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EDITORIAL
La modernización del estado mexicano implica no sólo la adecuación de las normas jurídicas a las necesidades sociales, sino la promoción y el desarrollo de una nueva cultura jurídica acorde a los postulados de la ley.
La aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, la sanción por el Senado de la República de la "Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes"; la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las recientes reformas y adiciones al Código Federal de Procedimientos Penales se ubican en esa dirección.
Sin embargo, las acciones emprendidas para elevar la cultura jurídica de los órganos responsables de la persecución de los delincuentes son limitadas persistiendo, en consecuencia, prácticas atentatorias contra la integridad física y mental de presuntos infractores de la ley.
Más limitadas aún son aquellas acciones encaminadas a orientar a la sociedad civil de sus derechos y de las consiguientes obligaciones de las autoridades que, en muchos casos, incurren en ilícitos al violar derechos fundamentales del ser humano.
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