Revista 4, Octubre-Diciembre 1990

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Política criminal
LA PRISIÓN PREVENTIVA:
ALGUNOS CRITERIOS DE POLÍTICA CRIMINAL


Abelardo Esparza F.
(licenciado en derecho por la UAZ; maestría en política criminal
por la UNAM; maestro de la facultad de Derecho de la UAZ)


I. Introducción

La prisión preventiva, institución prevista por nuestras normas constitucionales, es una institución jurídica que ha sido estudiada tradicionalmente incluyéndosela en el rubro de la pena de prisión sin concedérsele la importancia necesaria; por ello, los tratadistas de esta materia generalmente omiten su análisis, máxime que durante la Edad Media no tenía importancia jurídico-penal por ser sólo la sala de espera de las penas.

En prisión preventiva permanecen aquellas personas acusadas de la comisión de un delito en espera de una sentencia que bien podría absolverlos o condenarlos. Tal institución tiene, entre otras, las características que en este trabajo analizamos en una forma somera pero que trata de ser crítica, tomando en cuenta algunas consideraciones elementales de política criminal tales como la difícil distinción práctica entre prisión preventiva y prisión pena; la naturaleza jurídica de la prisión preventiva; su relación con los derechos humanos, así como su naturaleza política; lo anterior previo breve análisis del concepto que nos ocupa y una breve reseña histórica acerca del mismo.

II. Concepto

Prisión. Del latín prehensio-onis, que significa "detención" por la fuerza o impuesta en contra de la voluntad.

En ocasiones se confunden los términos prisión y cárcel; sin embargo, este último concepto es anterior en tiempo ya que con él se designó histórica y técnicamente al edificio en que se alojaba a los procesados, mientras que presidio, prisión o penitenciaría es un lugar destinado a sentenciados o condenados a una pena de privación de la libertad.

Entendamos prisión como privación de la libertad, y por prisión preventiva a la privación de la libertad que sufre quien no ha sido sentenciado, sentencia que bien puede ser tanto absolutoria como condenatoria. Es de carácter preventivo porque tiene por objeto asegurar la presencia del procesado evitando que se fugue ante la concreta e inminente amenaza de la pena privativa de la libertad mediante la sentencia, que en caso de ser condenatoria sólo prolongará la detención en el tiempo. La prisión preventiva no se considera propiamente una pena, pero sin embargo, constituye una auténtica privación de uno de los derechos más sagrados del hombre, su libertad, que frecuentemente se prolonga por años y que en caso de condena se computa incluyéndola en el tiempo de prisión impuesto, pero que en caso de absolución representa una violación de elementales derechos humanos irrecuperable.

Santiago Barajas, al comentar el artículo 18 constitucional(1), expresa que la exigencia de la prisión preventiva deriva de un interés elemental de orden público: que al individuo a quien fundadamente se supone autor de un delito sea segregado del medio social tanto para evitar que su libre actividad pueda resultar peligrosa como para facilitar al representante de la sociedad el acopio de pruebas que permitan el esclarecimiento de la verdad, situación que sería de difícil cumplimiento si el acusado estuviere libre.

Tal comentario es bastante criticable en sus dos aspectos político-criminal. En primer lugar, segregar a una persona por la supuesta peligrosidad futura es absurdo tanto por lo impreciso e inseguro del término "peligrosidad" como por la dificultad objetiva de emitir un juicio de peligrosidad que no es más que un juicio de probabilidad. Asimismo, segregar por peligrosidad implica desligarse del "hecho" supuestamente cometido, lo que implica una privación de derechos fundada en un derecho de autor, es decir, fundada en lo que el autor "es", no en lo que "hace", derecho de autor atentatorio del principio de legalidad y del artículo 14 constitucional. El segundo argumento para justificar la segregación consiste en facilitar al acusador el acopio de pruebas, difícil si el acusado estuviera en libertad. Tal argumento atenta contra el principio de igualdad de las partes en el proceso y contra el derecho de defensa, colocando así al acusado en un plano de inferioridad respecto de la otra parte, violatorio de derechos humanos ya que el privado de su libertad no podrá ofrecer pruebas.

Por otro lado y como veremos más adelante, la prisión preventiva como medio de asegurar la presencia en el proceso atenta contra el principio de derecho que establece que hay inocencia mientras no sea probado lo contrario.

