Revista 6-7, Abril-Septiembre 1991

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Derechos humanos
LOS DERECHOS POLÍTICOS EN MÉXICO


J. Guillermo Domínguez Yáñez
Coordinador de la unidad de documentación, AMDH;
profesor de la facultad de Economía, UNAM


Introducción

A nivel internacional existen cuatro instrumentos jurídicos fundamentales de las Naciones Unidas que definen y garantizan la protección de los derechos humanos: la Declaración universal de derechos humanos (1948), el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966), el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966), y el Protocolo facultativo de este último pacto. Los pactos son tratados vinculantes para los estados que los ratifican.

A nivel nacional, las normas que consagran los derechos humanos en el país están contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como garantías individuales y sociales, y en las convenciones y tratados internacionales suscritos por México.

Algunos de los derechos que la Carta Magna garantiza, y que más se señalan por su frecuente violación son:

-"El derecho al trabajo" con un "salario justo";
-"El derecho a la información";
-"El derecho a la vida privada"; y la "inviolabilidad de domicilio";
-"La libertad de asociación o reunión con fines lícitos";
-"La detención sólo con orden judicial";
-"El derecho a la administración de justicia expedita, eficaz, imparcial y gratuita";
-"Derecho a estar protegido contra el hambre";
-"Derecho a la educación", y los
-"Derechos políticos".

De alguna u otra forma se acepta por todos los interesados en el tema, que en determinado nivel estos y otros derechos de los mexicanos son los que se vulneran. Los desacuerdos, en todo caso, están en la gravedad de su violación y en la responsabilidad que existe en ello del ejecutivo federal y demás autoridades civiles y militares encargadas de velar por su cumplimiento.

Por ejemplo, en el Informe de Americas Watch titulado «Incesantes abusos: los derechos humanos en México un año después de la introducción de las reformas», se señala que los abusos que con mayor frecuencia se cometen en la república mexicana son: contra la libertad de expresión, contra la libertad de asociación; contra la política laboral, los asesinatos, los desaparecidos, la violencia rural, contra la tortura y contra los derechos políticos. Por cierto que a la práctica de la tortura en nuestro país, dedica también Amnistía Internacional un informe reciente con el título «México: tortura e impunidad».

Existe también un reconocimiento más o menos generalizado de que el gobierno algo está haciendo para garantizar la vigencia de las garantías individuales, como es la creación de la CNDH, las reformas legales para combatir la tortura, los cambios efectuados en la Procuraduría general de la república (de Enrique Álvarez del Castillo y de Javier Coello Trejo), y el combate contra la impunidad (77 servidores públicos han sido sancionados); pero se reconoce, también, que ello no es suficiente ya que no se procesa y castiga a las autoridades y cuerpos que se señalan como los responsables de dichas violaciones. Y se insiste que mientras ello no suceda, difícilmente los cuerpos que cometen los atropellos a la dignidad humana dejarán de hacerlo.

En el presente artículo me voy a permitir hacer algunos comentarios y reflexiones sobre uno de los derechos que más se vulneran en nuestro país y de los cuales se ha estado ocupando últimamente uno de los programas de la Academia Mexicana de Derechos Humanos: los derechos políticos.

Los derechos políticos de los mexicanos

Si bien no desconocemos que hay quienes consideran que los derechos políticos no forman parte de los derechos humanos, en nuestra exposición ratificamos que éstos forman parte de las garantías individuales contenidas en la Constitución política nacional, en la Declaración universal, en el Pacto internacional de derechos civiles y en la Convención americana (mejor conocida como Pacto de San José).

La Constitución nacional establece que los mexicanos tenemos derecho a votar y a ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universal, y que éstas tienen que ser que ser limpias y realizarse en secreto.

En el mismo sentido la Declaración universal de derechos humanos establece, en el artículo 21, que "toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos". Que "toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país". Y que "la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto".

Por su parte, el artículo 25 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos establece que los ciudadanos tenemos derecho a "votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores", y a "tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país". En el mismo sentido se inscriben los derechos políticos que garantiza, para los estados miembros, el Pacto de San José.

