pensaba Ignacio Ramírez cuando escribió hacia 1868, a propósito de la "miopía" del Imperio durante la guerra de Intervención, que "no hay rebelión más incalculable que la rebelión de los mitos".(1)
El 6 de julio de 1988 es otra fecha incalculable. Imágenes advertibles lo consignan: la pacífica rebelión ciudadana que volteó la espalda a la futilidad electoral; el rostro desencajado del secretario de Gobernación anunciando la caída del sistema; los cables sorpresivos de Tijuana, Morelia, el Distrito Federal...; los números acumulando derrotas del PRI; los nervios descompuestos de los funcionarios del viejo caserón de Bucareli. La crítica de las urnas se propagó a lo largo del país, sin hacer distinción ideológica ni geográfica; las urnas de la crítica quedaron como el testimonio de la inflexión. Movida por el desconcierto, la sociedad mexicana no ha dejado, desde aquel día, de caber en su perplejidad. El electorado realmente existente -acaso la cifra menos verificable de la política nacional- había sido conquistado por el inverosímil retorno de un espíritu que consideraban inconfundiblemente sepultado. El espectro del cardenismo volvió súbitamente para saldar cuentas postergadas y agravios multiplicados. El PRI había olvidado, acaso por vez primera en su historia, la lección más elemental de la virtud en la política: el poder no hace al mito sino a la inversa. Y si minutos antes de las ocho de la noche, Miguel de la Madrid dio la orden de detener el recuento de la votación, sabía, mejor que nadie, que la derrota era probable.(2) Travesuras de la historia. El espíritu desempolvado del general logró, en unas cuantas semanas, lo que la oposición sólo había podido soñar desde tiempos remotos: voltear el sistema contra sí mismo, deshacer el hechizo de un poder que, por invulnerable, se pensaba impune e inmune, Heinrich Heine dijo alguna vez que los muertos conspiran contra los vivos para hacer de su presente una rutina insoportable. Aquí sucedió lo contrario. Los vivos decidieron recurrir a los muertos para hacer frente a una realidad que no habían sabido cómo superar.
Si la imaginación en la historia (lo "imaginario-histórico", dicen los antropólogos) habita en el reino del azar y actúa de manera súbita e impredecible, la memoria pública debe ser menos arbitraria cuando elige las tradiciones en las que deposita su lealtad. Discrimina y recrimina guiada por mecanismos consignables; preserva y desecha para legitimar existencias y proyectar necesidades. En septiembre de 1987, Cuauhtémoc Cárdenas era un político extraviado, que había logrado congregarse el desprecio de las fuerzas involucradas en la sucesión presidencial. Sus propuestas de reforma al PRI no sólo habían encontrado el rechazo y el desprecio, sino una impaciente campaña en contra de sus seguidores. La izquierda le cedió la indiferencia o, francamente, el desdén. El PAN llegó a festejar el fallido "intento oficial" de introducir un "priísta emboscado" en las filas de la oposición. Días antes del destape, su fuerza se había reducido, aparentemente, al estrecho círculo de sus colaboradores íntimos y un cúmulo vago de expectativas vagas. El reportero de «Newsweek» quiso incluso redactar su epígrafe: "al borde del olvido". Diez meses después, CCS se había convertido en el símbolo de la tercera "rebelión" electoral que ha conocido el partido en el poder en sus sesenta años de vida.(3) Digo "rebelión", porque el resultado de las elecciones del 6 de julio no puede ser entendido sólo como un "cambio de opinión" en el electorado, sino que debe buscarse en la presencia de un movimiento social que inutilizó los mecanismos tradicionales del clientelismo electoral, que habían hecho del PRI el único partido capaz de "obtener" mayorías electorales. Testimonios de ello sobran: el laborioso "censo popular" levantado en el país para demostrar la futilidad del padrón electoral oficial; las casillas pobladas con representantes puntuales; la beligerancia en los comités distritales; el voto liberado de ejidos, comunidades y sindicatos; la indiferencia ante el chantaje y la amenaza; los mítines; los manifestantes; los reporteros "colando" frases que escaparan a la censura; la verbigracia (ineficaz) de Televisa y «Excélsior»; la inutilidad de la violencia oficial.(4)
Repito una pregunta que el desconcierto ya se ha planteado: ¿Qué anónimas fuerzas sociales y culturales permitieron al cardenismo servir de "cemento" a un afán que combinaba, en uno de sus extremos, a la herencia antiautoritaria de 1968 y, en el otro, a ex funcionarios salidos directamente del PRI? O viceversa: ¿por qué el cardenismo, y no alguna de las fuerzas que se habían empeñado en fundar espacios de democracia en los últimos treinta años, el solidarismo de Acción Nacional o alguna de las múltiples variantes de socialismo que ofrecía la fragmentada izquierda? Toca a los historiadores descifrar estas cuestiones. Dos sospechas que acaso sirvan como "leit motiv" para interpretarlas: la manifiesta capacidad de adaptación de la tradición cardenista -que en la historia natural de la ideología mexicana merecía, al menos, el lugar del elefante- y la ubicuidad histórica (aunque no menos la destreza) de Cuauhtémoc Cárdenas y su grupo para elaborar su legado.
I
La revolución mexicana fue la obra de una multitud de empeños que se desenvolvieron a lo largo de dos afanes disímbolos: la avidez de los caudillos por apoderarse de la tierra y del poder del Estado, y el afán de comunidades rurales, jornaleros y trabajadores de la ciudad de obtener reformas sociales. Vista desde la perspectiva de las fuerzas que la dirigieron, el cardenismo fue la única que logró conjugar respuestas "institucionales" a necesidades históricas de ambos: trasformó el régimen de los caudillos en una burocracia civil, regida por un orden corporativo, y abrió las puertas del Estado y la economía a las clases subalternas. Las prácticas y normas que fundó para llevar esta empresa a cabo, dejaron cifrada la vida política del país durante
los siguientes cincuenta años.
Alicia Hernández atribuye al cardenismo, creo que justamente, el impulso decisivo que acabó con el predominio del ejército en el poder ejecutivo.(5) Con ello alejó a México del peligro (y el horror) de las dictaduras que han asolado a América latina en este siglo y sentó las bases de una nueva realidad nacional: legitimó las armas de la política; confinó la política de las armas; trasformó los conflictos entre el Estado y la sociedad en conflictos de orden civil. En suma: enfrió (definitivamente) los cañones. La llave de su éxito fue la politización de las fuerzas armadas, y no la eliminación del adversario, como había sido la costumbre hasta 1934; la incorporación (o, si se quiere: el corporativismo), no el terror. La estrategia que empleó para imponer este confinamiento no sólo lo distingue del caudillismo de aquellos años, sino que lo aleja de todo parentesco probable con Juan Domingo Perón o Getulio Vargas. La resumo en tres frases: desmantelar las posibilidades del recurso a la violencia con la movilización social; erigir la tolerancia ideológica en una norma de Estado; reconciliar la política con la búsqueda de la legalidad. Así disolvió el poder de los últimos caudillos que dominaron la política nacional. Joaquín Amaro, Plutarco Elías Calles, Saturnino Cedillo y Juan Andrew Almazán -en ese orden. Así también creó las bases de lo que la opinión pública dio en llamar el "sistema".
Se ha dicho con frecuencia que el cardenismo fue, esencialmente, una forma de populismo; es decir: una corriente política que encontró en la colusión entre el "pueblo organizado" y el Estado su razón de ser. Es una definición correcta pero insuficiente.(6) Su trascendencia en la sociedad mexicana es incomprensible si se olvida otro ingrediente básico de su ideología y su práctica: el constitucionalismo liberal. Me explico. Si el Partido de la Revolución Mexicana fue la consagración del sistema de partido único, también lo fue del principio de la no-reelección. Los azares de la revolución llevaron a Lázaro Cárdenas a intervenir en cuatro ocasiones contra el secuestro de la presidencia en manos de un solo caudillo. Primero lo hizo contra Carranza, al que persiguió resueltamente cuando huía hacia Veracruz, hasta que una afortunada tormenta le impidió cruzar el río donde debía cometer el acto de impiedad. Sus relaciones con Obregón nunca fueron notables. Desde que el sonorense le dio la orden de hacer perdediza la vida de su inseparable Mújica, Cárdenas lo consignó en el catálogo de políticos remisos. Se tiene noticia que algo hizo para impedir su reelección. No se sabe qué tanto. Los historiadores deberían reflexionar más sobre el tono festivo de la oración fúnebre que le concede en sus «Apuntes». A Calles, en cambio, lo respetaba abrumadoramente. Casi se podría decir que lo veneraba. En 1915 se había unido a sus filas en la cruel batalla de Agua Prieta, y en 1933 seguía iluminado por su sombra. La crisis de 1934 fue una crisis entre el maestro y el discípulo, que terminó en principio de la manera más amable. El discípulo licenció al maestro. 1940 es la fecha menos controvertible. El joven presidente (tenía 46 años) resuelve, motu proprio, convertirse en ex presidente. Abandona el poder sin oponer la resistencia que hundió a sus antecesores. Es fama que el simple hecho periódico de la sucesión presidencial presupone toda la historia moderna de México. O que ésta es inconcebible sin la reiteración puntual del mismo hecho. Y cualquier intento de establecer una causalidad monográfica entre ambos es, seguramente, equívoco. Pero no debe ser un accidente que el principio que inspiró el ascenso de este moderado perspicaz militar michoacano sea, de alguna manera, el mismo que acabó rigiendo la política mexicana desde los años cuarentas: la trasmisión pacífica de poderes entre los miembros del único partido que ha gobernado al país desde entonces.
En sus «Iluminaciones» Walter Benjamin sugiere que la historia no acostumbra ultimar caminos. Es una sugerencia encomiable. Piénsese, sin embargo, que la expropiación del poder presidencial por la maquinaria de un solo partido, fue el resultado de un equilibrio que el país aguardaba impacientemente desde 1917: la fórmula que concilió el atavismo de los caudillos con la paz civil, poniendo un cerco legal y humano a la arbitrariedad de caciques, militares y jefes políticos. La "solución monocolor" (curiosa definición de Antonio Díaz Soto y Gama) cumplió un cometido que hacia 1938 se antojaba improbable: dejar satisfechas las ambiciones individuales de los jefes político- militares, obligándolos a abandonar la asonada y la rebelión como recursos acostumbrados para darse a entender. Los viejos filósofos de la política italiana de la primera mitad del siglo habrían llamado a este fenómeno un "aggiornamento" entre la revolución rural y el espíritu de Estado. Es probable que el cardenismo haya aspirado a una tarea más loable, pero acabó logrando lo que ninguna fuerza de la revolución había sabido consumar: pasar de la guerra a los negocios, de la inacabable revuelta a la inercia de la política, bajo la mirada aprobatoria de la sociedad. La veneración que guarda la memoria de Estado por Lázaro Cárdenas debe tener aquí una de sus razones conmensurables.
