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Garantías individuales
NOTAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ARTÍCULO 3º CONSTITUCIONAL
(Versión revisada de la conferencia que el autor dictó,
el 9 de febrero de 1991, en el auditorio 17 de abril
de la sección IX del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación)
José Enrique González Ruiz
Licenciado en derecho por la UASLP;
maestría en derecho por la UNAM; investigador del
Instituto de Investigaciones Económico-Sociales de la UNAM
En la cúspide del sistema legal que rige a la educación, se encuentra el artículo 3º de la Constitución federal, del que se derivan otras disposiciones normativas que van regulando cada vez con mayor particularidad ese fenómeno. Las líneas gruesas están contenidas en el texto constitucional, y las más finas en otras disposiciones. Pero estas últimas tienen que ajustarse a los principios de aquel precepto.
El artículo 3º refleja con cierta claridad la evolución del sistema político y del Estado que surgieron a partir del movimiento armado de 1910-1917; se le considera algo así como la síntesis de la ideología dominante en el país. Contiene los pronunciamientos nodales -así sea en el ámbito declarativo- de lo que este sistema se propone ser.
De la norma constitucional se derivan la Ley Federal de Educación, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, las disposiciones reglamentarias y las de jurisdicción local.
Por su contenido, que algunos consideran jacobino, el 3º es frecuentemente impugnado por los sectores más conservadores de la sociedad. Son numerosas las ocasiones en que se ha propuesto su reforma, y no sería extraño que por la presión fuese modificado.
Ese artículo 3º ha tenido varias versiones. La original de la Constitución de 1917; la que entró en vigor el 13 de diciembre de 1934 (que contiene los principios de la llamada educación socialista); la que comenzó a regir el 30 de diciembre de 1936; y la última (que es en sentido estricto una adición), del 9 de junio de 1980.
¿Cómo fue la primera redacción de este dispositivo legal? Muy escueta, muy simple. Estableció solamente los lineamientos del liberalismo en materia educacional. Decía: "La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza elemental y superior que se imparte en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria".
Quedó establecido que ciertas áreas de la educación son responsabilidad exclusiva del Estado (monopolio, arguyen sus adversarios), y que las corporaciones eclesiásticas y ministros de culto no pueden legalmente encargarse de ellas.
Asimismo, en el artículo 14 transitorio del texto de 1919, fueron suprimidos las secretarías de Justicia y de Instrucción Pública y Bellas Artes, con lo cual se dejó la educación a un conjunto disperso de dependencias.
Las razones que explican lo anterior son, sucintamente, las siguientes: el nuevo Estado no tenía totalmente definido su proyecto educativo. Los vencedores (Carranza, su brazo armado Obregón y sus ideólogos los neocientíficos), se sentían herederos de las ideas liberales que primaron en el siglo pasado, pero habían entrado en conflicto con esas mismas ideas y no terminaban de delinear su nueva proposición.
Parece ser que les bastaba con controlar férreamente a la Iglesia Católica (que representaba las posiciones más retrógradas), sacándola del juego político y reduciéndola a su mínima expresión.
Un ejemplo nos puede ayudar a entender cómo era este conflicto: en 1910, unos meses antes de que Madero hiciera el llamado a la revolución, los científicos porfiristas refundaron la Universidad Nacional de México, que enfrentaría después la hostilidad (o cuando menos el desprecio) de los participantes en la contienda antidictatorial. Al culminar, en 1917, la fase armada de este proceso, el grupo triunfador estaba aún sin proyecto educativo. A eso se debe que la Constitución haya sido muy escueta, y que únicamente haya recogido el postulado de que la educación debería ser libre, y laica la primaria y la que se impartiera en los establecimientos públicos.
Es hasta 1921, ya con Obregón en la presidencia, que el nuevo grupo hegemónico se da cuenta de que requería un plan educativo que le permitiera un mayor grado de uniformidad en el país, que diera las bases y los elementos para cohesionar la nación conforme a su ideología y a sus intereses; para fortalecer una idea de mexicanidad y para dar unidad a comunidades hasta entonces dispersas, incomunicadas, aisladas.
Obregón crea la secretaría de Educación Pública y la encomienda a José Vasconcelos, quien elabora una propuesta educativa para el país con una concepción un tanto romántica: parte de la idea de que la labor del educador es un apostolado (de ahí la creación de misiones culturales). Desde el poder público se van estableciendo instituciones que se proponen ganar la conciencia de los mexicanos (o cuando menos cambiarla para que no se oponga a las directrices del nuevo régimen). Se trata de hacerlos compartir las ideas del grupo que ganó la fase armada de la revolución democrático-burguesa de principios de siglo.