Ahora bien, ¿qué significado tiene para la democracia y la paz social que se cumpla con los postulados anteriores?

Como sabemos, las elecciones no son un fin en sí mismo, ni tampoco la llave mágica que nos permite asomarnos a conocer la democracia. Para que ésta impere se requiere no sólo del respeto a la voluntad de los electores, sino también de una decisión política clara que permita establecer las condiciones reales para que los postulados de la democracia sean los que rijan las relaciones entre los diversos sectores políticos y sociales. Lo cual implica, además, no sólo el respeto a los derechos civiles y políticos, sino la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, y los también llamados derechos de los pueblos.

Lograr un régimen de legalidad, integrado por consulta dentro de un estado de derecho que garantice un régimen de libertades, con el propósito de realizar la justicia, es uno de los objetivos de los derechos políticos. Que los votos depositados en las urnas se conviertan en el poder formal y real, porque de otra manera la expresión ciudadana será conculcada, violentada, vulnerada, inutilizada o instrumentalizada por las fuerzas del poder. Por tanto, el no tener un proceso electoral libre, limpio e imparcial es una violación a los derechos humanos que alimenta el abstencionismo, desacredita a las instituciones y puede erosionar la convivencia pacífica de los ciudadanos.

En el caso particular de México, desde hace muchos años se ha estado denunciando que el proceso electoral adolece de múltiples deficiencias, insistiéndose en la falta de credibilidad de los resultados electorales, por la alteración de los sufragios a favor del partido gubernamental (PRI). Y que las condiciones que establecen los instrumentos jurídicos fundamentales de las Naciones Unidas y la propia Constitución nacional, que antes señalamos, en lo referente a los derechos políticos, no se cumplen en lo que respecta a su autenticidad, su limpieza, a las condiciones de igualdad, a tener gobernantes libremente escogidos, a la libertad del voto y a que los resultados sean la libre voluntad de los electores.

Por ejemplo, en el trabajo de observación que realizó la Academia Mexicana de Derechos Humanos y el Centro Potosino de Derechos Humanos (que contó con el apoyo de más de una docena de organismos de la sociedad civil) de las elecciones realizadas el 18 de agosto pasado en San Luis Potosí, encontramos que se cometieron 50 diversas irregularidades, que contravienen lo expresado en el Cofipe. De un universo de 750 casillas observadas en los seis distritos electorales federales, en 396 casillas (54%) hubo irregularidades; y en los distritos rurales de la Huasteca potosína (V y VI, correspondientes a Ciudad Valles y Tamazunchale, respectivamente) las irregularidades fueron del 75 y 100%. Lo cual puso en duda la legitimidad y moralidad de los resultados electorales.

Empero, no sólo es el resultado lo que se cuestiona, sino también el proceso de organización, la injerencia o control gubernamental del mismo, y la desigualdad financiera para la realización de las campañas, así como el apoyo del gobierno federal y demás autoridades al PRI.

De las elecciones federales de agosto de 1991 no sólo se cuestionan los resultados, que por sí mismos sorprendieron a propios y extraños, sino también la parcialidad de las autoridades electorales, y el haber elaborado un padrón selectivo y excluyente.

De acuerdo a los datos oficiales, el catálogo general para la elaboración del padrón electoral de 1991 debió incluir a 45,849,680 personas, el padrón de inscritos fue de 39,239,209, excluyéndose a 6,610,474 personas; sin embargo, la lista nominal (los ciudadanos que tuvieron credencial) solo incluyó a 36,676,382 ciudadanos, lo que significa que 9,173,289 ciudadanos del país se quedaron sin el derecho y la posibilidad de acceder a emitir su voto, a elegir libremente a gobernantes y legisladores.

La indefensión y la violación de una de las garantías constitucionales a este 20% de compatriotas no es, o no debe ser, un caso sin mayor importancia y trascendencia. Se violó el derecho de más de nueve millones de mexicanos de poder elegir a sus gobernantes. Y partidos y organismos de la sociedad civil han denunciado que muchos votos emitidos, o bien fueron adulterados o de plano anulados (o en el peor de los casos se contaron a favor del partido del gobierno). Con ello, los derechos humanos que más se han violado en este año son los derechos políticos.