Desde 1940, el sistema político mexicano se asemeja más a los reg0ímenes del Este que a los que florecieron en Occidente. El presidente decide quién será el sucesor, no el electorado; el partido se debe al presidente, no al Congreso; el presidente no responde más que a su propia interpretación del momento y de la historia. Hay, sin embargo, una diferencia ostensible. En el Este, el partido lo es todo: un fin en sí mismo y la única comunidad legítima de propósitos que el poder ofrece a la sociedad. En México, el partido ha sido tan sólo el instrumento de la sucesión de poderes: una oficina de administración y recaudo electoral, un mecanismo de iniciación (y movilidad) en la política (Pareto habría llamado a este fenómeno "circulación de élites"). La entronización de la sucesión, y no de la elección, como la "ultima ratio" de la política mexicana, hizo de la democracia parlamentaria y el pluralismo político -utopías inscritas en la Constitución de 1917- dos formalidades del sistema. Pero, nótese, formalidades constitutivas de su identidad, porque su existencia emana del mercado cautivo de votos enclaustrados en la competencia de los poderes no formales que se disputan su recaudación. El apacible retiro de Cárdenas en 1940 logró que la legitimación de su sucesor designado girara en torno al ritual de la elección cautiva, y no de las amenazas de asonada y rebelión. Con ello fundó, involuntariamente, la posibilidad de que el mismo ritual sirviese, algún día, para deslegitimar al sucesor en turno. Es imposible saber si la memoria pública asocia su figura a esta contradicción, pero no es improbable que la vincule al único presidente que ha gobernado, estrictamente, sobre la práctica del principio liberal del "servidor público" -la separación entre el poder público y el poder privado.
El cardenismo encierra en su seno el mayor enigma que ha asediado a la política mexicana desde 1917. Su origen y su ascenso (breve) a la cumbre del poder, han sido estudiados con lujo de detalle, pero no sabemos aún cómo logró convertir su fuerza social, fincada esencialmente en comunidades agrarias ancestrales, en un afán que alentó, a un mismo tiempo, el crecimiento económico y la distribución de la riqueza, la restitución de la tierra y la movilidad social; es decir: un afán que conjugó las pretensiones de una sociedad que quería ser moderna e igualitaria, con las necesidades de una sociedad que seguía siendo agraria y patrimonial.(7)
Habría que reflexionar con más atención en el nacionalismo estatal de los años que van de 1935 a 1939. Existe una versión maniquea que sostiene que el país ha logrado reformas (sociales y nacionales) cuando los Estados Unidos han sido "distraídos" por algún conflicto internacional. Los ejemplos comunes que se evocan son las dos guerras mundiales. Una revisión superficial de los años treintas refuta esta idea. Los Estados Unidos ingresan a la II guerra mundial durante el sexenio de Ávila Camacho. Preocupado por el "flanco" de su frontera sur, refuerza su presencia en México como nunca antes (y nunca después). 1935 a 1938 son años de expansión de su fuerza económica, militar y diplomática. Ni en los treintas ni en los cuarentas hay signos de "distracción" (hacia México). Por el contrario, el ingreso de los Estados Unidos en el conflicto mundial trae consigo a un embajador en México riguroso, apoyado por un enorme aparato de seguridad. La II guerra mundial coincide con la contrarreforma avilacamachista, no con las reformas de los treintas. El nacionalismo
cardenista se explica, más bien, por una identidad entre el Estado y la sociedad (que no ha vuelto a suceder), fundada en el principio de proyectar al país como una fuerza autónoma en la arena internacional. Las pruebas reiteradas de la capacidad de movilización social del régimen en aquellos años, permitieron al poder ejecutivo practicar una política basada en la contraposición permanente de los intereses de las grandes potencias en México (los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y la Unión Soviética, en la década). Vendió petróleo a los alemanes y expropió empresas inglesas y norteamericanas. Reconoció a la España republicana, para desánimo de la diplomacia nazi, pero mantuvo en suspenso las relaciones con el Eje. Atacó a intereses ingleses cultivando relaciones políticas y económicas con los Estados Unidos. Promovió la educación socialista, pero le dio exilio a Trotski, archienemigo de Stalin. Decretó «La Internacional» como canción de la escuela primaria, para sorpresa del embajador norteamericano, pero no restableció relaciones con la URSS... En estas condiciones, contar con el consenso popular, equivalía a impedir que cualquiera de ellas desequilibrase definitivamente al régimen. Con ello dejó cifrada, como posible, la idea de que México podría capitalizar sus intereses nacionales (económicos y políticos) si lograba capitalizar las contradicciones entre los poderes internacionales. El alemanismo clausuró esta posibilidad años después, pero no la borró de la memoria pública, ni de ciertas tradiciones de la política exterior.
Mihail Manoilescu habría encontrado en el Partido de la Revolución Mexicana la consumación de su utopía corporativa. El PRM no sólo fue la expresión de una sociedad que decidió hacerse representar a través de "sectores" y "cámaras" ("cuerpos" en el lenguaje del historiador rumano), disolviendo la legitimidad de la intervención ciudadana en la política, sino el mecanismo que concilió el paradigma básico de la dominación corporativa: la contradicción entre el carácter social de los "cuerpos" y el espíritu liberal de su naturaleza económica. Visto desde la perspectiva de su ideología, el corporativismo moderno nació, después de la primera guerra mundial, como la respuesta de la crisis del Estado liberal a los "males innatos" del capitalismo y el socialismo. Tres de sus principios lo ejemplifican: la "economía mixta" (una "nueva economía" fundada en el equilibrio de la intervención del Estado y el mercado); la integración de la sociedad en "cuerpos" (una "nueva forma de representación" en la que quedarían conjugados la individualidad ciudadana y el dirigentismo de Estado); y una concepción de la política basada en la búsqueda de "pactos" para conciliar las contradicciones entre los "factores de la producción". De un lado, pretendía refrenar el "individualismo burgués" oponiéndole la comunidad de intereses sectoriales; por el otro, pensaba contener las tendencias hacia la estatización, depositando en los "cuerpos" la soberanía de la representación política y social. En esta geografía política, el Estado debería ser un "rector" del "pueblo organizado", no el "guardián nocturno" del liberalismo ni la "dictadura del proletariado" del socialismo.(8)
Hace ya más de medio siglo, Bruno Bauer y Victor Adler, dos austriacos empeñados en reconciliar al socialismo con las tradiciones democráticas de Occidente, observaron que el "programa de corporativismo" adolecía de dos contradicciones "insalvables": a) la estabilidad de cualquier tipo de corporativismo dependía de su capacidad para imponer el predominio del Estado sobre la sociedad; y b) el sueño de edificar un "corporativismo social" (o benefactor), empeñado en promover la industria y la economía a través de la distribución del ingreso y la regulación del mercado, terminaría atrapado en las redes de un "corporativismo liberal", dedicado a preservar la distribución inequitativa de la riqueza y a subvencionar los negocios de las élites que regían (o rodeaban) al Estado. Su argumento resultó a la postre irrebatible: organizar a la sociedad en "cuerpos", demandaba erigir un partido único que clausurara las realidades del pluralismo político; preservar la naturaleza liberal de la economía, bajo un régimen "monopartidario", redundaría en la entronización de una "burocracia burguesa" (según Adler); agregar a "las clases asalariadas" en los "cuerpos" de un solo partido, les haría impotentes frente a la emergencia de una "corpocracia moderna" ("moderne Körperschaft", según Bauer); impracticable, la "democracia social de los pactos" terminarían en "el poder omnímodo de un líder absoluto" (según ambos). Todo esto dicho en el año de 1923.(9)
En México, la trayectoria de este paradigma comienza con la historia que va de la crisis de 1938 al ascenso de Miguel Alemán en 1948, es decir, la misma que separa a la fundación del PRM de su trasformación en el Partido Revolucionario Institucional. Los registros oficiales datan al PRM y al PRI como dos momentos en la vida de un solo partido. La costumbre así lo recomienda. Pero es una costumbre que puede resultar superficial. El corporativismo social del PRM giró en torno a
la multiplicación de formas colectivas estatizadas de producción. Los tres ejemplos que se proponen habitualmente para consignarlo son suficientemente elocuentes: el ejido colectivo, las cooperativas de abastos y la administración obrera de las empresas ferrocarrileras. El corporativismo liberal del PRI no sólo instigó un cambio de rumbo, sino que impuso la práctica contraria: emplear al Estado para privatizar las formas de acumulación; capitalizar el consenso social de los "cuerpos" (sectores del PRI) para propiciar elevadas tasas de inversión; deprimir el ingreso y multiplicar la trasferencia de valor del campo a la ciudad para generar ahorro.
El paradigma que Adler y Bauer habían previsto en los años veintes, se tradujo en México en una simple y compleja oposición de dos impulsos que cohabitaron el Estado durante más de dos décadas, y que la historia dio por denominar con los nombres de las figuras en las que encarnó: cardenismo y alemanismo, dos formas contrapuestas de concebir la función corporativa del Estado. Toca a los historiadores encontrar las afinidades que han hecho posible homologar a los regímenes de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. No deben ser demasiadas. Una no parece objetable: la obsesión común por desmantelar el bloque político y social que hizo posible integrar la propuesta del PRM. El itinerario de esta política es bien conocido: el
tropel: los despidos masivos de funcionarios de la SEP y Pemex en 1941; la derogación de la educación socialista en 1943 y el abatimiento de la educación politécnica y rural; la "limpia" de cardenistas en el ejército en 1944; la expulsión de Lombardo Toledano de la CTM y la "charrificación" de los sindicatos nacionales; el deterioro del "abasto popular"; el abandono de las formas comunales de producción en el campo; el desahucio del minifundio; la burocratización de la CNC...