Hay que recordar que lo fundamental del aparato educativo quedó en manos privadas, pues el movimiento armado no consiguió sacarlo de ese ámbito. La formación ideológica de los mexicanos, la creación y divulgación del conocimiento, la trasmisión de la ideología y la cultura, seguían en manos de los conservadores. Éstos fueron derrotados el siglo pasado y volvieron a perder en la revolución, pero mantuvieron el control de las instituciones educativas del país.
La revolución no se planteó de inicio cambios en la educación. No se percibía la enorme importancia que tiene en la creación y reproducción de la ideología (y del poder); sólo en 1921 se comienzan a tomar medidas para ir modificando la situación.
Aun cuando Vasconcelos terminó oponiéndose acremente al "grupo Sonora" que lidereó Obregón en sus primeros años, sus acciones educativas se conectan con lo que más tarde sería la "educación socialista" (que tiene su máxima expresión en la reforma constitucional de 1934). En este momento se determinó el nivel más alto de la estructura legal mexicana, que "la educación que imparte el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social".
En esa nueva redacción del precepto que nos ocupa, se encomendó a la federación, los municipios (esto es, al Estado mexicano en su totalidad) la tarea de impartir la educación primaria, secundaria y normal. El resto se podía concesionar a particulares, pero siempre que cumplieran los mandatos antes mencionados. Los planteles particulares estaban sujetos a las determinaciones oficiales y sólo se permitía que desempeñaran esta actividad personas con preparación profesional, conveniente moralidad, e ideología acorde con los principios del dispositivo legal.
Se determinó asimismo que la educación primaria es obligatoria y se encomendó al Estado el deber de impartirla gratuitamente. También se facultó al ente estatal para retirar discrecionalmente el reconocimiento de validez a los estudios de las instituciones que se apartaran de los principios reguladores establecidos en el artículo 3º.
En este periodo hay un auge de la educación pública y popular; es la etapa del surgimiento , y fortalecimiento de las normales (urbanas y rurales); de las escuelas para "hijos del ejército"; de la creación del Instituto Politécnico Nacional, como contrapeso al conservadurismo de la UNAM (ya para entonces autónoma). Circulan por el país las obras de la literatura universal (la Ilíada, la Odisea, etc.) en ediciones masivas; se establecen bibliotecas por todas partes, lo mismo que casas de la cultura. Se busca una vinculación real entre la función educativa y las necesidades de la población.
Engrosan las filas del magisterio; se prepara en cursos rápidos a ciudadanos que acepten dedicarse al apostolado de la enseñanza; se busca que haya algún centro educativo en los rincones más lejanos del país. Se fortaleció esa actividad, por considerarla indispensable para alcanzar mejores estadios de crecimiento económico y de estabilidad social.
Pero obviamente no fue una educación socialista; no hay que engañarse. Tal vez de buena fe, quienes reformaron el artículo 3º constitucional pensaron que estaban implantando medidas que en conjunto formaban un proyecto socialista de educación, pero lo cierto es que resulta imposible establecer un sistema educativo socialista en una sociedad capitalista.
Pero aun cuando lo anterior es cierto, también lo es que fue en aquel momento cuando se hizo el mayor esfuerzo en la vida del país para llevar la educación a la mayor cantidad de gente posible. Esto es así, porque en el periodo que va de los años veinte a los cuarenta, el sistema se jala hacia la izquierda; por supuesto dentro de sus parámetros burgueses, pero a fin de cuentas con orientación progresista.
Vendrá luego, a partir de 1940, una derechización que no ha parado hasta nuestros días. El artículo 3º de la Constitución, cuando declara que la educación que imparta el Estado debe ser socialista expresa lo más avanzado de esa revolución burguesa. No fue socialista, porque los vencedores en la revolución mexicana no fueron los sectores populares; ni sus representantes Villa y Zapata. Fue Carranza, fue Obregón y fue Calles quienes liderearon el proceso de creación del nuevo Estado mexicano (y sus intereses de clase estaban nítidamente del lado del capital).
No obstante, sería incorrecto negar que se hizo un esfuerzo por crear estructuras educativas que comprendieran a buena parte de los mexicanos. Sobre todo, se estatuye la obligatoriedad de la educación primaria y el deber del Estado de impartirla sin costo alguno.
Los vientos soplan hacia distinto rumbo a partir de los años cuarenta, pues se cambia el modelo económico. De un país eminentemente agrícola, con la mayor parte de su población en el campo y con un proyecto basado en ello, se pasa a una propuesta industrializadora. Se inicia un proceso de paulatino pero inexorable desplazamiento de personas hacia las ciudades, al impulso de la industrialización (que significó fuentes de empleo menos mal remuneradas).
