Revista 6-7, Abril-Septiembre 1991

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Derecho mercantil
LA NULIDAD DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS. 
DE LOS ACUERDOS EMANADOS DE ELLAS


Carlos R. Frías Salcedo
Licenciado en derecho por la UAZ;
doctor en derecho por la UNAM; 
maestro de la facultad de Derecho y de la facultad
de Contaduría y Administración de la UAZ


Un problema que cotidianamente se presenta a los abogados postulantes y en forma muy especial a los abogados corporativos, esto es, los que especializan su actividad profesional en derredor de las sociedades mercantiles u otro tipo de personas colectivas, es el relativo a la interpretación y aplicación de los artículos 201 al 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor. El problema se acrecienta si se toma en cuenta la mala o indebida "interpretación jurídica", o quizá debiera decir, interpretación "ajurídica o antijurídica", o sea, sin fundamento o motivación jurídica, o contraria a las disposiciones o espíritu de la ley, es debida principalmente, a los nulos o "casi" nulos conocimientos que la mayoría de los titulares de los órganos jurisdiccionales tienen respecto a las clases, sistemas o formas de interpretación, que integran la valiosísima especie jurídica, perteneciente a la metodología del derecho, denominada: hermenéutica jurídica.

1. Exposición del problema

La cuestión a resolver consiste en determinar si la nulidad de las asambleas de accionistas y los acuerdos de ellas emanados, sólo pueden invalidarse en virtud de los requisitos y procedimientos que se mencionan en los artículos 201 al 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor, o si es posible lograr la nulidad de dichos actos jurídicos por medios diferentes.

2. Antecedentes del problema

Los artículos en cuestión rezan:

Art. 201. Los accionistas que representen el 33% del capital social podrán oponerse jurídicamente a las resoluciones de las asambleas generales, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos:- I. Que la demanda se presente dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la clausura de la asamblea;- II. Que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución;- III. Que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de violación. No podrá formularse oposición judicial contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de los administradores o de los comisarios.

Art. 202. La ejecución de las resoluciones impugnadas podrá suspenderse por el juez, siempre que los actores dieren fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad por la inejecución de dicha resolución, en caso de que la sentencia declare infundada la oposición.

Art. 203. La sentencia que se dicte con motivo de la oposición surtirá efectos respecto de todos los socios.

Art. 204. Todas las oposiciones contra una misma resolución deberán decidirse en una sola sentencia.

Art. 205. Para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren los artículos 185 y 201, los accionistas depositarán sus acciones ante notario o en una institución de crédito, quienes expedirán el certificado correspondiente para acompañarse a la demanda y los demás que sean necesarios para hacer efectivos los derechos sociales. Las acciones depositadas no se devolverán sino hasta la conclusión del juicio.(1)

Los trascritos artículos 201 al 205 de la LGSM mexicana, tienen sus antecedentes en los proyectos del código de comercio para el reino de Italia elaborados en presencia de la doctrina y jurisprudencia que ha dado origen al artículo 163 del Código de Comercio de Italia actualmente en vigor. Los citados artículos se tomaron del artículo 220 del proyecto Vivante; del artículo 166 del proyecto de las cámaras industriales, y del artículo 215 del proyecto de D'Amelio. Consideramos importante para los interesados en el tema, que se conozca la exposición de motivos de los proyectos de referencia. En la exposición del primero (Vivante), y para fundar la relación del articulado se dice lo siguiente: "Por el contrario las reglas referentes a la acción de oposición contra las deliberaciones de las asambleas han sido notablemente modificadas de conformidad con los dictados de la vasta experiencia acerca de este vitalísimo instituto, cuidadosamente elaborado por la doctrina".

La aplicación del artículo 166 del Código ha dado lugar a numerosos problemas y algún grave inconveniente, porque su redacción no es clara y sus disposiciones son incompletas. La limitación de la oposición a las deliberaciones manifiestamente contrarias a la ley o a los estatutos, si ha servido alguna vez para excluir la impugnación de los balances, por otras razones inadmisibles, ha servido también de cómoda pero inoportuna escapatoria; de todos modos, ha sido ocasión de infinitas controversias prejudiciales. La falta de toda disposición procesal ha originado grandes dudas sobre el efecto de la sentencia de nulidad y sobre la posibilidad de numerosas repeticiones de la misma acción por parte de todos los socios. Finalmente, la falta de término para el ejercicio del derecho de impugnación ha hecho que sobre la sociedad se cierna siempre la amenaza de extemporáneas oposiciones por todo el periodo de la prescripción.