Para el cardenismo, 1957 fue un año notable. Lázaro Cárdenas decide intervenir abiertamente contra la eclosión que había llevado a la política social del "Estado a niveles que él llamaba 'insostenibles'". Para ello propicia la formación de una coalición de fuerzas que se extiende desde los márgenes del PRI hasta la izquierda radical. Las mismas que en la década anterior se habían opuesto, de manera inconexa, a la política del alemanismo: ferrocarrileros, maestros, petroleros, electricistas, telegrafistas, sectores de las clases medias urbanas vinculados a la gestión del PRM, estudiantes del Politécnico, Chapingo y las normales rurales, y una clase media rural abandonada: ejidatarios, cooperativistas agrícolas, comuneros... Temeroso de una escisión nacional, Adolfo López Mateos abre las puertas del poder ejecutivo a las reformas sociales, olvida los reclamos de libertad civil y encarga a la mano dura de Gustavo Díaz Ordaz la contención del movimiento. El éxito acompaña al presidente y a su secretario de Gobernación. Apoyado en la política de la "paz indivisible", sitúan al general ante una difícil disyuntiva: reconocerse en sus reformas o enfrentarse a la institución presidencial. Cárdenas decide retirarse. Había aceptado presionar para restaurar equilibrios sociales. También lucha por libertades civiles. Pero cuestionar la institución que él mismo había consagrado, significaba, ante sus ojos, poner en peligro "la mayor conquista de la Revolución" y la base de cualquier reforma social: la paz civil. Hay otros motivos más explícitos que pueden aclarar la actitud de Cárdenas hacia 1963: el Movimiento de Liberación Nacional se había debilitado; la protesta social no prosperaba; las amenazas de muerte se habían concretado (reflexiónese en el asesinato de la familia Jaramillo); o acaso veía en las reformas lopezmateístas y el apoyo a la revolución cubana el ajuste a la política nacional que había exigido desde los cincuentas. El hecho: cuando el MLN inicia el debate sobre la posible postulación de un candidato independiente para las elecciones presidenciales de 1964, Cárdenas se opone terminantemente. No hay que olvidar que el PRI de los sesentas era un partido que se hallaba, como
la economía, en pleno esplendor. Las escisiones nacionales, al estilo del almazanismo o el henriquismo, habían quedado atrás. La disidencia sindical había perdido base social. Carlos A. Madrazo no hallaba eco suficiente a su movimiento de "reforma interna". Los estudiantes antiautoritarios pertenecían a un mundo que les era totalmente ajeno. Argumentos en sí, que debían convencer a un político que nunca (se) había creado situaciones sin salida.(10)
Además del cardenismo, la oposición social de finales de los cincuentas incorporó a otras corrientes de izquierda, cuyo destino debe buscarse en la crisis de 1968. A ella se debe, más que a nadie, la trasformación de la "cuestión democrática" en la cuestión nacional de los setentas y ochentas. Sin embargo, uno de los corolarios de aquellos conflictos fue el principio de lo que se podría llamar, abusando de la vaguedad de los prefijos, pos-populismo, que el mismo Cárdenas cifró en una amarga frase hacia 1963: "El proceso político [...] ha caído en una nueva dictadura que amenaza la paz interior del país si no cambia su estructura y abre paso a las nuevas generaciones, que vengan a darle tónicas de ejercicio político del pueblo mexicano que luchó en la Revolución inicial por dos principios: sufragio efectivo y no reelección".(11) Me refiero a la aparición, vaga en aquellos años, de una corriente política y social que, sin abandonar la lealtad a los pincipios globales del antiguo populismo, empezaba a encontrar en el autoritarismo presidencial y el carácter corporativo de las organizaciones sociales, consagradas por el mismo PRM, el origen de la imposibilidad de reanimar la política social impulsada en los años treintas. Pienso, por ejemplo, en tres ensayos fallidos: la "reforma integral" de Cárdenas, bosquejada en los documentos del MLN; el intento de democratizar al PRI promovido por Carlos A. Madrazo; y la idea de parlamentarizar el presidencialismo de Vicente Lombardo Toledano. Digo "pos-populismo", porque se sabe su origen --el populismo- y no su destino. Acaso una breve y, seguramente, esquemática definición de los propósitos que habrían de identificar a esta tendencia podría ser la siguiente: Estado fuerte interventor + presidencialismo parlamentario + autonomía de las organizaciones sociales. En suma, un principio de crítica a los fundamentos del propio corporativismo, que debe restaurar el papel del Estado social expansivo ya no a través del dirigentismo de partido, como en los años treintas, sino de la multiplicación de "competencias democráticas" que sirviesen para "vigilar naturalmente (su) rumbo". Por semejanza fortuita, el mismo tipo de Estado que inspiró la obra de Harold Laski en Inglaterra o de «Theorie» (órgano de la socialdemocracia alemana) en los años veintes.(12)
II
La crisis de 1968 es el resultado del conflicto entre un movimiento esencialmente antiautoritatio y un gobierno secuestrado por la intolerancia. La idea de que el origen de los afanes democratizadores que han absorbido al país desde entonces debe hallarse en los acontecimientos de aquel verano, es una idea plausible, pero no evidente. Me explico. El 3 de octubre de 1968, el sistema parecía haber sorteado las barreras que le impedían convertir el autoritarismo ponderado -que lo había distinguido hasta entonces- en un autoritarismo a secas. Cuatro años después, en 1972, el presidente Luis Echeverría anunciaba la promesa de una "apertura democrática" que debería saldar los agravios y ventilar las relaciones entre el Estado y la sociedad. Pocos le creyeron. ¿Quién sino él, ex secretario de Gobernación, podría ser el responsable de la involución autoritaria de los últimos años del diazordacismo?(13) La historia que sigue quiso dar mayor razón a las promesas fallidas del presidente que a las realidades consumadas del secretario. De una u otra manera, la sociedad mexicana encontró el rumbo de su paulatina democratización. ¿Qué fuerzas sociales y políticas hicieron posible esta disyuntiva? ¿Qué huellas asibles dejaron sobre el régimen? ¿Cómo afectaron la consistencia del presidencialismo? ¿Qué cambios provocaron en el tejido que oprimía a la sociedad civil en el Estado? Las preguntas se multiplican, si se toma en cuenta que la crisis de 1968 no produjo en sí ningún cambio apreciable en el régimen que cuestionó. La presidencia (aunque no el presidente) sorteó el conflicto sin tropiezos notables. El congreso permaneció cerrado a la oposición. Las organizaciones sociales continuaron uncidas al régimen corporativo. El poder judicial ganó impunidad e inmunidad. La prensa nacional perdió autonomía y beligerancia. Un hecho sumario lo dice casi todo: la rebelión estudiantil no logró, aquel verano, ni siquiera la renuncia del jefe de la policía. ¿En qué residió entonces la trascendencia de la protesta social más ambiciosa que había conocido el país desde 1940? Nada nos hace pensar que esta pregunta pueda responderse rigurosamente en los próximos tiempos. En el país del olvido y la impunidad, "68" sigue siendo motivo de indigestión para la conciencia del Estado. El tiempo no ha logrado cubrir con sus sombras el cúmulo de agravios; la memoria oficial tampoco.(14) Dilemas frecuentes que inmovilizan a la historia y al historiador contemporáneos. Surgieron dos ideas que quieren ilustrar la complejidad del tema.
Tocó a la ira de Díaz Ordaz revelar el marasmo que produjo la revuelta estudiantil en las esferas del poder. Lo hizo el 1 de septiembre de aquel mismo año, en un par de frases destinadas a intimidar a quienes habían dejado de seguir sus órdenes en las filas del gobierno: "Durante los recientes conflictos que ha habido en la ciudad de México se advirtieron, en medio de la confusión, varias tendencias principales: la de quienes deseaban presionar al gobierno para que se atendieran determinadas peticiones, la de quienes intentaron aprovecharlo con fines ideológicos y políticos, y la de quienes se propusieron sembrar el encono... En la alternativa de escoger entre el respeto a los principios esenciales en que se sustenta toda nuestra organización política, económica y social, es decir, la estructura permanente, la vida misma de México, por un lado, y por otro, las conveniencias transitorias, la decisión no admite duda alguna y está tomada, defenderé los principios".(15) En efecto, la historia de 1968 consigna la concurrencia de cuatro fuerzas en conflicto: a) la protesta estudiantil y popular (movida por "demandas al gobierno"); b) grupos en el Estado que querían capitalizar posiciones para la sucesión presidencial (quienes "perseguían fines políticos", en el leguaje del GDO); c) un abigarrado mosaico de organizaciones de izquierda ("el encono"); y d) "la estructura permanente", el presidencialismo, la supremacía de la presidencia por encima de los poderes de la sociedad ("la vida misma de México"). El 2 de octubre, GDO se propuso restaurar la situación, previa al 26 de julio. Para ello tenía que congrerar tres conmociones en una: disolver el movimiento, reunificar al gobierno y colocar a la presidencia en su lugar antiguo. Sucede en la política que las acciones aparentemente definitorias se vuelven dilemas paulatinamente insalvables. Díaz Ordaz logró ultimar los afanes antiautoritarios de los estudiantes ("liquidar", dicen los informes policiacos). También reunificó al gobierno. Pero el costo de su maximalismo resultó a la postre incosteable: el desgaste de las relaciones entre el presidente y la sociedad acabó trasformándose en un desgaste de las relaciones entre el Estado y la sociedad. La desproporcionada respuesta del gobierno (desproporcionadamente violenta, quiero decir) a los reclamos del Consejo Nacional de Huelga en la segunda mitad del mes de septiembre, provocada en parte por enfrentamientos entre sectores del gabinete, acabó erosionando la capacidad de mando de la presidencia a tal grado, que colocó al Estado ante una precaria disyuntiva: perpetuar al irascible bloque del diazordacismo, confeccionado meticulosamente a lo largo de doce años, o ventilar el acceso al poder de otras fuerzas que le permitieran restaurar su predominio sobre la base de un equilibrio fundado en la reforma y la cooptación.(16)
Asediado por la impaciencia de los universitarios -que en 1970 alcanzaba dimensiones nacionales-, la disidencia sindical (maestros, electricistas, ferrocarrileros, telefonistas), a la presencia de asonadas guerrilleras, la emergencia de una izquierda más política y más organizada, y presionado por la avidez de los aparatos de orden, Luis Echeverría decidió tomar el rumbo menos esperado que le ofrecía la política nacional: vindicar el antiguo populismo del Estado- organizador-de-la-sociedad y desmantelar los dispositivos de la violencia a través de una tímida "apertura democrática". Para ello promovió los rasgos asistenciales del régimen -sobre todo en el campo, a la usanza del viejo "corporativismo social"-, reconcilió a una nueva generación de tecnócratas universitarios con los usos de poder y acuarteló a los jefes políticos que habían olvidado la distinción entre la política de las armas y las armas de la política. No sirvió de mucho. Tardó más en convocar a los espectros del pasado, que en descubrir por qué habían sido abatidos a principios de los sesentas. Las reformas "desde arriba" encontraban ahora la inercia de dos poderes, cuya simple resistencia era suficiente para inmovilizar la legitimidad de la investidura presidencia ("el carisma institucional", decía José Revueltas): un ascendente "sector privado", cuyas ramificaciones se extendían firmemente desde Los Pinos hasta Palacio Nacional, y el "bunker" autoritario de la burocracia corporativa -al que él mismo pertenecía en gran parte. Pasado y presente reunidos en un solo poder: "los empresarios", que eran la obra más visible del feneciente "milagro mexicano", y "el bunker", el sostén del sistema, que, si había perdido cohesión en 1968, se sabía perfectamente capaz de hacer naufragar cualquier intento sustancial de reforma política. La administración de Echeverría no se propuso remover esta estructura, pero sí estimular su política social y limitar su propensión autoritaria. La "apertura democrática" no perseguía democratizar a la sociedad, sino reanimar el corporativismo populista para desalentar la espiral de la violencia -y reconstruir la unidad perdida. El "desarrollo compartido" no quería distribuir las riendas del poder, sino restaurar el dirigentismo presidencial. En suma, volver a la fórmula probada: renovar las prácticas del corporativismo, no modificarlas. O en una frase sumaria: el sexenio de Luis Echeverría condensa el ensayo (fallido) de restaurar a través del Estado lo que el mismo Cárdenas había abandonado una década antes a través de la oposición. La historia perdona cualquier política de restauración, mientras sea exitosa. En 1976, la presidencia de la República había retornado al mismo punto en el que la dejó Gustavo Díaz Ordaz: el monólogo. Sólo que ahora ya no había subversión alguna a la cual inculpar. Tampoco tropiezos notorios en la economía o en la política que sirvieran de móviles expiatorios. ¿Por qué entonces la abrumadora impugnación). Entre las razones que hoy parecen más evidentes, una sobresale. Mientras que el "sector privado" ya se presentía con el poder y la fuerza para exigir el "adelgazamiento" económico del Estado, y la oposición podía reclamar con mayor beligerancia el "adelgazamiento" político del PRI, Luis Echeverría sólo supo -¿o sólo pudo?- transitar en sentido contrario: engrosar el Estado, expandir al PRI. El resultado fue la política del descalabro. El populismo de Estado había dejado de ser un punto probable de cohesión de las fuerzas económicas incubadas por el "milagro" y de las fuerzas políticas multiplicadas por la crisis de 1968. Los empeños del presidente quedaron grabados así, en la conciencia del Estado, como un trauma provocado por el fallido retorno de una política que hasta entonces nunca había fallado: hacer frente a la crisis, remozando la naturaleza corporativa de la economía y la política del régimen.
