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Entrevista
LOS RETOS DE LA UNIVERSIDAD MEXICANA
(Entrevista con el doctor Luis Rivera Terrazas, rector
de la Universidad Autónoma de Puebla de 1975 a 1981.
Convencido impulsor del proceso democratizador de la
universidad mexicana y destacado investigador y pilar
del Instituto de Física de la UAP)
José Antonio Valenzuela Ríos
(profesor-investigador adscrito al Centro de Investigaciones Jurídicas
y profesor de la facultad de Derecho de la UAZ)
Vínculo Jurídico. Señor doctor Luis Rivera Terrazas, se dice que México está comenzando a vivir una de las crisis más profundas de su historia, ¿cuál es el papel de la universidad pública mexicana en este contexto?
Luis Rivera Terrazas. Me parece que es un papel fundamental. La educación en nuestro país, por razones históricas, está dividida en dos grandes sectores: el público y el privado. El sector privado tiene sus propios objetivos y sus propias metas, no representa la solución a los problemas de nuestro país. Es la solución para los problemas de una clase aristocrática, poderosa económicamente, que está preparando a sus cuadros dirigentes; esos harán su vida aparte. Pero la solución a los problemas de la inmensa mayoría del pueblo mexicano debe provenir de instituciones populares. De universidades como la de Zacatecas, de Puebla, de Sinaloa, como de otras universidades estatales. Somos nosotros los que tenemos que llegar al pueblo y poder dar solución a sus problemas ¿Quién les va a proponer soluciones si no somos nosotros? Nosotros somos los más capacitados, los que tenemos una condición intelectual más desarrollada. Nuestro papel y el de las universidades estatales es enorme.
VJ. La universidad pública mexicana procura encaminarse al ensanchamiento de su vinculación con la sociedad, con los problemas regionales y con los problemas de los sectores populares. Causa preocupación, sin embargo, la vinculación con el aparato productivo. Aquí el camino se bifurca; los que sostienen una relación crítica y condicionada, y los que rechazan tal vinculación por considerarla favorable a la burguesía desde el punto de vista técnico e ideológico. ¿Qué opina a este respecto?
LRT. Creo que es un falso planteamiento. La gente progresista debe caracterizarse por su oposición realista. Vivimos en un régimen burgués, no lo podemos trasformar en este momento; tal vez en una fecha futura inmediata tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, ¿nos vamos a cruzar de brazos?, ¿vamos a permanecer indiferentes?. Yo creo que no. Nuestras universidades, como centros de cultura, como centros de difusión del conocimiento científico y tecnológico, deben vincularse al sector productivo, aunque éste esté en manos del gobierno y de la iniciativa privada. Porque son ellos, en este momento, los únicos que pueden utilizar nuestra propia tecnología, la tecnología creada en nuestras instituciones. Que esto en sí va a beneficiar a la burguesía, claro que la va a beneficiar, pero en forma indirecta va a beneficiar al pueblo. Por ejemplo, el año pasado se invirtieron más de cien millones de pesos en la compra de equipo electrónico. Si ese equipo electrónico se pudiera producir en nuestro país a través de tecnología propia, a través de instituciones, profesionales y empresarios mexicanos, sería una gran ventaja, repercutiría favorablemente en nuestro pueblo; habría más empleos, habría una tecnología, habría una independencia política y tecnológica respecto al imperialismo. Entonces, considero que sería una ventaja.
Desgraciadamente, creo que no podemos interactuar directamente con el pueblo. ¿Cómo podría utilizar el pueblo nuestros dispositivos electrónicos que hemos estado construyendo en Puebla? No sé cómo una comunidad campesina pudiese utilizar nuestros transistores -o un sindicato obrero o una organización popular-. No hay manera, ellos no podrían hacerlo. Entonces ¿quién puede tomar esa empresa? Me parece que pueden ser los empresarios mexicanos, aunque sean reaccionarios, aunque sean de la iniciativa privada. Si les proporcionamos nuestra tecnología y ellos la desarrollan y la lanzan al mercado, crearán fuentes de trabajo a nuestra población y así, de paso, el país se ahorrará esa gran cantidad de recursos que ahora se destina a pagar al exterior por la compra de equipo electrónico.
Creo que esa es la forma, por el momento, en que las universidades deben interactuar con el sistema productivo nacional.
VJ. Si el papel de la universidad pública mexicana es de tal importancia, resultan paradójicos los criterios de asignación presupuestaria, cuyo resultado es casi siempre el ahogamiento institucional. ¿De qué manera afecta esta limitación a las instituciones en su quehacer sustantivo?