El artículo 220 del proyecto se propone eliminar estas dificultades y acabar con estas incertidumbres, reglamentando la oposición como una acción de nulidad de las deliberaciones ilegales, en su carácter de acto de voluntad colectiva, por lo tanto sin limitaciones preliminares, y concediendo expresamente la iniciativa aun a cualquiera de los administradores o comisarios de la sociedad.

El ejercicio de la acción se limita al término de tres meses, pero el procedimiento está disciplinado de modo que todos los socios sean notificados de la oposición y puedan coadyuvar. Naturalmente, las oposiciones relativas a la misma deliberación deberán acumularse y decidirse por una sola sentencia; la nulidad de las deliberaciones produce efectos en relación a todos los socios y la parte resolutiva de la sentencia debe trascribirse y publicarse, aun para el efecto de que transcurra el término para apelar.

El recurso para la suspensión de la deliberación impugnada, que en el derecho vigente se considera a veces como fin en sí mismo, ha sido por el contrario reglamentado en consonancia con su naturaleza de procedimiento incidental.

Finalmente, para garantizar a la sociedad contra impugnaciones insinceras y temerarias se ha dispuesto que el tribunal pueda obligar al socio opositor a prestar caución suficiente para responder del resarcimiento de los daños causados.

Y en la exposición de motivos del proyecto d'Amelio se lee lo siguiente:

Las inovaciones introducidas por este proyecto respecto al Código vigente, son en parte de carácter técnico. Por ejemplo: p) La acción de nulidad (oposición) del socio contra las deliberaciones de las asambleas contrarias a la ley, a la estructura constitutiva o a los estatutos. La incompleta disposición del artículo 163 del Código vigente se ha sustituido por un procedimiento completo de acuerdo con las proposiciones cuidadosamente elaboradas por la doctrina y felizmente ya concretadas en anteriores proyectos (art. 220 del proyecto preliminar; art. 166 del de la Confederación de la Industria). Declarada impugnable cualquier deliberación ilegal (no sólo las deliberaciones manifiestamente ilegales), y fijada a la acción de oposición un término de tres meses, el procedimiento se disciplina de manera que todos los socios sean notificados de la oposición y puedan coadyuvar, y la nulidad de las deliberaciones tenga efectos frente a todos los socios; además, se reconoce claramente al recurso para la suspensión de las deliberaciones impugnadas. (Naturaleza incidental) (art. 215).(2)

3. Limitaciones del trabajo

Dada la naturaleza del presente trabajo, de la brevedad del tiempo con que se cuenta en este tipo de reuniones, no trato aquí lo referente a la naturaleza jurídica del llamado contrato de sociedad ni a la naturaleza de los acuerdos emanados de las asambleas generales, para determinar si es un acto simple o complejo, colectivo, social o un acto unilateral o plurilateral.

Lo que sí es claro es que, en cuanto a la celebración de una asamblea general de accionistas, existen actos jurídicos previos a ella (piénsese en la emisión de la convocatoria respectiva y en su publicación), actos que tienen lugar durante el desarrollo de la asamblea (v gr. pasar lista de asistencia, verificar quórum de asistencia y votaciones, los debates, las deliberaciones, las votaciones, etc.) y, en fin, otros actos jurídicos que tienen lugar con posterioridad a la celebración de las reuniones (por ejemplo, protocolización del acta y su inscripción en el Registro Público de Comercio). En este orden de ideas declaro que las asambleas de accionistas y los acuerdos emanados de ellas, así como los actos anteriores, los que tienen lugar durante y los posteriores, son verdaderos actos jurídicos, y que, en consecuencia, al ser considerados como tales, es preciso analizarlos a la luz de la teoría general del acto jurídico y aplicarles los principios y reglas correspondientes, por lo que se refiere a sus elementos esenciales y de validez, así como las diversas formas de privarlos de efectos: inexistencia, nulidad absoluta, nulidad relativa, revocación, rescisión, etc. Y que cualquier vicio que se dé en los actos anteriores o preparatorios de las asambleas, así como los que tienen lugar durante la reunión, puedan incidir en la existencia o validez de la asamblea y de los acuerdos emanados de ella.