Los años de la efímera bonanza petrolera vieron nacer un dilema -aparentemente extinguido desde el porfiriato- que denominaría la política nacional de los ochentas: ¿cómo privatizar la economía de Estado sin liberalizar la política?, ¿cómo volcar al sistema sobre el espíritu y los valores del mercado, manteniendo el carácter corporativo del poder?, ¿cómo reformar las bases sociales y económicas del régimen sin modificar al régimen mismo? La ideología oficial codificó este proceso bajo el lema de la obsesión más antigua de la ideología mexicana: la modernidad, la modernización. La oposición no pudo cambiar de terreno. Razones visibles que explican el origen de este dilema abundan: el trauma del echeverrismo (léase: el horror a la deslegitimación de un presidente obsesionado por la nostalgia del populismo); el ingreso de México en la selva de la economía internacional; la madurez de la oposición política y social a las prácticas del autoritarismo. Pero hay una que se halla en la naturaleza misma del "sistema". El régimen de partido único fue posible gracias a la enorme concentración de poderes económicos en manos del Estado. Y viceversa. La absorción recurrente de la economía por el Estado (sucede casi de manera periódica) es la prolongación de la absorción intransigente del Estado por un solo partido. La crisis de 1982 modificó ligeramente este círculo vicioso. La quiebra económica trajo consigo el idilio entre la desesperación de los acreedores y la avidez de los círculos neoliberales, que habían ocupado progresivamente el gabinete económico desde el auge petrolero. El ascenso del neoliberalismo se tradujo en la práctica de una consigna que ya había sido anunciada, aunque tímidamente, en el último año de José López Portillo: desmantelar la economía corporativa, preservando el monopolio de la política. La nacionalización de la banca interrumpió brevemente este proceso. En los primeros meses que le siguieron llegó, incluso, a ponerlo en entredicho. Después, la apurada restauración (léase: reprivatización de actividades financieras) promovida por Miguel de la Madrid en las primeras horas de su sexenio (le llevó once días promulgar las leyes, enviarlas al Congreso y modificar la Constitución), acabó facilitándolo.(17) La expropiación bancaria trasfirió las principales funciones financieras de los grupos monopólicos privados al Estado, es decir, trasfirió al Estado las principales funciones de la economía. Convertido en el banquero de la sociedad, el gobierno podía deshacerse de sus empresas sin deshacerse de su predominio en la economía; trasformarse en un "crítico" activo de la economía corporativa, preservando la centralidad de su poder en la economía. De propietario pasaría a ser accionista, de empresario a rentista. El sueño de todo inversionista moderno: controlar sin intervenir, lucrar en el anonimato, manipular números, no obreros. Con las finanzas del país en las manos, la privatización de las empresas públicas no sólo no disminuyó el peso específico del Estado en la economía sin que, probablemente, lo aumentó. (Han disminuido sin duda los "números rojos" de la contabilidad oficial, ¿a favor de quién?). La vieja burocracia industrial (corporativa) podía ya convertirse en una burocracia financiera (corporativa). El neoliberalismo mexicano se asemeja más a una actualización del corporativismo alemanista, que a cualquiera de los "modelos" occidentales en los que pretende inspirarse. Dos realidades apoyan esta arriesgada aseveración: a) "la venta" de las empresas no ha pasado por la competencia del mercado, sino por la pluma del presidente -negando al mercado la posibilidad de institucionalizar su presencia (la vieja práctica de subvencionar políticos de salida para trasformarlos en capitalistas súbitos); b) la
"liberalización" del mercado exterior no es más que el nombre que se le ha dado a la concesión a unas cuantas trasnacionales de monopolizar los recursos más generosos del mercado nacional y cerrar las puertas a la competencia internacional.(18) Cierto: no es lo mismo un Estado con empresas descentralizadas que un Estado sin ellas. Aeroméxico, Mexicana de Cobre pasaron -entre muchas otras- del dominio público a las manos de un pequeño grupo de empresarios advenedizos. El Estado ha sido efectivamente "adelgazado", y la burguesía efectivamente "engrosada". Pero en la economía moderna, la hegemonía de un poder no deviene del mundo industrial, simplemente, sino de la esfera de las finanzas. Controlar las formas actuales de crédito, como lo hace el Estado mexicano, equivale a dirigir (y determinar) la economía en su conjunto. Hacerlo apuntalando un régimen que privilegia el monopolio de la política por encima del albedrío del mercado, es hacerlo de manera corporativa.(19)
Esta peculiar manera de hacer frente a la "crisis de la modernidad" -la gran depresión, la llamaría yo-, ha redundado en un fenómeno doble que hace recordar épocas no gloriosas del Estado mexicano. De un lado ha afectado abrumadoramente a los sectores sociales que se reproducían de la economía corporativa -asalariados y campesinos esencialmente. Por el otro, no ha permitido que los círculos de empresarios que cuentan efectivamente con las condiciones para capitalizar la "internacionalización de la economía", vean su modus operandi materializado en el Estado. Una vez más el régimen se ha colocado en tierra de nadie, afectando a la sociedad en su conjunto (a los sectores "tradicionales", porque les ha quitado treinta años de mejoras, y a los "modernos" porque no les ha dado lo que requieren para desarrollarse), y privilegiando a un círculo cada vez más estrecho de políticos neoalemanistas, que nunca supieron -ni quisieron- dar respuesta al problema central del desarrollo del capitalismo en México. Es decir: el desarrollo del mercado interno.
El dilema del neoliberalismo mexicano se halla en la esfera de la política: quiere "liberalizar" la economía sin liberalizar la política, promover las fuerzas del mercado y preservar los privilegios e una casta inmóvil de funcionarios alejados de la sociedad. El siglo XIX conoció dos grandes vías del tránsito entre la "Gemeinde" (la aldea, el feudo) y la "Gesellschaft" (la sociedad, el mercado): la democracia norteamericana y el bonapartismo francés. Las otras formas de transición fueron, de alguna manera, una combinación más o menos autoritaria - de ambas. El siglo XX sólo conoce una vía que conjugue exitosamente el desarrollo de la economía de mercado y la política neoliberal: la democracia parlamentaria, la separación entre el Estado y la sociedad civil. Todos los intentos de conjugar al liberalismo económico con el corporativismo. Los éxitos: el Mediterráneo (España, Italia, Grecia) y los "tigres" asiáticos. Los fracasos: las dictaduras neoliberales de América latina. Por algún motivo -que todavía debe explicarse-, en la segunda mitad del siglo XX el desarrollo del mercado libre exige el desarrollo del mercado político.(20)
La tecnocracia mexicana se ha negado a entender esta lección. No sólo no ha promovido reformas sustanciales en la política, sino que ha intentado, fallidamente, colocar los relojes antes de la reforma política concebida por Jesús Reyes Heroles. La matanza de periodistas en el último sexenio -el asesinato impune de más de cuarenta periodistas en seis años no debe llamarse de otra manera-, el "fraude patriótico" cometido en las elecciones de Chihuahua y la contrarreforma electoral de MMH consignan esta tendencia. Aclaro: MMH quiso restaurar el equilibrio previo a 1976, no regresar a los años sesentas. Practicó una política de contención autoritaria, no de expansión de autoritarismo. Sorprende, sin duda, la capacidad del régimen para adecuarse a las circunstancias impuestas por la creciente oposición a sus prácticas. Es decir, la facilidad con la que el Estado pasó del autoritarismo de los años sesentas a la política de contención de los ochentas. Un fenómeno que podría incluso designarse, con el mismo atributo que empleó Gramsci para describir la capacidad del Estado moderno para "ir un paso adelante" de la sociedad: "trasformismo". En los años ochentas, mantenerse "adelante" de la sociedad exigía, de alguna manera, incorporar la crítica al corporativismo, hacerla parte de la legitimidad del régimen. El grupo en el poder lo hizo de dos maneras: desmantelando la economía de Estado y confinando a las organizaciones sociales del PRI.