Su violación es tan preocupante y lacerante como lo es la violencia rural, la tortura, los asesinatos por motivos políticos, la falta de libertad para la asociación, etc., de los cuales dan cuenta los informes antes señalados, ya que no se pone en duda sólo la imparcialidad y buena voluntad del ejecutivo federal, su preocupación y vigilancia por convivir en el estado de derecho, sino que la violación a los derechos políticos, la adulteración de las preferencias electorales y el fraude pueden ocasionar una respuesta violenta generalizada por parte de la sociedad civil al ver que no se respetan sus votos, como estuvo a punto de suceder en los comicios presidenciales de 1988 y como ocurrió en Michoacán, Guerrero, y en el estado de México (Tejupilco) en elecciones posteriores, y en Puerto Peñasco, Sonora, y San Luis Potosí en las recientemente realizadas. O protestas civiles y sociales como ocurrió en Guanajuato, Sonora (en el puerto de Guaymas), y como aún acontece en San Luis Potosí, que en determinado momento pueden dejar en entredicho tanto a la paz social que se pregona, como a la democracia y al sistema político.

Recordemos, por ejemplo, que por motivos electorales el PRD ha sufrido varios asesinatos, encarcelamientos, enfrentamientos y desalojos.

Pero no sólo a nivel interno tiene repercusiones la falta de vigencia de las garantías individuales: también a nivel internacional repercuten, y en ocasiones de manera negativa para las relaciones políticas, comerciales, económicas y diplomáticas del país. Recordemos que no sólo nos encontramos en una economía globalizada, sino que estamos en un proceso de negociación para la integración comercial con los Estados Unidos y Canadá y ellos bien pueden establecer condiciones durante la firma del TLC, que tengan que ver con el respeto a los derechos humanos.

El Parlamento europeo, por ejemplo, condicionó la firma de un acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y México, a que la parte mexicana se comprometa al "aumento sustancial del respeto a los derechos humanos y a la aceleración del proceso de democratización de las instituciones y las estructuras políticas de este país".

Cuando decimos que en los pasados comicios se dejó en la indefensión a millones de mexicanos, es porque no contaron con la posibilidad de acudir ante alguna autoridad competente que garantizara contar con su credencial para poder votar, ya que autoridades y organismos electorales se escudaron en terceras personas o en las empresas responsables de fabricar la credencial de elector. Y los que dudan de los resultados electorales no cuentan en el país con algún organismo de derechos humanos oficial que se encargue de garantizar la vigencia de sus derechos políticos, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene competencia para intervenir en la calificación de las elecciones. Y cuando los partidos políticos nacionales acuden a los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se encuentran con la descalificación gubernamental que aduce intervención en los asuntos internos del país.

Como se conoce, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido bajo su consideración algunos casos que el PAN y el PRD le han presentado por presunto fraude electoral, o por no apegarse las reglamentaciones electorales estatales con la federal. Dicho organismo ha emitido resoluciones, recomendaciones y observaciones al gobierno federal y éste en todos los casos ha hecho diversas consideraciones, denegándole competencia. Es más, frente a lo que pudiera suceder en los comicios de agosto pasado, se ha insistido que el representante de México en la CIDH tiene el propósito de bloquear cualquier posible queja que se pudiese presentar por los partidos de oposición, o por detener alguna resolución del organismo que aduzca a los procesos electorales del país.

Finalmente, creemos conveniente señalar que las violaciones a los derechos humanos no terminarán, en tanto no se termine con las instituciones que cometen los abusos. Los responsables de las violaciones deben entender que su comportamiento atenta contra la convivencia pacífica y el estado de derecho en que deseamos vivir los mexicanos, y que su conducta tiene que ser castigada y vigilada por la sociedad civil organizada.

México, Distrito Federal, 30 septiembre 1991