4. Posición de la doctrina

Frente a este problema, los legisladores de los diversos países han adoptado las siguientes posturas: o bien no se ha sancionado en modo alguno la validez de las asambleas y de sus acuerdos, o, como ocurre en nuestro país, se ha limitado a establecer la oposición concedida a los socios respecto a las resoluciones de las asambleas generales, a condición de que se satisfagan los requisitos señalados en el artículo 201 de la LGSM, o bien, como en el derecho alemán, se ha disciplinado más ampliamente la acción de impugnación. "Así pues, en todos los derechos positivos, la tarea de determinar las diversas formas de invalidez y de trazar los criterios distintivos se ha dejado a la doctrina y a la jurisprudencia. Especialmente en Alemania, se han entregado amplios estudios sobre el problema; centenares de escritos y de opiniones, a menudo cercanos terminológicamente y en sustancia divergentes, y muchas veces separados, en apariencia se hace muy difícil establecer con seguridad la posición precisa de cada escritor. Sin embargo, después de un atento y minucioso examen, podemos captar, a grandes trazos, tres tendencias que, aunque sin una sucesión rigurosamente cronológica, marcan a no dudarlo tres momentos de una evolución progresiva. La primera tendencia se liga estrechamente al pasado, o bien aquellos países, en que el legislador no se ocupa de la invalidez de las asambleas y de los acuerdos. La observancia de la ley, de la escritura constitutiva y de los estatutos por parte de la asamblea en sus deliberaciones, pareció bien pronto una de las necesidades más urgentes de la vida de la sociedad anónima; y así, aun en el silencio del legislador, basándose en consideraciones de orden ético y económico, recurriendo a la aplicación de principios generales en materia de invalidez de los negocios jurídicos, y a la aplicación analógica de otras normas legislativas y estatutarias, la doctrina y la jurisprudencia han llegado pronto a la invalidez de la deliberación, concediendo una acción de anulabilidad a cada uno de los socios.

Más, obtenido tal resultado, no se han preocupado aquéllas, salvo alguna rara excepción, de indagar si, además de la anulación por impugnación, pudiera también sacarse de los principios generales una forma de invalidez absoluta. No debe maravillarnos, por lo tanto, que, obtenido más tarde en algún país el reconocimiento legislativo de la anulabilidad por impugnación, la jurisprudencia y la doctrina se hayan conformado con eso por algún tiempo, sin preocuparse de más investigaciones. Tal puede decirse del derecho francés, en que todavía hoy, en defecto de una norma legislativa, la doctrina y la jurisprudencia admiten una acción de anulación, y sólo en tiempos recientes y no sin vacilaciones y contrastes, tienden a distinguir una nulidad de orden público e invocable por cualquier socio (y no por cualquier interesado) y a una nulidad de orden privado, invocable únicamente por los socios ausentes o disidentes; así ocurría en el derecho alemán antes de la novela de 1884, y en el derecho austriaco; así en el derecho suizo en el que predomina aún la tendencia a admitir tan sólo una anulabilidad por impugnación, y así en el derecho inglés, en que de tiempo atrás se distingue según que la asamblea haya deliberado "in vieres" o "ultra in vieres".

Lo propio debe decirse respecto del derecho italiano antes del código vigente, en el que la jurisprudencia había llegado a la impugnación sobre la base de un argumento a contrario sacado del artículo 149 del Co. Co. de 1985, por violaciones de los estatutos, o sobre la base de los principios generales por violaciones de la ley. Pero, por lo demás, aun después de la promulgación del Código de 1882, la doctrina se conformó durante otros 20 años con la acción de impugnación derivada del artículo 163, mientras que la jurisprudencia, salvo raras excepciones, sólo en tiempos muy recientes ha reparado en la existencia de una forma de invalidez absoluta al lado de la anulabilidad como consecuencia de la oposición del socio.

Así pues, la tendencia que limita las fechas de validez a sólo la anulación por impugnación, ignora el problema lejos de resolverlo, y puede decirse que ha quedado definitivamente superado, a pesar de la larga resistencia de la jurisprudencia.

La segunda tendencia, representada por Vivante, Scialoja y Soprano, se dan por fin cuenta del problema, y lo resuelven con un principio fundamental: aun siendo la deliberación un negocio sui generis, o particular, para su invalidez valen íntegramente los principios generales que rigen en materia de invalidez de los negocios jurídicos. Llegan a tal afirmación: Vivante, sosteniendo que el artículo 163 se refiere a la anulabilidad del derecho común y contraponiendo a ella la inexistencia de la deliberación; Scialoja y Soprano, por el contrario, negando todo significado particular al artículo 163, e infiriendo de él -Scialoja parte de su segundo párrafo y Soprano, como lo hiciera Vihgi con un argumento a contrario sacado del primer párrafo, la posibilidad tanto de una forma de nulidad absoluta como de una forma de anulabilidad.

