Revista 32, Octubre-Diciembre 1997

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Derecho de amparo
LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN CONTRA UNA ORDEN JUDICIAL DE APREHENSIÓN


Félix Vázquez Acuña
Docente de la facultad de Derecho de la UAZ;
actualmente cursa un diplomado en derecho
de amparo en la Universidad en Estudios de
Posgrado en Derecho de la ciudad de México


Resulta unánimemente aceptada la afirmación de que el juicio de amparo es y ha sido un eficaz medio del que pueden disponer los gobernados para impugnar los actos de autoridad que, causándoles un agravio, sean violatorios de la Constitución federal. Institución que a través de los tiempos se ha ido perfeccionando para constituir en la actualidad, en forma indudable, uno de los orgullos del sistema jurídico mexicano.

En gran medida, lo que ha hecho posible la eficacia del juicio de garantías lo es, de manera significativa, la previsión de la suspensión del acto reclamado. Esta permite mantener viva la materia del juicio. Existen casos en los cuales sólo a través de evitar que el acto reclamado se ejecute hará posible que la protección federal, una vez concedida, se traduzca en la práctica en restituir al quejoso en el goce de la garantía constitucional violada o, en otros, evitarle graves perjuicios que con la ejecución de dicho acto se le provocarían. "El haber previsto y estructurado esta institución es un acierto del legislador, pues, además de que hace imposible impedir que el juicio de amparo quede sin materia como consecuencia de la ejecución, en muchos casos irreparable, del acto reclamado, evita que el quejoso sufra molestias mientras no se determine si el acto que impugna es o no inconstitucional".(1)

Muy a pesar de todo lo anterior, la suspensión del acto reclamado, cuando éste consiste en una orden de aprehensión, ha provocado una gama muy variada de opiniones, muchas de ellas desfavorables. Ciertamente, gran número de las últimas son producto del desconocimiento de la institución. Opiniones que para el versado en la materia pueden resultar carentes de significación, pero que, sin embargo, nos deben merecer cierta reflexión.

Con bastante frecuencia escuchamos o leemos críticas de censura hacia el juicio de amparo en general, y hacia la suspensión en particular, cuando lo que se ataca es una orden de aprehensión. Ha habido quienes tildan a la referida medida como un fenómeno ominoso para la impartición de justicia. Se le llega a ver como un obstáculo para que el probable responsable por la comisión de un delito sea puesto a la disposición del juez que ha de juzgarlo. Son tan terribles las anteriores afirmaciones que, para quien de ellas participa, el amparo y la suspensión, lejos de parecerle un legítimo orgullo del sistema jurídico mexicano, le resulta un flagelo para la impartición de justicia, e inclusive un instrumento sólo favorable para la delincuencia.

"En algunas ocasiones se alude despectivamente a nuestro juicio de amparo como medio de burlar la acción de los tribunales que han dictado contra una persona una orden judicial de aprehensión o un auto de formal prisión por la comisión de graves delitos, en cuya represión, se dice, está vivamente interesada la sociedad. El clamor de algunos sectores sociales, provocado o alentado muchas veces por la publicidad periodística, ha llegado al extremo de censurar acremente a los jueces de distrito, quienes, se afirma, mediante autos o resoluciones concediendo a los presuntos responsables de un hecho delictivo la suspensión contra su captura, contribuyen a que se sustraigan de la acción de la justicia y a que se libren del castigo social que merecen".(2)

Lo correcto o la falsedad de dicho aserto sólo es posible estableciendo los auténticos efectos de la suspensión contra una orden judicial de aprehensión, empresa a la que están destinadas las líneas siguientes.