Paralelas divergentes. Hacia 1985, la política nacional podría dividirse en tres espacios adyacentes: el "bunker" corporativo, centro de la inmovilidad del sistema; el neoliberalismo, movido por la obsesión de "liberalizar" la economía y preservar el carácter corporativo de la política; y un espectro de fuerzas opositoras ascendentes, en el que la derecha pesaba más que la izquierda, congregadas disímbolamente bajo el afán de liberalizar la política. Ergo: la crítica al corporativismo había adquirido dimensión (y consenso) nacional.
El solidarismo de Acción Nacional se sabía su impugnador más antiguo y una fuerza electoral de límites impredecibles. Fiel al viejo integralismo de González Morín, su programa seguía siendo el mismo que lo había distinguido desde los años cuarentas: privatizar la sociedad, democratizar el Congreso (acaso el único programa "strictu sensu" en la política mexicana). Muy atrás quedaba la crisis de 1976, que lo había consumido en el vacío de la abstención. La izquierda, más abigarrada, menos exitosa, escindida en una esfera política y otra social, se hallaba ostensiblemente enfrentada en torno a la filosofía y la práctica de tres móviles convergentes: la cuestión nacional, la defensa de la economía de Estado y la democratización de la sociedad. Y un agregado de la ironía: MMH debe al Fondo Monetario Internacional su vocación "anticorporativa" dirigida exclusivamente contra la economía de Estado, se entiende.
III
Tocó a un convidado de piedra trasformar el espíritu "anticorporativo" en una voluntad nacional y popular: Cuauhtémoc Cárdenas. Debe admitirse que, hacia 1985, era el hombre más célebremente desconocido del priísmo. Sus primeros pasos en la política se remontan a la beligerancia cardenista de los años cincuentas y sesentas. Siempre al lado de su padre. En los años setentas comparte las ilusiones del echeverrismo. Después se sabe de su inclinación por comunidades forestales empobrecidas. Nada especial. Un funcionario preocupado en el status quo desde la perspectiva de la política social. Los años de Michoacán no fueron célebres. La región siguió siendo el principal proveedor de campesinos pobres hacia los Estados Unidos. Cabe, sin embargo, reflexionar en dos reformas que ingresaron a la opinión pública furtivamente durante su gobernatura. Una reforma ecológica que, entre otras cosas, impidió la utilización del lago de Pátzcuaro para fines nucleares; y una reforma a las prácticas de la salud mental, que dio a la luz la primera comunidad terapéutica (léase: institución psiquiátrica no carcelaria) promovida por el Estado. Dos golpes menores, aunque sensibles, a dos grandes poderes: la burocracia tecnológica, cultivada y mimada por Miguel de la Madrid, y la Asociación Nacional de Psiquiatría, una pandilla de médicos criminales.(21)
CCS escogió la vía más imprevisible para ingresar a la política nacional: una propuesta de democratización del PRI, que consistía en aplicar textualmente las reglas estatutarias al proceso de selección del candidato a la presidencia. La idea parecía tan sencilla como improbable. Despojar al presidente de la prerrogativa de elegir a su sucesor para trasferirla al partido, equivalía a despojar al presidente de su mayor prerrogativa.(22) La Corriente Democrática nació bajo el espíritu de una confrontación incorregible. Cuestionar el principio que articula al partido en el poder desde 1929 significaba -al menos en 1985- colocarse en el umbral del vacío. Por mucho menos, Carlos A. Madrazo había pagado con la vida. Súmese que el PRI nunca había tolerado la formación de corrientes políticas en su seno, y la suma de las expectativas de Cárdenas no eran precisamente elocuentes. Asombra la tenacidad del político michoacano. La unánime campaña de jefes políticos,caciques y burócratas advenedizos -en busca de méritos para hacerse notar en el proceso de sucesión que estaba en puertas- no lo desanimó; tampoco los claros mensajes (intimidatorios) enviados desde la presidencia. Durante su primer año de vida en la oposición, el paso del tiempo le fue quitando aparentemente la razón. La CD sólo había logrado voltear al sistema en su contra y confundir a la opinión sobre los fines que perseguía.
Miguel de la Madrid creyó poder aprovechar la situación. Promover definiciones asibles frente a la "disidencia de la nostalgia" (así los llamó), le ofrecía una oportunidad inmejorable para reafirmar el consenso de la política seguida desde 1982. Marginada y debilitada, la CD se presentaba como un blanco perfectamente inerme para definir lealtades entre quienes añoraban los viejos tiempos del Estado social y quienes se sumaban al ascendente bloque neoliberal. Un blanco suficientemente simbólico y definitivamente inofensivo -en 1987. ¿Qué podían significar una docena de priístas dudosos que, en las postrimerías de los ochentas, aparecían reencarnando las sombras de los lejanos treintas? Más aún si el PRI se había volcado -por cuenta propia- plenamente en su contra. De cómo combatir a la CD, el problema se trasformó para MMH -en cómo terminarla. Tenía tres opciones: cooptarla, reprimirla o expulsarla.(23) La combinación de las dos primeras era la fórmula probada. Nunca había fallado. La expulsión aparecía como una "innovación" aventurada pero inteligente: convertía al presidente en un político de definiciones claras, sin el recurso a la violencia, y mostraba la inutilidad de los disidentes.
Especulaciones. Sólo la historia podrá explicar los motivos que llevaron a MMH a introducir esta modificación en el trato a los adversarios en el PRI, pero no hay duda de que fue "el error" más impredecible cometido por presidente alguno en la época moderna de México -si por "error" se entiende la confusión entre la política y la ideología, entre el mito y la mitología, entre el poder real y el poder formal. Lejos de dañar a CCS, la sociedad política interpretó su expulsión como un acto de debilidad presidencial, es decir, como la señal por excelencia de que la relación entre el Estado y la sociedad estaba a punto de sufrir profundas modificaciones. Sucede frecuentemente en la política mexicana. Un acto de moderación presidencial puede ser súbitamente interpretado como un acto de inutilidad presidencial. Esta vez se jugaba la carta máxima: la elección presidencial.(24)
Una vez fuera del PRI, Cárdenas se dedicó a reunir a las fuerzas que el neoliberalismo había tratado, inútilmente, de desmantelar y a convocar a los damnificados de la depresión económica. Sólo las que se hallaban fuera del sistema lo apoyaron explícitamente. De las otras (en el sistema) no se sabe todavía nada.(25) Sorprende la gama de impulsos y aspiraciones, tradicionalmente enfrentados, que congregó el Frente Democrático Nacional. Asombra la habilidad de sus dirigentes para orientarlas en una sola dirección. La historia que comienza en noviembre de 1987 y termina el 6 de julio de 1988 es el resultado del encuentro entre un ex gobernador en declive (CCS), un ex líder del PRI carismático y atrabiliario (Porfirio Muñoz Ledo), los hombres íntimos de Lázaro Cárdenas (cuatro), un par de funcionarios notables, una decena de intelectuales universitarios y sus familias (los politólogos deberán decidir si a esto se le puede llamar una "división" del PRI) y la izquierda política y social del país. Dos fuerzas menores, cuya acción agregada se trasformó en la reforma más profunda de la vida política desde los años cuarentas.(26) El neocardenismo trajo el mito consigo; la izquierda congregó la organización y la cultura de la oposición. Ambos crearon una realidad totalmente inédita, que ya ha sorteado el destino de sus protagonistas. El movimiento del 6 de julio es la primera llamada de atención contra la política de la depresión seguida por la tecnocracia en los últimos seis años. Reúne culturas políticas incubadas a lo largo de veinte años. Asombra por su coherencia y paciencia. Sobresale por su forma de hacer política radical sin radicalizar la política (desmantelando las posibilidades de la ira estatal, despojándola de la legitimidad de la violencia). Exhibe la vitalidad y la imaginación de una sociedad constituida en organismos que escapan a la lógica de instituciones y tradiciones. Consigna la madurez de "los de abajo" y la crisis de "los de arriba". Condensa los límites del PRI y la profunda reforma política y cultural por la que transitó la oposición en los últimos años -particularmente la izquierda.
El itinerario cronológico del movimiento comienza con la expulsión de Cárdenas de las filas del PRI (el itinerario histórico es más complejo: cada fuerza congregada en el FDN tiene su propia historia). Por más insignificante que parecía, el desprendimiento fue interpretado por la opinión real (la pública y la subterránea) como una "división del grupo gobernante". En México, ésta ha sido, tradicionalmente, la señal de una crisis nacional. Pienso en Madero, Vasconcelos, Almazán y Henríquez. El aura de omnipotencia que proyectara el Estado mexicano se ha traducido históricamente en el sentimiento de importancia que introyectan las fuerzas que lo cuestionan desde sus afueras. La sociedad considera a la política como una actividad reservada a los habitantes del sistema. El Estado considera a la sociedad como un espectador pasivo del mundo poder. La naturaleza del prestigio deviene del poder, no de la riqueza ni de la sabiduría. Toda escisión en el sistema con algún viso de legitimidad pone en peligro este círculo vicioso de atributos estancos. En el Estado se multiplican las posibilidades de ganar posiciones, agregando a sectores movilizados de la sociedad. En la sociedad se multiplican las posibilidades de ingresar al privilegiado "habitat" de la política. Pero, no toda escisión se trasforma en una crisis nacional. Por el contrario. Son raras las que desembocan en conflictos que arrastran al Estado y a la sociedad por igual. Es comprensible. El precio es la desestabilidad del Estado y la sociedad a un mismo tiempo.
¿Qué mágicas fuerzas hicieron entonces de CCS el móvil de la crisis?
Las enumero de manera arbitraria:
- La devastación económica de los años ochenta es una explicación correcta pero insuficiente. Las crisis económicas conmueven a la política, pero no la mueven.
Más que una "crisis", la sociedad mexicana se halla desde 1982 en una situación que la prensa del año 1929 definió como la gran depresión. Los ingresos reales de los asalariados se redujeron (por lo menos) a la mitad. La inflación efectiva no ha bajado de 40%. El crecimiento de la economía nacional se ha detenido. Del desempleo no se tienen cifras; tampoco de la emigración hacia los Estados Unidos. El mercado de insumos elementales se ha contraído y la pequeña economía campesina atraviesa por el peor momento desde la Revolución. Agréguese el derrumbe de la Bolsa en 1987, en el que 400,000 familias perdieron sus ahorros, y el cuadro es el de un hundimiento.
No sólo ha habido perdedores. Como en toda depresión, hay sectores que han capitalizado la quiebra de sus competidores. Los círculos de especuladores y financieros (cuyo auge no se ha cristalizado en el aumento de inversiones, sino de las exportaciones de divisas), la agricultura exportadora y la economía que rodea a las maquiladoras son tres visibles. Ninguno de ellos es suficiente para compensar los efectos globales de la depresión.