El mérito de una nueva oposición del problema corresponde sobre todo a la doctrina alemana. Ésta, partiendo de la observación de que en el párrafo 271 HGB está sancionada una impugnación ministerio judicis, mientras que la impugnación general de que se habla en los párrafos 142 y siguientes, BGB opera mediante simple declaración de aquel a quien compete el derecho de impugnar; y por otro lado de la consideración de que la impugnación general del BGB es admisible tan sólo en la hipótesis de los vicios llamados subjetivos (incapacidad, vicios de consentimiento) del negocio jurídico y se concede sólo al sujeto que es autor del negocio a quien afecta el vicio, no vacila en calificar la del pars 271 HGB como una impugnación sui generis. Con argumentos en parte autónomos, llega el derecho italiano a análogos resultados en cuanto a la impugnación de que trata el artículo 163, ante todo Mossa, seguido muy de cerca por Navarrini, y más tarde, en sus agudos apuntamientos, Ascarelli.

5. Teoría general del acto jurídico

Independientemente de que se esté de acuerdo o no con la teoría de la inexistencia y nulidad que contempla la legislación mexicana, y que se dice se integró a nuestro sistema legislativo en forma extralógica, esto es, sin responder a los antecedentes, a los principios y demás características que imperaban en el derecho mexicano, ya que no es el caso de discutir la citada teoría de las inexistencias y nulidades. Pero es obvio que si bajo estas premisas de la inexistencia y de la nulidad absoluta y relativa, se contempla y se reglamenta la teoría general del acto jurídico en nuestro país, es bajo estas premisas en que deberá estudiarse el caso que nos ocupa. El acto jurídico se ha definido como la manifestación de voluntad capaz de producir consecuencias de derecho. Elementos esenciales del mismo son por una parte la manifestación de voluntad, que puede ser realizada en forma expresa o tácita, esto es, por medio de la palabra oral, de la escritura, o por medio de signos mímicos; en forma tácita, se deriva de actos o hechos que hagan presumir la manifestación de voluntad del autor o autores del acto. El objeto consiste en que tratándose de obligaciones de dar, el bien objeto del contrato exista en la naturaleza o pueda existir, en tratándose de obligaciones de hacer, que los hechos no se opongan a una ley de la naturaleza. La posibilidad jurídica, en tratándose de obligaciones de dar, implica que el objeto esté dentro del comercio y que sea determinado o determinable en cuanto a su especie; referente a las obligaciones de hacer, que los hechos no se opongan a una norma jurídica que necesariamente deba regir el acto. En ciertos actos jurídicos, como los referentes al estado civil de las personas, en materia civil o familiar, o como en el derecho mercantil, donde existen múltiples actos jurídicos de esta naturaleza, la solemnidad es otro elemento esencial, entendiendo por ésta la forma que ha sido elevada por la técnica jurídica a categoría de elemento esencial. Siguiendo la teoría de las inexistencias, cuando un acto jurídico adolezca de un elemento esencial en su formación, esto es, la falta de voluntad, que el objeto no sea física o jurídicamente posible, o la solemnidad en los casos requeridos por la ley, el acto será inexistente; no producirá efecto legal alguno; no será susceptible de perfeccionarse por la prescripción ni convalidarse por un acto posterior de los interesados y cualquier persona interesada podrá impugnar el acto haciendo o ejercitando la acción correspondiente.

Como elementos de validez de los actos jurídicos tenemos: la capacidad, o sea la aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones, para hacer valer esos derechos por nosotros mismos o por medio de un representante. Es obvio que nos referimos a la llamada capacidad general o capacidad de ejercicio, que se adquiere a los 18 años estando en pleno uso de nuestras facultades mentales. La formalidad es otro elemento de validez de los actos jurídicos, que consiste en que la manifestación de voluntad debe realizarse en forma estricta, ya sea pública o privada, según lo determine la ley. La ausencia de vicios de la voluntad, como el error, el dolo, la violencia y la mala fe, no deben existir para que el acto jurídico sea válido; de tal manera que si en un acto jurídico hay incapacidad de una o unas de las partes, no se realiza con la forma que señala la ley o hay un vicio de la voluntad, el acto estará afectado de nulidad relativa. Será susceptible de perfeccionarse por prescripción, de convalidarse por un acto posterior de los interesados, y sólo éstos tendrán el derecho a ejercitar la acción correspondiente. Por último, la licitud en el objeto, motivo, fin o condición del acto, es otro elemento de validez de los actos jurídicos; visto desde el punto de vista negativo, diríamos que se obra ilícitamente en un acto jurídico, cuando las partes en él interesadas violan normas de orden público, esto es imperativas o prohibitivas o atentan contra las buenas costumbres; en caso de ilicitud, el acto estará afectado de nulidad absoluta. No será susceptible de perfeccionarse por prescripción ni convalidación; cualquier persona interesada podrá ejercitar la acción de nulidad correspondiente, pero el acto jurídico produce preventivamente sus efectos hasta que sea declarada la nulidad jurisdiccionalmente, efectos que serán destruidos retroactivamente, hasta el momento en que se originó el acto. Atento a diversas jurisprudencias emanadas de la Suprema Corte de justicia de la Nación, y en contra de algunos dispositivos legales, la nulidad de pleno derecho no existe en la legislación mexicana.