El amparo contra actos que afecten la libertad personal provenientes de autoridad no judicial

Es sabido que la afectación de la libertad personal puede provenir por orden de autoridad judicial, o bien, administrativa (primordialmente del Ministerio Público). El último caso extralimita las finalidades del presente trabajo y sólo nos hemos de referir al primero. Ello supone, en consecuencia, que se haya llevado la averiguación previa por el Ministerio Público, que éste hubiese ejercitado la acción penal de su competencia para que, una vez radicado el asunto ante el juez, y previo análisis de los elementos constitucionales y legales, gire la orden de aprehensión. Es con relación a esta última contra la que se solicitaría el amparo y protección de la justicia federal, así como la correspondiente suspensión.

El otorgamiento de la suspensión no prejuzga sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado

Previamente al señalamiento de los efectos de la suspensión contra una orden de aprehensión, es menester precisar que con su otorgamiento no se prejuzga en lo absoluto sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado. Es sabido que el fondo del amparo radica en determinar si el referido acto, en este caso la orden de aprehensión, es inconstitucional o acorde a la Ley Suprema; en el primer caso la protección federal se concederá mientras que en el segundo se negará. En cambio, en el incidente de suspensión no se aborda el referido fondo, de tal suerte que de otorgarse la medida suspensional, de ninguna manera puede ser un elemento que haga suponer la inconstitucionalidad de la orden, así como, de negarse, tampoco supone su constitucionalidad.

"La suspensión no puede anticipar provisionalmente los efectos de la sentencia que se pronuncie en cuanto al fondo del amparo, ni constituye, por ende, ningún amparo provisional, por la sencilla razón de que para concederla o negarla el órgano de control no debe tomar en cuenta la posible inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino exclusivamente las condiciones genéricas de su procedencia, como son que los actos que se combatan sean ciertos; que siendo ciertos, su naturaleza permite su paralización y que, operando estas dos circunstancias, con su otorgamiento no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones del orden público".(3)

El artículo 136 de la Ley de Amparo

En el tópico que nos ocupa son de fundamental importancia algunas de las disposiciones del artículo 136 de la Ley de Amparo. Así, en su primer párrafo establece los efectos generales de la suspensión contra actos que afecten la libertad personal, cuando expresa: "Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de distrito únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste".

El cuarto párrafo establece: "Si se concede la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, detención o retención, el juez de distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo".

Por su parte, el quinto párrafo señala: "Cuando la orden de aprehensión, detención o retención se refiera a delito que conforme a la ley no permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de distrito en el lugar en que éste señale únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación".

Finalmente, el séptimo párrafo indica: "En los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de auto de prisión preventiva, el juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y éste podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a la fracción l del artículo 20 constitucional y a las leyes federales o locales aplicables al caso, siempre y cuando el juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habérsele solicitado".

Establecidas las anteriores previsiones generales, debemos referirnos a sus aplicaciones prácticas. Esto supone el análisis, por separado, de dos grandes hipótesis: cuando la orden de aprehensión no ha sido ejecutada y, en consecuencia, el quejoso se encuentra en libertad, por un lado; y cuando la referida orden ya se cumplimentó y el agraviado se encuentra recluido, por el otro.

Efectos de la suspensión contra una orden de aprehensión que no ha sido ejecutada

La hipótesis en la cual se solicita la suspensión contra una orden de aprehensión, cuando ésta aún no ha sido ejecutada y que, en consecuencia, el quejoso se encuentra gozando de su libertad, supone dos casos, a saber:

1. Que el delito que se le impute al agraviado no sea de los considerados como graves y que, por lo tanto, alcance el beneficio de la libertad provisional bajo caución, ello con base en la fracción l del artículo 20 constitucional, así como en la legislación secundaria, federal o local, aplicable al caso.