No se tiene idea sobre la inmensa economía informal que ha producido la parálisis de la economía estatal. El "segundo ingreso" se ha convertido en un ingreso imprescindible para los habitantes de las urbes. Todo empleado ha sido trasformado, en horas extras, en un subempleado. Se produce, vende y compra de manera subterránea, errática y con esfuerzos sobrehumanos. Si la economía informal es un trágico "hinterland" protector (así como Siberia para los rusos durante las guerras) para la sobrevivencia de los asalariados, no lo es de las tensiones sociales y psicológicas que trae consigo verse, de la noche a la mañana, multiplicado de dentista y taxista, de arquitecto y taquero, de obrero y ejidatario, de ejidatario y emigrante. Una nación entera de mil usos, Olvídese en lo que los sociólogos llaman "la degradación del status"; piénsese en la cantidad de horas de trabajo que requiere vivir en ambas economías a la vez, el neoliberalismo hizo progresar al país de la jornada de ocho horas a la de doce, catorce y dieciséis horas.
- La trasformación de la estructura social frente a la inmovilidad de la estructura política debe ser otra de las razones de la crisis del 6 de julio.
La trasformación de la economía nacional en una economía de mercado libre, tal y como lo quiere el neoliberalismo, ha multiplicado los resentimientos entre el Estado y la sociedad. La burocracia política que ha regido el país durante los últimos cuarenta años, acaso desde la fundación del PRI, sólo se ha mostrado dispuesta a capitalizar los dividendos de "la privatización", pero no a compartir sus riesgos. (Se) "vende" a sí misma las empresas del Estado. (Se) otorga concesiones y privilegios a sí misma. (Se) concede créditos e inversiones a sí misma. Es decir: quiere el mercado libre para todos menos para sí misma. La sociedad ha quedado dividida en dos universos abrumadoramente desiguales: quienes padecen las inclemencias de "la liberalización", y quienes gozan de los privilegios de la "rectoría del Estado". Mientras que la sociedad se ha internado en el laberinto de la incertidumbre, la burocracia neoalemanista sigue gozando de los privilegios de la certidumbre. La llave para ello ha sido la preservación del monopolio de la política, la defensa a toda costa de ese museo viviente llamado PRI. El resultado ha sido la inutilización de las fuerzas del mercado y la degradación de las fuerzas del Estado: la depresión. La imagen es propia de un cuadro de Escher: una sociedad de hombres pequeños subiendo y bajando febrilmente, uno detrás de otro, por las escaleras concéntricas de una torre, vigilados por una docena de guardianes apostados en sus muros, que ríen de la absurda febrilidad. Las posibilidades de cualquier indignación (o su contraparte inevitable: la depresión psicológica) son comprensibles: la indignación de las comunidades "tradicionales" del campo y de la ciudad, que han ingresado en un "mercado" (de la fuerza de trabajo y de la pequeña producción), sin los recursos elementales para sacar provechos elementales; la indignación de los habitantes de la economía de Estado, ante la decadencia de sus ingresos, status, lugares de trabajo, privilegios insignificantes; la indignación de los pequeños capitalistas, asolados por la inflación; la indignación de los grandes capitalistas, que no hallan la manera de "liberalizar" a la política, para ganar confianza en el sistema. La indignación de la sociedad contra el Estado.
- El neoliberalismo ha quitado privilegios, pero no ha concedido ninguna compensación nacional. La única imaginable es la democracia electoral, en cuyo nombre la socialdemocracia de España y Grecia, Alfonsín y Sarney, lograron sortear los primeros años de la crisis neoliberal.
- La disciplinada rebelión electoral debe haber sido la continuación del proceso de democratización "desde abajo", que transitó por los lugares más recónditos de la sociedad en los últimos veinte años, y que había gestado ya una cultura subterránea de la democracia. Los politólogos modernos olvidan con frecuencia que todo proceso de democratización global comienza con la democratización paulatina de la microfísica del autoritarismo.
- Los gobiernos endeudados han sido, tradicionalmente, gobiernos débiles. La razón es sencilla. En un sistema estrictamente presidencial, donde el ejecutivo es el único depositario de las relaciones exteriores, cualquier fracaso rotundo nacional se puede confundir fácilmente con un fracaso presidencial. Más aún si se trata de un fracaso histórico: en los años sesentas, había quienes comparaban las perspectivas de México con las realidades de Japón; en los setentas, el límite de las probabilidades se redujo al "Mediterráneo pobre", España y Grecia; en los ochentas, hay quienes mantienen la esperanza de que "el modelo" sea Taiwán o Hong Kong.
- Y por último, el mito del cardenismo (en un país que sólo se moviliza gracias a sus mitos), cuya súbita emergencia quisiera sistematizar brevemente.(27)
El FDN fue una coalición de fuerzas reunidas en torno a una demanda, no a un programa ni a una ideología: sufragio efectivo y no reelección (del PRI). De ahí su fuerza y su debilidad. Pareto gustaba decir que no hay oposición más temida que la que sabe convertirse en un "tribunal del gobierno". Juzgar al gobierno con sus propias leyes es voltear el orden contra sí mismo, vindicar una suerte de "justicia histórica", aplicar al poder la misma medida que el poder aplica a la sociedad. Una venganza dulce. El constitucionalismo del FDN enfrentó al régimen a la difícil (si no imposible) tarea de demostrar su propia legitimidad. La presencia de Cuauhtémoc Cárdenas aseguró la ineficiencia de cualquier distinción (acusatoria) entre quienes se hallaban "dentro y fuera de la ley" (acaso la definición más temida en la política mexicana); trasformó el conflicto en una disputa entre iguales por una y la misma fuente de legitimidad. Una disputa por los medios (democracia o no, nacionalismo o no, neoliberalismo o Estado social...) no por los fines (la Constitución). Situación inédita: como el incrédulo Mug ante el espejo de Alicia, cada vez que el candidato oficial acusaba a la oposición, se acusaba a sí mismo. En México, la defensa de la Constitución ha sido el único "programa" capaz de convocar fuerzas efectivamente nacionales en el último siglo. El maderismo fue un movimiento que vindicó la Constitución de 1857. Vasconcelos, Almazán y Henríquez hicieron lo mismo con la de 1917. 1968 es el sinónimo de un programa, cuyo sentido esencial era el cumplimiento de las garantías constitucionales. Decir que el movimiento social de 1988 se halla "dentro de los marcos del sistema", por su apego a las prácticas del constitucionalismo, es no decir nada. El FDN fue un encuentro de organismos e ideologías, que iban desde el nacionalismo revolucionario hasta el socialismo autogestionario. El neocardenismo dominó su identidad mientras que Cuauhtémoc Cárdenas dominaba su política -una ideología relativamente inédita, en proceso de formación que se asemeja más al pospopulismo de los años sesentas que al cardenismo de los treintas. En realidad, el universo de CCS se reveló más radical en la práctica y más moderado en el discurso que el del general. El enfrentamiento abierto con el PRI, y con el presidente en particular, habrían sido improbables en Lázaro Cárdenas; la concentración de esfuerzos en la democracia ciudadana le habría parecido unilateral. (Toda comparación histórica es fatal). En cambio, la CD se deshizo de la problemática del socialismo y el antimperialismo, dos temas predilectos del viejo cardenismo. El neocardenismo es una ideología abierta, no acabada, sin las trazas del viejo pensamiento corporativo, pero con las trazas de una ambigüedad que puede servir para justificar políticas impredecibles. Sus límites se movieron entre una suerte de pospopulismo, que combinó la filosofía de la sociedad de ciudadano con la del Estado social ampliado, y una ideología que liga a la democracia, el Estado y el mercado a la manera de la socialdemocracia. Ambas sostenidas en una visión del país que no es, necesariamente, beligerante frente a los Estados Unidos. Pero no sabemos aún. El poder del nacionalismo reside en que no es ninguna ideología en sí, sino que todas a la vez. Sus límites los define la política, no la historia ni la filosofía. Pertenece más bien al mundo de los valores que Max Weber llamó "instrumentales": existen para racionalizar situaciones súbitas, no para proyectar realidades alternativas.
Sin la convergencia de la izquierda, el fenómeno neocardenista habría sido inconcebible. Y viceversa, sin la paciencia de CCS, la confluencia de la izquierda habría sido inverificable. Ironías del destino: tocó a un ex priísta conciliar lo que ningún partido, movimiento o líder había logrado, ni siquiera, convocar. Los partidos y grupos socialistas proporcionaron una estructura que cubrió, prácticamente, todos los centros políticos del país. Su unidad, fundada en la renuncia súbita a intereses de grupo (la sorpresiva beligerancia del PPS, el retiro de Heberto Castillo, las concesiones de PFCRN), versión inédita de la izquierda, multiplicó el prestigio de la candidatura de CCS. (Queda por verse si la candidatura unitaria aumentó también el prestigio de la izquierda). Dividida en tres grandes corrientes -el lombardismo, el socialismo democrático y la izquierda social- descubrió, aunque sólo fuera por unas cuantas semanas, que la ausencia de centralidad no es, necesariamente, un sinónimo de la marginalidad. La experiencia de sentirse efectivamente nacionales, puso a prueba a cada una de estas tendencias. Evocó la vieja idea de Lombardo sobre la escisión del sistema como vía para la edificación de alternativas probables. Trasformó en un problema práctico las especulaciones del socialismo independiente sobre la posibilidad de la creación de una fuerza autónoma del sistema. Reanimó las ideas sobre la relevancia marginal de la forma-partido en la política de la oposición. Reformó las visiones de todas ellas sobre la democracia y colocó un enorme signo de interrogación sobre sus destinos inmediatos. Pero, sobre todo, reveló que la eficacia social de la izquierda es proporcional a su capacidad para agregarse en torno a principios globales laicos, no ideológicos (reglas de convivencia y acción, no programas ni utopías) que preserven la pluralidad de sus opciones. Una suerte de "status-via" en embrión.(27)
Es difícil pensar que la experiencia de esta convergencia haya modificado la naturaleza de la izquierda, basada esencialmente en el "patriotismo de partido". Duró demasiado poco y no modificó la estructura interna de sus organizaciones, ni las relaciones que guardan cada una de ellas con el sistema. Pero no hay duda que la situó en el umbral de convertirse en un protagonista central de la transición del régimen político. Un papel que, hace unos cuantos años, se antojaba tan imposible como la crisis del PRI. Sucede con las fuerzas cultivadas en la automarginación: el gran momento las toma siempre por sorpresa.