Así pues, tomamos como punto de partida lo anteriormente mencionado, pero además haciendo uso de la interpretación sistemática, esto es, interpretando unas leyes por otras, unas normas por otras, para encontrar la relación existente entre todas y desentrañar así el sentido que resulte de todas, para aplicarlo a la norma o normas dudosas motivo de interpretación.

Trataremos de resolver el problema que nos ocupa, a saber, si la oposición que contemplan los artículos 201 al 205 de la LGSM es la única forma de impugnar los acuerdos de las asambleas generales de accionistas, en la sociedad anónima.

6. Panorama legislativo

Trascribiremos y mencionaremos algunas disposiciones, primero de la LGSM y después del Código de Comercio en vigor, para verificar qué es lo que tienen de común estas disposiciones y ver si podemos llegar así a una conclusión.

Art. 2º Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio, tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios. Salvo el caso previsto en el artículo siguiente, no podrán ser declaradas nulas las sociedad inscritas... Art. 3º Las sociedades que tengan un objeto ilícito o que ejecuten habitualmente actos ilícitos serán nulas y se procederá... Art. 17. No producirán ningún efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno o más socios de la participación en las ganancias. Art. 19. La repartición de utilidades sólo podrá hacerse después del balance que efectivamente las arroje en el concepto de que las que se repartan nunca podrán exceder del monto de las que realmente se hubieren obtenido. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto legal y tanto la sociedad como sus acreedores... Art. 21. Son nulos de pleno derecho los acuerdos de los administradores o de las juntas de socios y asambleas que sean contrarios a lo que dispone el artículo anterior... Art. 102. Toda operación hecha por los fundadores de una sociedad anónima, con excepción de las necesarias para constituirla, será nula con respecto a la misma... Art. 104. Los fundadores no pueden estipular a su favor ningún beneficio que menoscabe el capital social, ni en el acto de la constitución ni para lo porvenir; todo pacto en contrario es nulo. Art. 122. ...El representante común no podrá enajenar o gravar la acción, sino de acuerdo con las disposiciones del derecho común en materia de copropiedad. Art. 133. Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al número de sus acciones, para suscribir las que se emitan en caso de aumento de capital... Art. 134. Se prohíbe a las sociedades anónimas adquirir sus propias acciones... Art. 156. El administrador que en cualquier operación tenga un interés opuesto al de la sociedad, deberá manifestarlo a los demás administradores y abstenerse de toda deliberación y resolución... Art. 165. No podrán ser comisarios: los que conforme a la ley estén inhabilitados para ejercer el comercio... Art. 179. Las asambleas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social, y sin este requisito serán nulas, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Art. 186. La convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio de la publicación de un aviso en el periódico oficial... Art. 187. La convocatoria para las asambleas deberán contener la orden del día y deberá ser firmada por quien lo haga. Art. 188. Toda resolución de la asamblea tomada con infracción de lo que disponen los artículos anteriores, será nula, salvo que en el momento de la votación haya estado representada la totalidad de las acciones. Art. 189. Para que una asamblea ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar representada por lo menos, la mitad del capital social, y las resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de los socios presentes. Art. 198. Es nulo todo convenio que restrinja la libertad de los accionistas.

Si observamos detenidamente las disposiciones citadas podremos evidenciar que sus características comunes, o sea, que se parecen o relacionan son las siguientes: a) primero, todas forman parte de la LGSM, las primeras disposiciones relativas a la parte general, aplicable a todas las sociedades mercantiles y las siguientes en forma especial se refieren a la sociedad anónima; b) en segundo lugar, en todas las disposiciones citadas se contienen en forma expresa o implícita la institución de la inexistencia y de la nulidad absoluta o relativa, a que se refiere la teoría general del acto jurídico. Así pues, podemos afirmar que, además de la oposición a que se refieren los artículos 201 y 205 de la Ley de Sociedades, están contempladas en la propia ley la inexistencia y la nulidad absoluta y relativa, para impugnar actos jurídicos relacionados con la preparación y el desarrollo de las asambleas, por lo que si el vicio se da en estos actos jurídicos, es obvio que la asamblea podrá ser impugnada de inexistencia o de nulidad, y lógicamente el acuerdo que pudiera haber emanado de una asamblea viciada correría la misma suerte, atento al principio de accesoriedad, que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. El acuerdo de una asamblea no es más que una consecuencia, que debe encontrar su base en actos anteriores a la toma del acuerdo, por lo que, si aquéllos están viciados, este último, el acuerdo, seguirá la misma suerte.