III. Antecedentes

En principio, la prisión preventiva es antecedente de la prisión misma como pena. Antes de ser pena, la prisión se utilizaba sólo como "sala de espera" de la pena que se iba a imponer y que era de naturaleza casi siempre extintiva, lo que variaba era la forma de ejecución. Así, la prisión preventiva estaba acompañada de trabajos forzados o era reclusión en calabozos insalubres y enloquecedores. "La prisión fue siempre una situación de alto peligro, un incremento del desamparo, y con ello un estado previo a la extinción física".(2)

Cuando la pena de muerte encuentra su fin (excepción de casos más graves) por lo que surge un más eficaz y mejor método (la prisión como pena) para intimidar o corregir o en fin, para segregar al hombre sin tener que matarlo, la prisión preventiva sigue fungiendo como siempre para retener al individuo sujeto a un proceso casi siempre inquisitivo para averiguar la "verdad"; por esto estuvo -sobre todo durante la Edad Media--, acompañada de la tortura. Si la tortura era legal y necesaria, sólo se podía aplicar teniendo al sujeto en prisión preventiva.

Mientras la prisión como pena siguió evolucionando (pozos, fincas enormes de cantera, mazmorras, jaulas, monasterios, torres como la de Londres, la Bastilla), durante la Edad Media la prisión preventiva era importante no en cuanto a la forma sino en cuanto a la necesidad de tener disponible al autor para la investigación, por eso siguió una suerte paralela a la de la pena privativa de la libertad.

Posteriormente, durante la época de transición feudalismo-capitalismo, surge en Europa otro concepto de la prisión como pena: ya no se utiliza sólo para segregar o castigar, sino que pretende la reforma de los reos por medio del trabajo y la disciplina asegurándose su propio mantenimiento surgiendo las "houses of correction" o "bridewells" (siglo XVI) en Inglaterra, y las "rasp-huis" en Holanda como formas de segregación punitiva (siglo XVII) consistentes en poner al preso a raspar rústicamente con una sierra la madera para la elaboración de tintes textiles. El trabajo forzoso respondía a los intereses de la nueva clase social naciente, la burguesía. La pena de muerte cede su lugar a la prisión por lo que los hombres valían más vivos que muertos, ya que una vez que cometían el delito los hacían trabajar. Los procesados estaban siempre junto con los condenados sufriendo las mismas consecuencias. Más tarde surge la fase correccionalista y moralizadora de los siglos XVIII y XIX, y por último el periodo reconciliador y readaptador del actual sistema penitenciario.

Para Von Henting, la prisión preventiva no se diferenció en cuanto a su aplicación de la prisión como pena, ya que todos los presos fueron sufriendo igual trato así en Europa como en los Estados Unidos de América, que durante el siglo XVIII la cárcel era prisión militar, manicomio y custodia de deudores, etc. A finales del siglo, en Walnut Street Jail no había ninguna separación entre presos,(3) llegando hasta el aislamiento celular riguroso de principio del siglo XIX (el solitary confinement, etc.).

En el México precolombino, la prisión fue también lugar de custodia hasta la aplicación de la pena correspondiente, que entre los aztecas era generalmente la de muerte, aunque fue también forma de castigo o pena para delitos menores.(4) Tenemos como clases de prisiones de los aztecas el "cuauhcalli", institución preventiva de reclusión, anterior a la pena de muerte; era una jaula estrecha y sobrevigilada para hacer sentir los rigores de la muerte al reo desde su aprehensión; el "teilpiloyan", destinado para los que no iban a sufrir pena de muerte, siendo igual como cárcel preventiva y como pena; el "malcalli" era cárcel para prisioneros de guerra, no se les seguía proceso; y el "petlacalli", cárcel para reos por faltas leves, también preventiva y punitiva.

Durante la época colonial la detención jugaba el mismo papel que en la época medieval: era sala de espera hasta que la santa Inquisición imponía la pena que generalmente era la de muerte, ya fuera descuartizamiento, hoguera, estiramiento de miembros, cámara de agua, etc.