El movimiento social que hizo posible la inflexión electoral del 6 de julio es el protagonista más intrigante del proceso. Visto desde su perspectiva social, congregó a grupos que jamás habían coincidido: comunidades indígenas del estado de México y Oaxaca; campesinos pobres de Michoacán y Guerrero; campesinos medios de la Laguna y Tamaulipas; agricultores boyantes de Sonora y Baja California; obreros jóvenes y obreros viejos; burócratas y maestros; bandas urbanas y estudiantes; asociaciones de colonos y mercados populares. También el PAN se estrenó como un partido social: la clase media boyante de los ochentas, universo plenamente desconocido a la ya decrépita clase media tradicional urbana, aseguró la masividad de sus acciones. Si algo los distinguió a todos fue la voluntad de movilización autónoma pero, sobre todo, su capacidad de organización. Hacer frente efectivo a una elección presidencial requiere de una coherencia tan eficaz -así sea la que puede proporcionar el inasible sentimiento de solidaridad como la del aparato electoral del gobierno. Validar el triunfo, exige mucho más.
La geografía política del movimiento es todavía más compleja. Parece agregarse en tres esferas: disidentes de las organizaciones oficiales, el universo de la izquierda (que sumó a millares de activistas que habían abandonado la política) y un enorme sector de jóvenes, de la ciudad y el campo, que no habían transitado por ninguna de estas experiencias. Es imposible prever las posibilidades de la reedición de esta emergencia. Lo más probable es que sea improbable. La elección presidencial parece ser el único móvil capaz de congregar a tantos en tan poco tiempo con tan claras exigencias. Pero a diferencia de la crisis de 1968, o de los conflictos sindicales, universitarios y electorales de los setentas y ochentas, el movimiento social de 1988 es una experiencia efectivamente nacional: la experiencia de la construcción de la democracia "desde abajo", la reforma de la vida política desde el único lugar donde las reformas se convierten en parte de la cultura cotidiana de la sociedad.(28)
La crisis de 1988 es, como toda crisis social en México, el resultado de la pérdida de legitimidad de la presidencia. Su diferencia con otros momentos similares (1940, 1952, 1958, 1968) es que, por primera vez, la oposición logró traducir el afán de cambio en resultados inmediatos: la desaparición de la mayoría constitucional unipartidaria en la Cámara. Basta con ello para consignarla como la reforma política más profunda desde 1929.
Notas
1. "Ay, pobre de ti, tierra olvidada. Qué mal hiciste para merecer tanta mezquindad. Hasta tus invasores son hombres miopes y menores. Tuvo el Imperio de la Razón que llegar hasta aquí, para descubrír por cuenta propia la incalculable rebelión de los mitos, que hizo de un grupo de atrabiliarios, el último resquicio de tu dignidad". (Ignacio Ramírez, «Orígenes», 1867, p. 18).
2. En la noche del 6 de julio, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clouthier y Rosario Ibarra de Piedra se presentaron ante el secretario de Gobernación, Manuel Bartlet, para hacer entrega de una declaración conjunta en la que desconocían "la legalidad" de las elecciones. El funcionario les respondió que era una "aseveración apresurada", porque el recuento de la votación no había terminado aún. Una hora después, el mismo Bartlet pedía disculpas a la prensa por "la caída del sistema" de computación y la posposición indefinida del anuncio de los resultados. La frase se prestó a una risotada mundial (textualmente), gracias a su puntual reproducción en «The New York Times». Cuatro días más tarde, CCS explicó los motivos de la "apresurada" impugnación. El 6 de julio por la noche, "un alto funcionario" del gobierno le avisó que el presidente, en reunión con algunos miembros del gabinete y "otras personalidades", habían decidido interrumpir el proceso computarizado del recuento de las actas electorales. El motivo era muy sencillo: los primeros resultados contradecían el triunfo absoluto de Salinas de Gortari y el resultado final se había vuelto impredecible. MMH decidía llamar en apoyo a la alquimia electoral. Para ello necesitaba tiempo. Se tomó casi diez días. (Entre el 7 y el 20 de julio, «La Jornada» y «Proceso» publicaron suficientes testimonios que corroboraban la versión de CCS). No bastó. Cuando los diputados de la oposición quisieron reiniciar el recuento de las miles (¿25,000?) de urnas depositadas en los sótanos del Congreso, en uso de sus facultades constitucionales, las fuerzas del orden lo impidieron. (Jorge Castañeda, «Missing numbers, "Soviet" precincts leave bitter aftertaste in Mexico», Los Angeles, 1988). Hasta la fecha (mayo de 1989) se desconoce el resultado final de la elección.
El análisis de la misma estadística oficial hace cuestionables los resultados oficiales. Dos estudios, uno de José Barberán, Cuauhtémoc Cárdenas, Adriana López Monjardin y Jorge Zavala («Radiografía del fraude», México, 1988), y otro realizado por el Centro de Estudios y Promoción Social AC («Elecciones presidenciales 1988», México, 1988) obtienen conclusiones similares. La estadística oficial parece reflejar dos países distintos: uno, donde los resultados son reñidos; otro, donde el PRI gana por 98% o, incluso, 110% (más votos que votantes registrados). Sería la primera vez en la historia universal de las elecciones, que una nación divide sus preferencias tan bizarramente.
3. Carlos Martínez Assad ha escrito una historia puntual del henriquismo («Una piedra en el camino», México, 1983). Ariel José Contreras ha hecho un trabajo equivalente sobre el almazanismo («Estado y sociedad civil en las elecciones de 1940», DF, 1981). Para quienes gustan pensar a la historia como el orden de tendencias seculares, descubro que las crisis electorales de 1940, 1952 y 1988 tienen un rasgo en común: giran a favor o en contra del cardenismo. El almazanismo representó desde la oposición lo que el alemanismo realizó desde el gobierno: la política del desmantelamiento del bloque social que hizo posible el programa del PRM. El henriquismo quiso ser una exaltación de esa fuerza en crisis. El neocardenismo de los ochentas es una revaloración de la tradición de los treintas. Los nexos entre estas coincidencias son un misterio. Nos hacen pensar en la idea de que el cardenismo, entendido como una tradición nacional, valoró el espacio electoral con mayor profundidad de lo que se cree habitualmente.
4. Reúnanse las crónicas de Carlos Monsiváis aparecidas en «Proceso» y «La Jornada» en los meses que van de octubre de 1988 a octubre de 1989.
5. Alicia Hernández, «La mecánica cardenista», México, 1979.
6. "El término ha sido empleado, con relativa laxitud, para describir tres desarrollos políticos interrelacionados. En primer lugar, evoca un estilo consignable de movilización política, que recurre a una retórica circular y a símbolos concebidos para instigar al "pueblo" contra sus opresores. Esta recurrencia descansa sobre la acción de un líder magnético y paternalista, que invoca sentimientos dramáticos y emocionales, y que, enarbolando banderas nacionalistas, promete satisfacer (psíquica y materialmente) las necesidades de los desvalidos. En segundo lugar, el término se refiere a una coalición social heterogénea, orientada hacia las clases trabajadoras, que incluye (y es dirigida por) sectores importantes de los estratos medios y altos. La proporción en que se conjugan estos sectores sociales varía de movimiento en movimiento, pero todos tienden a constituirse sobre una base de "masas" más que en el estrecho marco de una "clase". En tercer lugar, populismo ha sido el nombre que se le ha dado a un conjunto de políticas reformistas destinadas a promover el desarrollo sin conflictos de clases explosivos. Sin definirse hacia el socialismo o el capitalismo, sus programas han perseguido esencialmente la integración nacional. Normalmente responden a los problemas del subdesarrollo a través de la expansión del activismo de Estado, incorporando a los trabajadores a un proceso de industrialización acelerada por medio de medidas paliativas de redistribución". (Paul Drake, «Requiem for Populism?», Albuquerque, 1982, p. 218).
7. Es una impresión que comparten por igual Frank Tannenbaum («México, the struggle for peace and bread», New York, 1950) y Anatol Shulgovski («México en la encrucijada de su historia», México, 1976). El estudio clásico sobre la historia de la movilidad política promovida por "el sistema" se debe a Peter Smith («El laberinto del poder», México, 1974).
8. Mihail Manoilescu, «Le siècle du corporatisme», París, 1923.
9. Victor Adler, «Kritik des sozialen "korporatismus"», Munchen, 1923; Bruno Bauer, «Die katolische Frage», Wien, 1924.
10. Ídem.
11. Enrique Krauze ha descrito este cambio como una metáfora (¿inmerecidamente?) sarcástica: "Era ya [...] un demócrata: Cárdenas descubriendo a Madero". («Lázaro Cárdenas, general misionero», México, 1987, p. 184).
12. El tema de la conciliación entre el carácter "interventor" del Estado social y el origen liberal/ciudadano del régimen parlamentario se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. Sus orígenes se hallan en los debates que dieron origen a los fabianos en Inglaterra y a los lasalleanos en Alemania. La década que siguió a la I guerra mundial y la revolución rusa, vio nacer las primeras reflexiones sobre los "mecanismos de control" que podría desarrollar la sociedad para orientar el proceso de expansión del Estado y "limitar" la separación entre el poder ejecutivo y el legislativo. El "pesimismo" de Max Weber (léase: la expansión irremediable de la dominación burocrática) es una antesala de estas reflexiones («Economía y sociedad», México, 1972, t. II). Harold Laski en Inglaterra, lo comparte desde la óptica del gradualismo socialista («Dangers of obedience», Londres, 1921), y Rosa Luxemburgo lo hace desde la perspectiva de la autogestión. («Die krise der sozialdemokratie», Berlín, 1916). Todos ellos ven en el parlamento el único mecanismo de contención democrática. Rosa Luxemburgo agrega la idea, en boga setenta años después, del "parlamento social".
Es curioso que la metamorfosis del cardenismo hacia los años cincuentas comparta, involuntariamente, los remedios del liberalismo y el socialismo de los años veinte. En este caso, se trata de la idea de que un régimen parlamentario puede servir de contrapeso a las tendencias oligopólicas del Estado corporativo.
13. La interpretación de la crisis de 1968 sigue detenida en un paradigma que Arturo Borja ha señalado ampliamente (véase su "Comentario" en este volumen). Lo resumo: Las fuerzas envueltas en la crisis (gobierno y estudiantes) se hallaban visiblemente radicalizadas. El movimiento estaba imbuido de un espíritu de rebelión, no de trasformaciones graduales. El gobierno estaba absorbido por un ánimo de represión, no de tolerancia y diálogo. Nadie pensaba en una "democratización" del régimen. Cuatro años después, la "apertura democrática" cambió definitivamente el rumbo. Acaso sea necesario distinguir entre el carácter del conflicto y los efectos globales que tuvo sobre la sociedad. Una historia puntual debería reconstruir la relación entre ambos.