Pero queremos ahondar un poco más en el análisis de la cuestión y al efecto nos permitimos trascribir algunos artículos del Código de Comercio mexicano en vigor, que nos servirán para fundar y sostener con un número mayor de argumentos jurídicos, la tesis que al final sustentaremos: Art. 2º A falta de disposiciones de este Código, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común. Art. 5º Toda persona que según las leyes comunes es hábil para contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio tiene capacidad legal para ejercerlo. Art. 77. Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción aunque recaigan sobre operaciones de comercio. Art. 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y término que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acta comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Art. 79. Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que precede: I. Los contratos que con arreglo a este Código y otras leyes deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia; II. Los contratos celebrados en país extranjero en que la ley exige escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no lo exija la ley mexicana. En uno y en otro caso los contratos que no llenen las circunstancias requeridas, no producirán obligación ni acción en juicio. Art. 81. Con las modificaciones y restricciones de este Código serán aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los contratantes y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos.

De las disposiciones del Código de Comercio trascritas desprendemos: a) el derecho común, que es el derecho civil, en este caso el Código Civil del DF, es aplicable en forma sustantiva en todo lo relacionado a los actos de naturaleza mercantil; b) existen dentro de la rama del derecho mercantil múltiples actos de carácter solemne. La teoría general del acto jurídico, aunada a las teorías de las inexistencias y nulidades, es aplicable a todos los actos de comercio y en consecuencia a los actos que realizan las sociedades mercantiles como las sociedades anónimas.

7. Características de la acción de impugnación (art. 201-205 LGSM)

A) Acción social
a) Se confiere a los socios en su calidad de tales;
b) Interés de la sociedad.
B) Intrasmisibles: independientemente del status social
C) Irrenunciable preventiva: toda cláusula es nula; no transacción ni arbitrio
D) Caducidad
E) Prescripción

Características. Acción de inexistencia y nulidad absoluta y relativa

Inexistencia 

Nulidad absoluta 

Nulidad relativa

a) Personal 

a) Personal 

a) Personal

b) Interés socio 

b) Interés socio 

b) Interés socio

c) Trasmisible 

c) Trasmisible 

c) Trasmisible

d) Renunciable 

d) Renunciable 

d) Renunciable

e) Imprescriptible 

e) Imprescriptible 

e) Imprescriptible

f) No convalidable 

f) No convalidable 

f) Convalidable

g) Cualquier interesado la puede ejercitar g) Cualquier interesado 
h) No caducidad
g) Sólo los que sufrieron vicios
h) No caducidad

h) No caducidad caducidad 


8. Ejemplos de casos en los que
serán procedentes las acciones de
inexistencia, nulidad absoluta o relativa,
tomando en cuenta que, por razones obvias,
prácticamente no se dan acciones de
inexistencia, sino que ésta se tramita
por vía de nulidad absoluta

8.1. Ejemplos de casos de inexistencia de la asamblea y de los acuerdos citados:

8.1.1. Cuando no existe la persona jurídica porque no ha surgido o porque ha dejado de existir. Piénsese en el supuesto de que no se haya dado la manifestación de voluntad de los socios, o en el que el objeto de la sociedad sea física o jurídicamente imposible; en estos casos falta el presupuesto lógico de la asamblea, a saber: la existencia de la sociedad. Si, por el contrario, el vicio se refiere a las formalidades de que trata el artículo 2º de la ley de sociedades (Registro Público de Comercio) se produce, no la inexistencia, sino la irregularidad de la sociedad y, al reconocer la ley personalidad a las sociedades irregulares, la asamblea y los acuerdos serían válidos.

8.1.2. Inexistencia de la asamblea.

8.1.2.1. Falta de convocatoria. La asamblea general de socios se define como la reunión de socios legalmente convocada y reunida en el domicilio social, para tratar asuntos de su competencia; así, sólo podrá hablarse de asamblea, cuando exista la convocación y en caso de no haberla la asamblea será inexistente.

8.1.2.2. Cuando la convocatoria se hace por un órgano o por una persona que no tiene facultad de hacerla. La Ley General de Sociedades Mercantiles prevé en su Art. 183: "Las convocatorias para las asambleas deberán hacerse por el administrador o por el consejo de administración o por los comisarios, salvo lo dispuesto en los artículos 168, 184 y 185". Como puede verse, sólo el administrador cuando está a cargo de una sola persona, el consejo de administración (no el presidente) cuando esté integrado este cuerpo colegiado, excepcionalmente los comisarios y un juez podrán emitir convocatorias para asambleas generales, por lo que si la convocatoria emana de persona u órgano diverso no existirá la asamblea.