La prisión preventiva en México sigue la misma suerte que la prisión- pena durante la época posterior a la independencia, habiéndose reducido enormemente la pena de muerte en su utilización, y no es sino hasta el Constituyente de 1857 que se separan la prisión preventiva y la "compurgatoria", debiendo cumplirse en lugares distintos ya que era injusto encerrar juntos a procesados y condenados, porque podían presentarse causas que permitieran la libertad de los primeros. Algunos diputados arguyeron que tal separación servía para evitar el castigo social. Tal posición fue retomada por el actual artículo 18 constitucional, pero desgraciadamente no se lleva a la práctica en la mayoría de las cárceles nacionales, sí en el Distrito Federal donde hay reclusorios preventivos y ejecutivos desde fechas recientes.

IV. Naturaleza jurídica

Acerca de la naturaleza jurídica de la prisión preventiva, resulta necesario determinar si se trata de una pena, una medida de seguridad o de algo distinto.

Rodríguez Manzanera(5) distingue la prisión como pena y como medida de seguridad, dándole este último carácter a la prisión preventiva impuesta a un presunto delincuente en tanto se celebra el juicio. Para este autor, la prisión como pena debe cumplir con la función de prevención especial, sin olvidar la función secundaria de reforzamiento de la prevención general. Sigue diciendo que como medida de seguridad, la prisión preventiva no pretende retribuir ni intimar a la generalidad, ya que se aplica a presuntos inocentes. Así, diversos autores han dado a la prisión preventiva los siguientes objetivos: impedir la fuga, asegurar la presencia en el juicio, asegurar las pruebas, proteger a los testigos, garantizar la ejecución de la pena, proteger al acusado de sus cómplices o de la víctima o evitar se concluya el delito. Todos estos puntos parecen ser combatibles y nos indican que la prisión preventiva se utiliza según tales argumentos doctrinarios para reemplazar la ineptitud policiaca; por ello no encontramos fundamento para su aplicación, salvo el criterio peligrosista a que nos referimos en la primera parte de este trabajo y que ya hemos combatido.

Una cosa es cierta y es que la prisión preventiva se aplica posterior a la adecuación de una conducta a una hipótesis normativa de carácter jurídico-penal, y que por lo tanto es una reacción del Estado contra el delito y si como hemos visto no puede tratarse de medida cautelar o de seguridad por carecer esta pretensión de fundamento (además de que en teoría es discutible una distinción entre pena y medida y en la práctica no es posible distinguirla nítidamente: es igual la prisión preventiva que la ejecutiva, sobre todo cuando no hay separación entre condenados y procesados y cuando la prisión preventiva se prolonga por años), el carácter es punitivo y esto sale a flote tanto teórica como prácticamente, ya que se mantiene aun cuando existan posibilidades relevantes de un resultado absolutorio, situación que contradice al principio de inocencia en mayor manera.

Por otro lado, si la dificultad para concebir a la prisión preventiva con su carácter punitivo es tan sólo formal por no existir aún una sentencia condenatoria, tal dificultad no se presenta para concebirla como una "ejecución anticipada" de la pena que carece de fundamento y que, como se señaló, atenta contra el principio de inocencia, puesto que no existe certeza jurídica de que la resolución que vendrá sea condenatoria y ya se hizo sufrir mientras tanto al procesado todos los rigores de la privación de la libertad, es decir, "se le está castigando para saber si se le debe castigar", como dice García Ramírez,(6) quien sigue diciendo: "para la más estricta justicia, la preventiva es deleznable: la prevención de nuevos delitos por una parte y el éxito procesal es por la otra".

Esta ejecución anticipada de la pena trae consigo, además de las señaladas, otras consecuencias como la prisionalización o institucionalización que consiste en la "adopción en mayor o menor grado de los usos, costumbres, tradición y cultura general de la penitenciaría" que dificultan seriamente una adecuada reincorporación del sujeto al medio social al entrar en la subcultura carcelaria, adecuarse a ella y hacerse incapaz para aceptar el medio externo. No vale en contra de lo anterior el hecho de que la prisión preventiva no sea una "pena larga". Por otro lado, trae las consecuencias de no tener las ventajas de la ejecución de la pena impuesta en sentencia como liberación, trabajo remunerado, etc., y sí las ventajas del costo al estado, separación familiar, pérdida de empleo, etc.(7)

La prisión preventiva no está exenta de los perjuicios de la cárcel porque no hay distinción entre presos, procesados y condenados en la gran mayoría de las cárceles nacionales.