14. El ramo de presidentes del Archivo General de la Nación es una expresión monumental de la sordidez que rige al diálogo entre el poder y la sociedad en México. Se encuentran ahí testimonios de los reclamos, exigencias, solicitudes, apologías, críticas y demás, que ciudadanos, organizaciones e instituciones plantean al gobierno. No existe, en cambio, un solo testimonio que documente las respuestas del presidente y sus secretarios, ni las sugerencias que hace el presidente a los secretarios para que actúen de una u otra manera. En una palabra: la sociedad se dirige cotidianamente al poder, el poder conspira cotidianamente contra la sociedad. No hallo otra manera de definir el ocultamiento total de los testimonios con lo que la sociedad puede exigir cuentas al estado. Cabría agregar que es un ocultamiento anticonstitucional. El ramo de Gustavo Díaz Ordaz va más lejos aún. Ni siquiera contiene la mayoría de los reclamos de la sociedad. Se sabe que fueron quemados y triturados. Como todo poder que se siente omnímodo, los burócratas mexicanos han llegado a creer que sus dominios incluyen a la historia misma.
15. Ramón Ramírez, «El movimiento estudiantil de México», México, 1969, t. II, p. 391.
16. Habría que reflexionar con más cuidado en los detalles de la masacre del 2 de octubre. La presencia de seis cuerpos distintos de las fuerzas del orden en la plaza de las Tres Culturas, que no sólo dispararon contra los asistentes al mitin, sino que se dispararon entre sí, indica, acaso, la existencia de una división en el Estado que polarizó a las fuerzas civiles y del orden por igual. El conflicto entre Marcelino García Barragán y Luis Echeverría me parece otra posible indicación de ello.
17. "La expropiación bancaria de 1982 pareció, en un primer momento, encaminarse (a debilitar a la iniciativa privada). Sin embargo, la política del gobierno de Miguel de la Madrid de indemnizar a los banqueros, devolverles las banco-empresas y favorecer el fortalecimiento del mercado bursátil, ha restaurado con creces el poder económico que disfrutaban y, más que simbólicamente, su poder como socios privilegiados del gobierno, que se (vio) coronado con la llegada de Agustín F. Legorreta a la presidencia del CCE en abril de 1987". (Francisco Valdés, «La privatización del espacio público en México», Providence, 1989, p. 24, mimeo.)
18. "De la Madrid había logrado, hacia finales de 1986, vender 96 (empresas descentralizadas) -incluyendo propiedades centrales en las industrias automotriz y hotelera- fusionar 46 y trasferir 39 a gobiernos locales... En suma, el Estado redujo su papel directo en la economía, y ello condujo a algunos a creer que el neodirigentismo tendría menos capacidad para lograr un mejoramiento de la economía. Pero, como lo hicieron notar funcionarios oficiales, el propósito de las reformas no era debilitar al Estado sino, paradójicamente, hacerlo más eficiente y, con ello, más efectivo". (Peter Smith, «"The presidential succession in historical perspective», La Jolla, 1989, p. 9-10). La "liberalización del comercio exterior", cuya intención principal era promover las exportaciones de capitales mexicanos, terminó fomentando el proceso contrario: el predominio de las empresas trasnacionales en las exportaciones mexicanas. "La participación de las industrias internacionalizadas (más los derivados del petróleo) aumentó hasta representar el 83.5% de las exportaciones totales mexicanas del periodo 1983-1987... La participación de esas mismas industrias 'internacionalizadas' en las importaciones mexicanas de manufacturas alcanza a ser del 72.8% (Kurt Unger y Luz Consuelo Saldaña, «Las economías de escala y de alcance en las exportaciones mexicanas más dinámicas», México, 1988, p. 4). Hay quienes sostienen que ese fenómeno es una "tendencia internacional" del comercio. Es probable. Habría que pensar, sin embargo, qué significa (a mediano plazo) estar a la cola (y no a la cabeza) de esta tendencia. (A corto plazo, ya sabemos, y estamos todos hartos). Me refiero a las condiciones que el gobierno mexicano asegura a la inversión 'internacionalizada': protección en el mercado nacional a sus productos; salarios no bajos, bajísimos; descargas fiscales; subvención de servicios; descargas arancelarias; facilidades crediticias; libertad plena de conversión de utilidades. México parece haber pasado de un periodo de sustitución de importaciones (en que se protegía a la burguesía nativa de las incertidumbres del mercado internacional) a un periodo de sustitución de exportaciones (en el que se protege a las trasnacionales de las incertidumbres del mercado nacional).
Mitad demagogia, mitad realidad, el neoliberalismo mexicano parece haber olvidado una lección elemental de la historia contemporánea: "no caigamos víctimas de la retórica cómoda y fácil [...], es una falacia argumentar que [...] el problema en México se reduce a la excesiva participación estatal en la economía [...]. Aquellos países que lograron un crecimiento económico sano y sostenido durante la etapa de industrialización vía la sustitución de importaciones, y luego reorientaron su estrategia hacia el énfasis en las exportaciones, comparten un rasgo común. En todos los casos el Estado jugó y continúa jugando un papel central de apoyo a los esfuerzos de industrialización y de orientación hacia los mercados internacionales". (Gabriel Szekely. "México: la puerta al siglo XXI", México, noviembre 1988, p. 46).
19. En «El nacionalismo contra la nación» (México, 1986), Enrique Montalvo reconstruye detalladamente el funcionamiento del Estado social, cuyo desmantelamiento se halla entre los objetivos de la política neoliberal.
20. Wayne Cornelius, Judith Gentleman y Peter Smith sostienen una tesis menos definitiva al respecto: "no existe ninguna relación directa entre la liberalización política y la liberalización económica. En otras palabras, la liberalización económica es posible sin cambios paralelos en el sistema político, así sean de apertura o endurecimiento. Corea del Sur, por ejemplo, prueba que la liberalización política -al menos hasta las etapas tardías del proceso de liberalización económica" (Wayne Cornelius et al., «Mexico's alternative political futures», La Jolla, 1989, p. 56).
21. Luis Javier Garrido distingue tres momentos en la emergencia del FDN: la formación de la CD, hacia 1985; la integración de un bloque electoral, en diciembre de 1987; la constitución de un movimiento social entre enero y julio de 1988. («El movimiento cardenista, el PRI, y el futuro del sistema político mexicano». La Jolla, 2 diciembre 1988).
22. Habría que distinguir dos clases de reformas desde 1968: reformas formales, que se realizan con arreglo a leyes, y reformas no formales, que sucede de facto, sin tener expresión institucional ni jurídica. Se observan dos procesos distintos: un abigarrado conjunto de reformas formales, cuya tendencia principal ha sido el fortalecimiento del poder presidencial (la legislación, que no es lo mismo que la legitimación, de la intervención presidencial en un número mayor de áreas de la política y la economía); y un proceso de reformas no formales, cuyo sentido global ha sido el debilitamiento de las facultades presidenciales (la imposibilidad, cada vez mayor, del presidente de intervenir en áreas específicas de la sociedad). La reforma del PRI que proponía CCS quería conjugar ambos tipos de reformas en una sola: disminuir formal y realmente el poder del presidente en la sucesión.
En otro ensayo («El Estado contra la Nación», México, 1987) evoqué la idea de Alexis de Tocqueville de que el presidencialismo no es necesariamente un sinónimo de autoritarismo. El presidencialismo parlamentario de Chile hasta 1973 es un testimonio de ello. Los regímenes de Francia y los Estados Unidos también lo son. Una de las condiciones fundamentales que aseguran la autonomía del congreso con respecto a la presidencia (en estos tres ejemplos que enumero) es la legitimidad de la elección por voto secreto (léase: todo "poder ejecutivo" que pierde una elección hace entrega pacífica del poder). En México no existe ningún espacio de la vida nacional, ni en la sociedad civil ni en el Estado, donde se cultive esta forma de legitimidad. El cambio de poderes ejecutivos, ya sea en un sindicato, cámara empresarial, municipio, gubernatura, o club deportivo, sucede por designación o por convulsión. (Hay tres excepciones notables pero minúsculas: las universidades de Puebla, Guerrero y Sinaloa.)
23. Recuérdese el caso de Carlos A. Madrazo durante los sesentas.
24. El "acto de moderación" por excelencia, al menos para los historiadores, fue la entrevista Díaz-Creelman.
25. Un remoto historiador australiano, Barry Carr, quedó bajo la impresión de que el movimiento del 6 de julio fue un asunto estrictamente familiar: "hijos del PRI" (Véase: Wayne Cornelius et al., «Mexico's alternative political futures», La Jolla, 1989, p. 54). En principio, es una idea que se debe a Arturo Romo, dirigente de la CTM, aunque la de Carr es mucho menos perspicaz. El senador "obrero" encontró, el mismo 7 de julio, que las movilizaciones del FDN no eran más que "triunfo innegable de la Revolución Mexicana". En realidad, ambos quieren decir que la inflexión electoral fue resultado de la división del PRI y no de la emergencia de la izquierda. Lo dudo francamente. Presumo que es ambas a la vez: un desprendimiento del PRI y una expansión de la izquierda. Me inclino más a pensar como lo hace John Womack: un "cambio significativo (en la política mexicana) es la emergencia y la organización creciente de una izquierda significativa fuera del PRI. Es acaso el momento más esperanzador para la izquierda desde que Vicente Lombardo Toledano, fundador de la CTM en 1936 y del PRM en 1938, desafió a Miguel Alemán y el nuevo PRI, y formó el Partido Popular en 1948 (sólo para verlo enrarecerse durante la "guerra fría"). [...] Este nuevo bloque de izquierda, compuesto por disidentes del PRI y socialistas, se halla ahora respetablemente como la segunda fuerza más poderosa de la política mexicana. En el último año, mostraron habilidades políticas que su contraparte en la derecha nunca había logrado demostrar". («The meaning of the Mexican elections», New York, 1988, p. 161).
26. Ídem.
27. Véase: Enrique Semo, «Las elecciones presidenciales de 1988», La Jolla, 21 septiembre 1988.
Bibliografía
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Barberán, José, Cuauhtémoc Cárdenas, Adriana López Monjardin y Jorge Zavala, «Radiografía del fraude», México, 1988.
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Borja, Arturo, "Comentario", en este volumen.
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investigación sobre las relaciones entre México y los Estados Unidos, Centro de Estudios México-EU, USCD, La Jolla, 2 diciembre 1988.
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