Se modifica también la política del Estado: en lugar de realizar nacionalizaciones (como la de Ferrocarriles y la de Pemex, que tuvieron lugar en el periodo inmediato anterior); en vez de repartos de tierras a los campesinos; en sustitución de las tesis que sostienen que debe prepararse adecuadamente a los mexicanos para que accedan a mejores niveles de vida, se pasa a la "unidad nacional", que significa que los patrones deben estar tranquilos sin amenazas de huelgas obreras; a la garantía de que no se expropiarán los latifundios; a pensar en asegurar los intereses de la élite y de instruir (no educar) a las masas para que les sirvan.
En otras palabras, el péndulo de la revolución oscila hacia la derecha, de modo que ya no se preocupa por los intereses mayoritarios, sino por propiciar una rápida industrialización, dar todo tipo de facilidades al capital. Esto implica que para el gobierno, lo fundamental es evitar que los empresarios se sientan inseguros.
La trasformación del proyecto político se refleja en lo educativo. Se deja de hablar de educación socialista, de lucha de clases, de reivindicaciones del proletariado. Se deja de mencionar la necesidad de organizarse para luchar por mejores niveles de subsistencia; y se oficializa la tesis de la conciliación de clases. De esa forma, el artículo 3º de diciembre de 1946 expresa los principios de la corriente más derechista del régimen. Los postulados son ya mucho más generales, menos identificados con posiciones de clase. Y aun cuando se mantienen algunas conquistas de la fase anterior, el retroceso es evidente.
Ya no es necesario, como se decía en 1934, combatir al fanatismo, erradicar los prejuicios y crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Ahora el objetivo es desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, haciendo abstracciones de su origen de clase.
Se plantea ahora que la educación debe fomentar en las personas a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Pero sin compromiso de terminar la explotación de unos seres humanos por otros; sin combatir los excesos conaturales del sistema capitalista. Se abandona la teoría de la lucha de clases (que en el pasado solamente se aplicó en el papel), para fortalecer la dominación capitalista. No hay que olvidar que Ávila Camacho se declaró creyente, cuando la Constitución prohíbe las manifestaciones religiosas en público.
Se mantuvo, sin embargo, el principio de obligatoriedad de la educación primaria y se extendió la gratuidad a toda la educación que imparta el Estado (ya no sólo la primaria, la secundaria y la normal).
En cuanto a proposiciones ideológicas, el 3º actual dispone que la educación se base en los resultados del progreso científico, que luche contra la ignorancia y sus efectos, los fanatismos, etc. Postula asimismo que debe ser nacional y contribuir a la mejor convivencia humana. Entiende la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Lo nacional se define en tanto que, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y el acrecentamiento de nuestra cultura.
El texto de 1946 fue promovido por quienes estaban trasformando ("modernizando", dirían ahora) las bases políticas del Estado mexicano, pero también dentro de las reglas capitalistas surgidas del Constituyente de 1917.
La última reforma al 3º se dio en 1980, cuando López Portillo le añadió la fracción VIII actual, con el fin de debilitar al sindicalismo universitario.
Fuertemente preocupado por el creciente poderío del sindicalismo en las instituciones de educación superior (que no admitió la regla de la corporativización, común a las agrupaciones sindicales más fuertes del país), el régimen fingió que estaba "elevando la autonomía a rango constitucional", cuando la verdad es que se proponía eliminar la participación sindical de los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia de los trabajadores académicos.
Pero nunca el gobierno ha explicitado sus propósitos. Cuando se propuso acabar con la llamada "educación socialista" habló de la democracia como forma de vida; cuando se dedicó a golpear a los sindicatos universitarios, aseguró estar constitucionalizando la autonomía. No es ésta una clase política obtusa y de cortos alcances; por el contrario, es una burocracia ilustrada (como los "científicos" porfiristas, que sobrevivieron al antiguo régimen y continúan con presencia importante en el pensamiento nacional), que sabe ocultar bien sus designios.
No se dijo qué querían con las normales rurales, pero sí lo hicieron; no hablaron de mediatizar por medio de la corporativización a los trabajadores de la educación, pero así se hizo con el SNTE charro; no se menciona que hay que acabar con todos los rasgos progresistas que pudiera tener el Estado mexicano, pero paso a paso se le alinea más al imperialismo del norte.
Probablemente el Tratado de Libre Comercio -que no es sino la manifestación más visible de la subordinación salinista a los intereses del imperio del norte- traiga mayores presiones para la modificación del artículo 3º constitucional. La jerarquía eclesiástica hace todo lo que puede para recuperar los privilegios que tuvo en el campo educativo. Y pudiera ser que la derechización llegara a eso, pues los órganos del Estado (congresos, poderes ejecutivos y poderes judiciales) siguen monopólicamente en manos del PRI, que crecientemente abandona posiciones "populistas" y se somete a lo que desde los Estados Unidos ordenan.
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