V. La prisión preventiva y los derechos humanos

El artículo 18 de la Constitución Política mexicana prevé en su parte conducente lo siguiente: "Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados...".

Los últimos párrafos de la fracción X del artículo 20 constitucional disponen: "Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso... En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención".

Por su parte, el artículo 18 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, prevé la aplicación de dicha ley en lo "conducente" a las personas sujetas a prisión preventiva, estableciendo también que la autoridad administrativa de los reclusorios no podrá liberar provisionalmente a procesados, ya que ello corresponde a la autoridad judicial a la que se encuentra sujeto el procesado.

Vemos enseguida, con Lola Aniyar, referencias importantes acerca de los derechos humanos para verificar la incongruencia de los preceptos trascritos. Consideramos a los derechos humanos como aquellos derechos del hombre históricamente condicionados y posteriores al Estado, poniéndose mayor acento en la igualdad y no en el sentido iusnaturalista de los derechos inmanentes al hombre reconocidos y perfeccionados posteriormente por el Estado.

Existen pues (siguiendo con la idea) tres grandes grupos de derechos humanos: a) los que atañen a la libre disposición del cuerpo (derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad de movimientos, a la salud, al trabajo, a no tener hambre; condenándose la tortura, el apartheid y la esclavitud; b) los que afectan la libre disposición del espíritu (libertad de pensamiento, conciencia y opinión, derecho a la educación y a la cultura); c) los que afectan la libre disposición de los medios para poner en práctica los anteriores (derecho a la igualdad legal y derechos políticos a votar y ser votados).

Como podemos ver, los derechos del hombre comprometidos en los preceptos legales invocados al inicio de esta parte, son los considerados en la primera de las clasificaciones anteriores, sobre todo los derechos a la libertad, a la seguridad, a la salud y al trabajo, así como los derechos políticos comprendidos en el tercer rubro (todos estos se ven mermados o perdidos debido a la situación de prisión preventiva).

Ahora bien, la prisión preventiva es una institución jurídica que, como vimos en el apartado anterior, no tiene base científica y la "necesidad" de preservarla es difícil de demostrar para la totalidad de los casos para los que está prevista; sin embargo, es regla común en México para todos los delitos que ameritan pena corporal (que constituyen la inmensa mayoría: investigaciones de la ONU han demostrado la cifra de 68.5 por ciento de procesados dentro del total de presos), y en México Luis Rodríguez Manzanera ha demostrado la existencia de cerca de 50 por ciento de presos sin condena en relación con el total de privados de la libertad y con mayor razón por el hecho de que es contraria al principio de inocencia, según el cual si no se es culpable esta sentencia condenatoria debería entonces prevalecer la libertad y no la detención.

Esto es más absurdo y violatorio de derechos humanos cuando la prisión preventiva para asegurar la presencia del preso al juicio se prolonga hasta el agotamiento de la pena que se pudiera imponer, y más aún cuando existe una relevante posibilidad de absolución porque es burla mayor al principio de inocencia.

Para Rodríguez Manzanera, la tortura cedió el paso a la prisión preventiva (en ley, por lo que en la práctica se sigue dando en la actualidad en la averiguación previa) como forma de obtener pruebas originando una situación de desventaja para el acusado en base a los indicios.(8)

Los procesados detenidos (que son teóricamente inocentes, tienen seriamente limitados sus derechos ya que comparten la institución carcelaria con verdaderos delincuentes sentenciados) ignoran cuándo saldrán en libertad, quedan registrados y estigmatizados y carecen de los beneficios que se conceden a los sentenciados.

A pesar de todo lo que implican las anteriores consideraciones, la realidad nos indica que se da más importancia al temor a que el acusado no se presente al juicio o cometa otro delito, que a la violación de los derechos humanos.

Es interesante en cuanto al rubro de nuestro apartado la propuesta de algunos autores como Carlos Madrazo(9), en el sentido de adicionar el artículo 18 constitucional para establecer la manera de que el procesado pueda gozar de una preliberación, ya que la prisión preventiva -como él lo considera- es una privación del bien máximo -libertad, y por ello es una pena anticipada como lo señalamos en el capítulo anterior.