8.1.2.3. Falta de reunión de socios.
Cuando no se celebra la reunión, porque no asiste ningún socio, o cuando se admiten en ella, incluso con derecho a voto, personas ajenas a la sociedad o no autorizadas, en los términos del artículo 192 de la propia ley societaria.

8.2. Casos de nulidad absoluta.

8.2.1. Acuerdos ilícitos. Cuando las asambleas "acuerdan" algún asunto, cuyo contenido sea "ilícito", esto es, que atente contra normas de orden público, imperativas o prohibitivas o contra las buenas costumbres.

8.2.2. El acuerdo que excluya a uno o más socios de la participación en las ganancias (art. 17 LGSM).

8.2.3. El acuerdo que niegue la constitución del fondo de reserva (art. 20).

8.2.4. Las asambleas que no se reúnan en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor (art. 179).

8.2.5. Convocatorias que les faltan requisitos, por ejemplo: fecha de expedición, lugar y fecha de reunión, orden del día, firma de los convocantes (artículos 186, 187, 188).

8.2.6. Asamblea que no reúne los quórum de asistencia y votaciones (artículos 189, 190, 191).

8.3. Nulidades relativas (casos)
Desde luego, cuando falta la capacidad de ejercicio en los participantes en la asamblea que se haya dado un vicio de la voluntad como el error, el dolo o la violencia física o moral, o no se hubiere protocolizado y registrado el acta de la reunión, ésta y sus acuerdos estarán afectados de nulidad relativa; por otra parte existen las normas llamadas derogables o supletorias de la voluntad de las partes, las que podrán ser infringidas por la asamblea y que al no combatirse oportunamente, se convalidarán los acuerdos.

8.3.1. Cuando la asamblea convocada en segunda convocatoria lo haya sido en el primer aviso (por ejemplo 15 minutos o una hora después) sin que medie el "inter" que señale la ley o los estatutos.

8.3.2. Cuando se impida arbitrariamente a unos socios el acceso a la asamblea.

8.3.3. Cuando no se verifica el quórum de asistencia legal o no se redacta el número de socios que asistieron.

8.3.4. Cuando no es presidida la asamblea por los convocantes o por quienes designe la asamblea.

9. Accionistas, asamblea de .Las resoluciones tomadas en ellas no son susceptibles de ser anuladas por los propios accionistas, sino sólo judicialmente

Aceptar que las resoluciones tomadas en una asamblea de accionistas puedan ser anuladas sin mayor trámite, a través de la resolución que los propios accionistas tomen en una asamblea posterior, además de que vulnera la seguridad jurídica de tales actos, especialmente respecto a sus efectos frente a terceros, representa violar el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que prevé como único medio de impugnar la validez de las resoluciones de las asambleas generales, la oposición judicial, y esto, siempre y cuando se cubran los requisitos que para hacer valer tal oposición, señala el propio numeral en cita. [Amparo directo 6315/76. Valores de inversión, S. A. 16 de agosto de 1978. 5 votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra. Secretario: Pedro Reyes Colín. Informe 1978. Tercera Sala. Núm. 5, pág. 11.]

Acción de sociedad anónima. Cada socio se encuentra legitimado para demandar judicialmente la emisión no sólo de las que en lo particular le pertenecen, sino de todas las que indebidamente no hayan sido emitidas. El artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, expone: "La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta, y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe o a falta de designación, por el administrador o por el consejo de administración". Por tanto, es en la asamblea general de accionistas donde cada socio puede intervenir, ejercitando los derechos que le dan sus acciones, en la formación de la voluntad colectiva que decide el destino y marcha de la propia sociedad, y como el artículo 188 de la propia ley, que expresa: "Toda resolución de la asamblea tomada con infracción de lo que disponen los dos artículos anteriores (se refieren a los requisitos de la convocatoria para la celebración de las asambleas generales) será nula, salvo que en el momento de la votación haya estado representada la totalidad de las acciones", se desprende el interés que cada socio tiene en que se lleven a cabo las asambleas; lo que no sería posible sin la expedición de todas las acciones. De donde resulta justificable el interés y legitimación que cada socio tiene para demandar en la vía judicial la emisión de las acciones cuya emisión se halle indebidamente pendiente, no sólo de las que en particular le pertenecen. [Amparo directo 766/77. Antonio Hemsani Chamah. 7 de mayo de 1980. 5 votos. Ponente: J. Abitia Arzapalo. Secretario: Pedro Elías Soto Lara.]