LRT. Las afecta de una manera fundamental. Y si esos recortes llegan a ser fuertes, pueden llegar a paralizarlas. Pienso que uno de los aspectos de la lucha de esas universidades es convencer al gobierno federal y estatal, de la importancia que tiene la investigación científica en las universidades para desarrollar sus planes de acción y de trabajo. Debe ser prioritario el apoyo a las instituciones populares, como son las nuestras, para el desarrollo de la ciencia.
En este momento, y durante los próximos años, las universidades públicas seremos las únicas instituciones capaces de realizar estas tareas: producir tecnología, cultura y ciencia. Ahí está el secreto del desarrollo de este país. El Estado debe comprender que una de sus funciones principales es apoyar el desarrollo de esas universidades.
VJ. El gobierno federal, y particularmente las autoridades educativas, van adoptando una actitud cada vez más fiscalizadora de las instituciones de educación superior y específicamente en lo relativo a los recursos financieros. ¿Hasta dónde se vulnera con ello a la autonomía universitaria?
LRT. Es una forma de destruir la vida universitaria. Una universidad debe tener autonomía y libertad para poder realizar sus actividades; ellas deben decidir cómo invertir el dinero que el Estado les da. La fiscalización estatal siempre ha sido miope, es una fiscalización que tiene otras finalidades diferentes a las de la educación superior. A uno de estos burócratas le puede parecer indebido que un profesor imparta clases a dos o tres grupos académicos durante un semestre y exigir que se haga cargo de seis. No se da cuenta que con su actitud lo que está haciendo es rebatir la calidad académica, porque un profesor que da seis clases difícilmente tendrá tiempo para prepararlas e impartirlas con calidad. De tal manera que este tipo de fiscalización es nociva para la universidad, atenta contra la autonomía universitaria y hay que rechazarla con mucha energía. Creo que ese es el único camino que nos queda.
VJ. Lo que usted opina da sentido a la lucha de los universitarios por defender su autonomía. Sin embargo, doctor, no todos los universitarios ni todas las universidades públicas tienen la conciencia de lo que esta lucha representa. Los sindicatos universitarios no alcanzan a definir con precisión su papel en este proceso. ¿Qué nos puede decir al respecto?
LRT. Fui rector durante seis años y sé lo que significa que le retarden la entrega de subsidios, que no le aprueben sus programas de trabajo. Recuerdo años en que se nos aprobó el subsidio en el mes de diciembre. ¿Cómo es posible planificar así el desarrollo de la universidad si los recursos económicos no son dados a tiempo? Pienso que la responsabilidad de los rectores y de las autoridades universitarias es mínima en este caso, porque están sujetos siempre a la presión de los dictados que establecen las secretarías de Educación Pública y de Programación y Presupuesto. De lo que pecan un gran número de rectores es de falta de solidaridad entre ellos mismos, que no han podido formar un cuerpo bien aglutinado para hacer frente a esas medidas del gobierno. Exigir que se haga entrega del subsidio con anticipación, que se den los aumentos justos y necesarios para poder desarrollar las actividades universitarias. Mientras esto no ocurra, mientras los rectores no se percaten de que deben estar unidos -independientemente de ideologías, de que unos sean de izquierda y otros de derecha- esta situación no se resolverá. Necesitan realizar este esfuerzo con el propósito de defenderse de las agresiones que el gobierno, federal y estatal, ejerce contra las universidades a través de la fiscalización, de la retención de los subsidios y de la disminución de los presupuestos. Creo que eso se agravará cada vez más. Necesitan todos los rectores hacer un frente común. Una vez constituido este frente, deben tener mucho cuidado en atender a las necesidades universitarias. De otra manera no veo cómo se pueda resolver este problema.
La actitud del sindicalismo universitario tiene dos sentidos que no se contraponen: la defensa de los legítimos intereses de sus agremiados, pero también coadyuvar poderosamente al desarrollo de las universidades.