Carlos Madrazo hace referencia a otra corriente importante en cuanto al tema que nos ocupa respecto de tratadistas mexicanos(10) (incluidos básicamente Olga Islas, Elpidio Ramírez, Luis de la Barreda S., etc.) que pugnan por reducir los plazos de prisión preventiva con el propósito de humanizar la justicia y evitar actos criminales contra personas que después demuestran su inocencia. Tal reducción llevaría a escoger sólo en casos que por su gravedad debiera asegurarse al presunto responsable, cuya punibilidad posible en su término medio aritmético fuera razonable (mayor que el de 5 años) y nos cita ejemplos como el parricidio, secuestro, violación, asalto, etc., que ameritan un juicio de reproche sumamente severo; pero además de la gravedad del delito es necesario que el autor sea sorprendido en flagrancia para que no quepa duda de su responsabilidad.

La anterior -creemos-, es una proposición bastante seria, loable y humanitaria; sin embargo, no obstante la flagrancia, los procesados siguen siendo inocentes en presunción, y no culpables, por ello se sigue violando el principio de inocencia y habría de determinar qué es más importante, si este principio o la flagrancia y gravedad del delito. Otro criterio en contra, sustentado por Marco del Pont, pudiera ser el hecho de que si la cárcel es una institución total (porque degrada y humilla sistemáticamente separando al interno del mundo exterior, pierde derechos políticos, contacto familiar, etc.) que domestica al interno,(11) la prisión preventiva es parte de ella y al sufrirla el ser humano, sobre todo cuando se prolonga por meses o años, conlleva el proceso de prisionalización que entre otras consecuencias dificulta su vida en el exterior.

VI. Naturaleza política

Un modo de producción basado en la separación de clases sociales requiere necesariamente, para su reproducción y mantenimiento, de instituciones de poder que le sirvan para mantener las condiciones necesarias para sostener la separación entre los grupos humanos siempre en beneficio de la clase que detenta el poder, determinado a su vez por la detentación de los medios de producción. Así, las instituciones de control social están ideadas de tal manera que su funcionamiento responda a los intereses del Estado dirigido por la clase dominante tanto económica como políticamente.

Los orígenes del sistema penitenciario se remontan al siglo XVI aparejados con el nacimiento del modo de producción capitalista en Europa. Es entonces cuando surge la preocupación por la nueva clase naciente (burguesía) de aprovecharse del trabajo de vagos y malvivientes que abundaban en las grandes ciudades, y de personas sujetas a prisión (generalmente ya por delitos patrimoniales y no ya por herejía). Esto pasa con las "bridewells" y "workhouses" de Inglaterra y las "rasp-huis" holandesas que posteriormente son retomadas en los Estados Unidos de Norteamérica.

Las instituciones carcelarias forman parte del control social primario o "duro" de que dispone el Estado para mantener las cosas en la forma que más le convenga. La cárcel, aparte de que constituye un medio efectivo de segregación de personas peligrosas para un sistema determinado, tiene una función política muy importante: reproducir la ideología dominante para evitar el cuestionamiento de las instituciones estatales clasistas. Es más, muchas veces la cárcel falló como fábrica de mercancías pero siempre ha salido adelante como fábrica de proletariado.(12) "Es una máquina capaz de trasformar al criminal violento, febril, irreflexivo en detenido disciplinado y mecánico". A esta misma conclusión llega Marco del Pont(13) al afirmar que la prisión no está en crisis ni fracaso ni agonía, que más bien "se trata de una institución que cumple sus objetivos conforme a determinados intereses políticos" porque sus postulados, manifiestos o no, son útiles para la clase dominante.

La prisión preventiva no escapa a este carácter clasista de la prisión en general, de la cual es una parte importantísima dada la enorme cantidad de personas privadas de su libertad preventivamente, que constituyen la mayoría de todos los presos en México y América latina según las cifras y datos que hemos señalado en este trabajo. Al respecto, Carlos Madrazo(14) citando el artículo "El preso sin condena en América latina y el Caribe" de Elías Carranza y otros señala: "la proporción de la población de estratos sociales de menores recursos y de grupos minoritarios que son procesados, sujetos a prisión preventiva, condenados y alojados en prisión, es significativamente superior a la proporción de población de los estratos superiores que pasa por esas mismas circunstancias".