En tal supuesto "se concede la suspensión para que el quejoso no sea privado de su libertad y quede a disposición del juez de amparo por lo que toca a su libertad personal y a la del juez de su causa para los efectos de la continuación del procedimiento penal, con la obligación de presentarse ante el juez de su causa y la de otorgar caución que fije el juez de distrito".(4)

2. Que el delito sea de los catalogados como graves y que, por ello, no se le pueda otorgar al gobernado el beneficio de la libertad provisional bajo caución. "Se concede la suspensión para el efecto de que una vez aprehendido, quede a disposición del juzgado de distrito en el lugar en que sea recluido únicamente por lo que se refiere a su libertad personal y a la del juez de su causa para la continuación del procedimiento penal..."(5)

Efectos de la suspensión contra una orden de aprehensión que ya fue ejecutada

Por su parte, esta hipótesis supone que el quejoso ya se encuentra privado de su libertad. Encontramos también dos casos, dependiendo de que, con base en el delito que se le atribuye, sea factible otorgarle o negarle la libertad caucional, en los términos de la fracción l del artículo 20 constitucional.

En el primer caso, tratándose de delito no grave, se concede la suspensión para que el quejoso quede a disposición del juez de distrito en el lugar en que se encuentre recluido, en cuanto a su persona y libertad, y a la del juez de su causa por lo que hace a la continuación del procedimiento. El juez de amparo puede concederle la libertad provisional en el incidente de suspensión.

En el segundo, que se refiere a delito grave, "se concede la suspensión para que el quejoso quede a disposición del juzgado de distrito en el lugar en que se encuentra detenido, en cuanto a su persona y libertad, y a la del juez del proceso por lo que hace a la continuación del procedimiento..."(6)

Conclusiones

La suspensión concedida contra los efectos de una orden de aprehensión no supone necesariamente la libertad del quejoso. Esto sólo es posible, según se explicó, en el caso en que haya sido girada por delito no grave, y que la misma aún no se encuentre ejecutada, pues la suspensión evita dicha ejecución, o bien que ya se hubiese detenido al agraviado, en donde la libertad, más que por efecto de la suspensión, lo es por el motivo de que se le otorgue el beneficio previsto en la fracción l del artículo 20 constitucional.

En cambio, tratándose de delitos de los enumerados por la legislación federal o local aplicable como graves, la suspensión no trae como consecuencia la libertad real del gobernado, sino exclusivamente que quede a disposición del juez federal en cuanto a ésta en el lugar en que se le recluya o ya esté detenido.

Con base en lo anterior, es de concluirse que son desacertadas las críticas de censura hacia la suspensión contra los efectos de una orden de aprehensión, a los cuales nos referimos al principio de este trabajo. Es incorrecta la afirmación de que con ella se impida la detención del probable responsable y que, por lo tanto, evite el que se procesado. En consecuencia, resulta fuera de razón el calificativo de que sea un instrumento favorable para la delincuencia ni que represente un fenómeno ominoso para la impartición de justicia en nuestro país.

Esto se acentúa aún más cuando según el artículo 136 de la Ley de Amparo se establece que con el otorgamiento de la suspensión, independientemente del delito y de que esté o no ejecutada la orden de aprehensión, el efecto es de que el quejoso quede en cuanto a su libertad a disposición del juez de amparo, pero siempre a la del de su causa en cuanto a la continuación del procedimiento. Se buscará no entorpecer y que continúe éste. Inclusive es común en la práctica, que con el otorgamiento suspensional, se establezca como requisito para su efectividad el comparecer ante el juez del proceso penal respectivo.

Debe aclararse que con esto último ha provocado que existan quienes sostengan que la suspensión, en estricto sentido, no representa en muchos casos reales beneficios para el quejoso. Tal cuestión extralimita las finalidades de este trabajo, pues requiere un tratamiento especial para determinar su certeza o falsedad. Abrigamos la esperanza de que podamos abordarlo en ocasión posterior.

Notas

1. Suprema Corte de Justicia de la Nación, «Manual del juicio de amparo», México: Themis, 1989, p. 105.

2. Ignacio Burgoa, «El juicio de amparo», México: Porrúa, 1988, p. 520.

3. Ídem, p. 712.

4. Suprema Corte de Justicia de la Nación, «Manual del juicio de amparo», México: Themis, 1989, p. 433.

5. Ídem.

6. Ídem.