Hay que tomar en cuenta que las instituciones de educación superior y sus sindicatos juegan un papel muy diferente a los sindicatos de empresa. Son dos cosas diferentes. Se acepta la creación de sindicatos como instrumentos legítimos de defensa de los intereses de los trabajadores, pero en la universidad no hay sectores explotados y explotadores, no hay patrones que exploten a trabajadores. Debe existir de parte de los sindicatos una colaboración plena y estrecha hacia el desarrollo de los programas académicos y luchar a la vez por mejorar su nivel de vida. Hacer lo que sea necesario por que la universidad avance. De otra manera, están actuando en contra de sus propios intereses. Si las universidades estatales se deterioran y se hunden, junto con ellas se hunde el sindicalismo universitario. Es necesario que los sindicatos que han caído en el economicismo se quiten esa visión de que sólo hay que luchar por su mejoría, importándoles muy poco los aspectos académicos de la universidad.
Creo que estas cuestiones no se contraponen. Un buen sindicalista puede ser un excelente trabajador universitario y al mismo tiempo un excelente defensor de los intereses de la universidad, que son sus intereses y los intereses del pueblo.
En nuestros sindicatos no puede ni debe haber divorcio entre la actividad académica y la actividad sindical. Los sindicalistas son los profesores y empleados de la universidad, son ellos parte de la universidad.
VJ. ¿Estarán en condiciones esos sectores de enfrentar la política estatal hacia las universidades?
LRT. Habiendo unidad creo que sí. Si somos más de un millón de universitarios que participamos en la vida académica de las universidades, esa fuerza no es despreciable. Pero tiene que ser una fuerza mancomunada. Si hay dispersión y cada universidad tira por su lado no iremos a ninguna parte. Entonces el Estado fácilmente nos puede intervenir, nos puede fiscalizar, nos puede llegar a decir que no se abra una opción educativa que la universidad requiere e indicarnos que se abran otras. Por lo tanto, hay que despertar la conciencia en los universitarios de que la vía no es la justa.
VJ. El proceso de reforma universitaria que ha desarrollado la Universidad Autónoma de Puebla se reconoce como uno de los proyectos universitarios en su tipo de más avanzada. Otras instituciones, por su parte, discuten la vía para transitar por su propia reforma. Hay quien plantea que la trasformación universitaria debe darse con base en medidas radicales, hay quien considera que el proceso debe ser paulatino. ¿Qué nos dice al respecto?
LRT. No creo que haya una receta única. En el caso nuestro, la reforma universitaria inicia en 1962 pero se logra consolidar hasta 1973; representó por lo tanto un esfuerzo de once años. En ese periodo se dieron luchas muy intensas, luchas internas con sectores reaccionarios, hasta poder consolidar los proyectos del foro universitario. En este terreno hemos avanzado bastante. Así que yo insisto en que no hay receta. Tal vez en alguna universidad sea un proceso rápido, vertiginoso, un movimiento que abarque globalmente su universidad y la ponga en una nueva situación. En otras universidades tal vez sea un proceso lento, pero lo más importante es tener claridad. Si uno tiene claridad de la necesidad de esa reforma universitaria, lo demás viene por añadidura. Es decir, la forma de realizar esas ideas ya depende de las circunstancias concretas que hay en las propias universidades.
A nosotros nos tocó una época muy interesante. Porque la Universidad de Puebla, por los años cincuenta y sesenta era una universidad muy atrasada ideológica, científica y académicamente; tremendamente atrasada -en la actualidad en un centro de investigaciones históricas de la universidad se está escribiendo esa historia.
Teníamos un sector estudiantil muy despierto que tenían claro que la universidad no correspondía a sus aspiraciones. De otro lado se encontraba un sector de profesores, brutalmente agresivo, cerrado ideológicamente. Así se presentó la situación y cuando el problema se polarizó fue necesario luchar contra ellos. El primer triunfo fue sacar a esos sectores retrógrados, no eran tan siquiera reaccionarios, aún en 1950 combatían férreamente al juarismo, veían en Juárez un enemigo monstruoso al que había que combatir. Sacamos, pues, a todos los retrógrados. Nos quedaron adentro los reaccionarios y los oportunistas. Algunos de ellos participaron en el movimiento de reforma, pero lo hacían oportunistamente. Ya para 1964 había sido expulsado el sector retrógrado y luego viene un proceso lento de lucha contra los sectores oportunistas y reaccionarios: príistas, panistas, etc., hasta que por fin en 1973 fue posible sacarlos del poder y entonces sí, iniciar las actividades de la reforma.
Es a partir de 1973 que se consolida la reforma universitaria con el rector Sergio Flores, ya fallecido. Luego vino mi periodo rectoral de 1975 a 1981 y después el rectorado de Alfonso Vélez Pliego. En estos periodos se da un proceso de consolidación de la universidad.
12 de abril de 1986
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