Existe un sustituto de la prisión preventiva, la llamada libertad caucional, que también es clasista porque implica que quien quiera obtener su libertad provisional tendrá que poner ante el juez una suma de dinero u otorgar caución hipotecaria o personal bastante para asegurarla según el artículo 20 constitucional, fracción I. Es clasista, decimos, porque como ya indicamos la mayoría de los presos son personas que no tienen dinero y ello implica que si hay algunos ricos, éstos sí podrán obtener el beneficio sin más requisito que entregar la caución.

Por otro lado, en los delitos patrimoniales (que también son mayoría en cuanto a su comisión) en que la libertad depende del monto del beneficio económico que obtuvo el presunto delincuente, las devaluaciones monetarias en nuestros países hacen que cada vez menos procesados logren su libertad caucional, lo que se agrava si al final resulta inocente.

Asimismo, tienen más posibilidades de resultar inocentes los más ricos (aunque son muy pocos) que puedan pagar elevados honorarios a abogados que hacen hasta lo imposible por sacarlos libres, mientras que los pobres tienen que conformarse con el defensor de oficio cuya participación es raquítica por no tener interés particular en el asunto y por la sobrecarga de trabajo que es un hecho notorio. La prisión preventiva viene a ser así, para el rico la sala de espera para una muy posible libertad y en cuanto al pobre, para una muy posible prolongación de la detención.

VII. Conclusiones

1. La prisión preventiva es una institución jurídica de difícil distinción práctica respecto de la pena de prisión ya que constituye una auténtica privación del derecho a la libertad y es de carácter punitivo y no resocializador como se pretende, puesto que no existe certeza jurídica alguna de la culpabilidad o inocencia. Constituye, pues, una ejecución anticipada de la pena que carece de fundamento y es atentatoria del principio de inocencia, según el cual nadie es culpable hasta que esto sea declarado en sentencia condenatoria.

2. La prisión preventiva es violatoria de los elementales derechos humanos a la libertad de movimientos, a la salud, al trabajo, a la libertad personal y violatoria de los derechos humanos políticos que se ven mermados los primeros y eliminados estos últimos debido a una situación de encierro que carece de fundamento científico y a la que la ley le da mayor importancia que a la misma violación de estos derechos.

3. La prisión preventiva es una institución clasista que al final de cuentas está destinada y sufrida en la inmensa mayoría de los casos por hombres pobres cuya situación económica los priva de la oportunidad de obtener una libertad provisional caucional y de hacer uso correcto de su derecho de defensa por no tener a su alcance los servicios de abogados particulares, quedando en manos de defensores de oficio que no ponen el interés requerido debido a la conocida sobrecarga de trabajo de estas instituciones.

Referencias bibliográficas

1. Cfr. «Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada». Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 1985. Comentario al artículo 18 constitucional.

2. Ibídem. Hans von Henting, «La pena», Madrid: Espasa-Calpe, vol. II, p. 185.

3. Cfr. op. cit., p. 221.

4. Cfr. Gustavo Malo Camacho, «Historia de las cárceles en México», México: Cuadernos del Inacipe, núm. 5, 1979, p. 13.

5. Cfr. Luis Rodríguez Manzanera, «La crisis penitenciaria y los sustitutos de la prisión», México: Cuadernos del Inacipe, 1984, p. 27.

6. Ibídem. Sergio García Ramírez, «Manual de prisiones», México: Porrúa, 1980, 2ª ed., p. 164. 

7. Cfr. Luis Marcó del Pont, «Derecho penitenciario», Cárdenas editor, 1984, p. 199.

8. Op. cit., p. 18.

9. Cfr. Carlos Madrazo P. «Estudios jurídicos: la libertad en prisión preventiva», Cuadernos del Inacipe núm. 19, 1985, p. 227.

10. Op. cit., p. 231.

11. Op. cit., p. 231.

12. Ibídem. Dario Melossi y Massimo Pavarini. «Cárcel y fábrica: los orígenes del sistema penitenciario», Siglo XXI, 1985, 2ª ed., p. 190.

13. Op. cit., p. 646.

14. Op. cit., p. 230.