"No hay razón para negar al tenedor minoritario la acción de nulidad de resoluciones antijurídicas por su contenido":

Sociedad anónima. Acción de nulidad que tiene el socio minoritario. "El derecho que se vulnera al accionista y recurrente, debe considerarse como un derecho individual de crédito, por no ser un derecho social, sino independiente de su calidad de socio. No hay razón de ninguna índole para negar al tenedor minoritario ni aun al tenedor de un solo título, la acción de nulidad respecto a resoluciones que, aunque fueron tomadas de acuerdo con las leyes que rigen el funcionamiento de las asambleas resulten antijurídicas por su contenido como sucede en el caso; el ejercicio de la acción de nulidad no debe quedar sujeta en cuanto a su ejercicio, al plazo de caducidad que establece el artículo 201 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Las deliberaciones de las asambleas que dispongan de los derechos de tercero o de un socio como tercero, al imponerle nuevas o ulteriores obligaciones son irrelevantes para el socio y nulas por falta de legitimación del sujeto agente o sea de la sociedad. Tal acto jurídicamente es ineficaz e inoponible al tercero y la acción para reclamar su validez es individual. Debe en consecuencia respetarse el status del socio demandante, ya que según la esencia y la naturaleza de la sociedad anónima, art. 86 de la Ley de Sociedades Mercantiles, como en ella la responsabilidad es limitada de los socios no se pueden exigir aportaciones adicionales." [Supremo Tribunal de Justicia del D. F. Tomo 94, pág. 68.]

"Son nulos los acuerdos de una sociedad cuando no son acordes con los estatutos sociales o con la ley de la materia":

Nulidad. Cuándo son nulos los acuerdos tomados en asamblea de accionistas en las sociedades mercantiles. Los acuerdos tomados por los accionistas en una sociedad mercantil, adolecen de nulidad, no obstante haberse cumplido con las formalidades para decidirlos, cuando no son acordes con la Ley General de Sociedades Mercantiles o las disposiciones estatutarias de la sociedad. "De acuerdo con el artículo 30 inciso e) de los estatutos de la sociedad, la única razón por la cual podría haberse negado a los tenedores de acciones ordinarias el dividendo del cinco por ciento de las utilidades que arrojó el balance, habría sido el que el remanente de esas utilidades se hubiese destinado a un fin distinto, cosa que no se especificó; pero en el caso que ahora se somete a la consideración de esta sala no se realizó el supuesto a que se alude, toda vez que el fin que debe dársele a las utilidades obtenidas es precisamente el de distribuirlas equitativamente entre los socios, ajustándose para ello a los estatutos sociales y a los preceptos de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y en tal virtud resulta que el acuerdo tomado por la asamblea quebranta el inciso e) del artículo 39 de los estatutos, así como al tenor del artículo 17 de la ley antes invocada. Pues al haber dejado pendiente de distribuir el remanente de las utilidades, no significa de ningún modo que a dichas utilidades se les haya destinado a un fin distinto, sino más bien que se ha omitido la realización del verdadero fin: distribuir las utilidades entre los accionistas sujetándose a las bases establecidas en los estatutos y en la ley". [Supremo Tribunal de Justicia del D. F. Tomo 171, pág. 75.]

Conclusiones

Primera. La asamblea general de accionistas, su convocatoria, su realización, verificación de quórums de asistencia y votaciones, instalación de la mesa de debates, declaración legal de la asamblea, debates, deliberaciones, votaciones, levantamiento del acta, protocolización y registro de ésta, son actos jurídicos.

Segunda. Los citados actos jurídicos, deben ser analizados a la luz de la legislación mexicana, de la teoría general del acto jurídico que adopta la teoría de las inexistencias y nulidades.

Tercera. Las formas de dejar sin efecto un acto jurídico por un vicio en su formación son la inexistencia, nulidad absoluta y la nulidad relativa.

Cuarta. La nulidad, sobre la base de la oposición contenida en los artículos 201 al 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no puede constituir la única forma de invalidez de las asambleas generales de accionistas y de sus acuerdos.

Quinta. Las asambleas generales de accionistas y sus acuerdos, pueden combatirse o invalidarse vía inexistencia, nulidad absoluta o nulidad relativa.

Sexta. La acción de oposición derivada de los artículos 201 al 205, de la LGSM, si bien es una acción de nulidad, tiene características diferentes a la de nulidad absoluta o relativa a que se hace referencia en el cuerpo de este trabajo.

Citas y bibliografía

1. Ley General de Sociedades Mercantiles, Código de Comercio y leyes complementarias, México: Porrúa, 1980, p. 215.

2. Antigono Donati, Sociedades anónimas: la invalidez de las deliberaciones de las asambleas, trad. Lic. Felipe de J. Tena, México: Porrúa, 1939, p. XIV-XVI.